Johana Fuentes
26 Abril 2022

Johana Fuentes

Agua por votos

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En la Alta Guajira, una de las regiones más olvidadas y pobres del país, se encuentra Uribia, conocida también como la capital indígena de Colombia porque la mayoría de su población pertenece a la etnia wayúu. El hambre y la falta de acceso a servicios básicos no dan tregua, el abandono ha sido el común denominador, menos en época electoral, ahí los políticos aprovechan para prometer el cielo y la tierra. Este año no fue la excepción.

Hasta ese municipio llegaron los conservadores Juan Loreto Gómez –apadrinado por Alfredo Deluque y el Clan Nueva Guajira– y su fórmula, el senador antioqueño Carlos Trujillo. Lo primero que se supo de ellos durante la campaña es que ofrecieron tierras a cambio de votos; lo peor de todo es que las tierras no eran de su propiedad, se trataba de un predio de más de 30 hectáreas transferido a la Alcaldía de Uribia. La comunidad denunció que no solo los candidatos prometieron escriturar lotes si votaban por ellos, sino que también lo hicieron funcionarios de la alcaldía de Bonifacio Hernández, cercano al senador Trujillo. Los congresistas también estuvieron en el ojo del huracán cuando se conoció una pantalla instalada en el Centro Cultural de Uribia en la que aparecía su publicidad política. El alcalde Henríquez nunca dio una explicación. Nada pasó.

Días antes de las elecciones del 13 de marzo, Loreto Gómez fue vinculado al proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia en contra de su madre, la representante a la Cámara María Cristina ‘Tina’ Soto, por presunta compra de votos en la campaña de las elecciones al Congreso de 2018. Por su parte, el senador Trujillo tiene investigaciones en la Fiscalía por interés indebido en la celebración de contratos, peculado por destinación indebida de recursos y falsedad ideológica en documento público, delitos que habría cometido cuando fue alcalde de Itagüí. Ni las denuncias de los uribieros, ni las investigaciones que tenían en curso fueron impedimento para que quedaran electos en la Cámara de Representantes y el Senado respectivamente, de hecho, Trujillo sacó una de las votaciones más altas del Partido Conservador con 159.810 votos. En este país no es extraño que políticos investigados o con cuestionamientos lleguen al Congreso, sobre todo si tienen detrás a poderosas maquinarias. 

Volvamos a Uribia: el municipio atraviesa una crisis por la falta de agua, en las últimas semanas la comunidad ha salido a las calles a exigir el servicio, que cada vez en más escaso. El agua se surte a través de tres acueductos urbanos y varios rurales. En enero de este año el  municipio suscribió un contrato con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Uribia por más de 5.000 millones de pesos para la ejecución de obras de adecuación de los acueductos urbanos y rurales, sin embargo, ninguna de esas obras se ha puesto en marcha. (Contrato 1) 

También se suscribió otro contrato por más de 4.000 millones de pesos para suministrar agua a través de camiones cisterna a las comunidades indígenas dispersas que no están conectadas a la red de acueducto –en Uribia son mayoría, porque este municipio es casi todo rural–, pero según alerta la población, el agua no llega. “Lo que nos dicen es que si votaste por JuanLo (así llaman a Juan Loreto) y su fórmula te damos agua, y si no, pues no”, me dice Ismenia Iguarán, líder de la comunidad. (Contrato 2)

Lo que nos dicen es que si votaste por JuanLo (así llaman a Juan Loreto) y su fórmula te damos agua, y si no, pues no

“Quienes no votamos por ellos nos quedamos sin agua o nos toca comprarla, así hicieron la campaña, prometiendo agua, nos cobran por un acueducto inexistente cuando lo que hay son pozos y motobomba”, me cuenta Mario*, otro líder que encabeza una de las protestas. Han llegado a cobrar hasta 200.000 pesos por el agua, sí, en una región en la que, según el Dane, la pobreza multidimensional es del 92 por ciento. La gerente de la empresa de acueducto desestimó las denuncias: “Nos queda muy difícil determinar quiénes votaron y quiénes no votaron, el agua se envía según la programación de la empresa”. 

Mientras la gente salía a las calles a protestar por la falta de agua, el alcalde Bonifacio Henríquez estaba de viaje gestionando un intercambio comercial, cultural y turístico con Aruba. Un intercambio tan ambicioso cuando en su comunidad no puede garantizar los servicios básicos. 

Bonifacio

Lamentablemente el pueblo de Uribia ha estado bajo el yugo de mandatarios indolentes. Cuando el actual alcalde ganó las elecciones hubo celebración porque, después de casi 20 años, logró arrebatarle el poder a la cacica electoral Cielo Redondo –imputada por peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público y señalada de hacer parte de la estructura criminal de la Alta Guajira, comandada por alias Pablo–, sin embargo, Boni, como él mismo se hace llamar, resultó ser más de lo mismo.

¿Dónde están los entes de control cuando la comunidad hace este tipo de denuncias? ¿Por qué los políticos siguen aprovechándose de las comunidades más vulnerables? No es posible que en una región donde los niños se mueren de hambre y la mayoría de las familias no tiene para las tres comidas diarias, ahora también les quieran quitar el agua por no haber vendido su voto.


*Nombre cambiado por petición de la persona para proteger su identidad.
 

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