Paola Herrera
1 Mayo 2022

Paola Herrera

Arquitectura de la corrupción

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Los procesos contractuales con el Estado hace rato se volvieron un problema para el país y una forma de desangrarlo. Con la licitación que el MinTic le entregó a Centros Poblados, que ya todos sabemos cómo terminó, se evidenció todo lo que está mal en la contratación pública y, lo peor, es que parece que eso es el pan de cada día en Colombia.

No importa la modalidad -licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos o contratación directa. Tampoco es un problema que los contratos sean de menor cuantía porque a la hora de hacer la trampa, le apuntan al que sea.

Y entonces empiezan a proliferar las denuncias por pliegos diseñados a la medida de un solo contratista, presentación de documentos falsos, oferentes que no cumplen con los requisitos y que aún así logran altos puntajes y actividades económicas que no tienen nada que ver con el objeto a contratar.

Hablo de un sinnúmero de irregularidades que, en un país donde la ley se respete, serían motivo de investigaciones, sanciones y hasta inhabilidades para trabajar con el Estado. Sin embargo, en este Estado, el que la hace no la paga y, por el contrario, al que la hace le pagan.

Por eso es que ya esos contratistas ni se ruborizan, no les importa, saben incluso que tienen el beneplácito de las mismas entidades con las que buscan contratar para hacer de las suyas. Incluso ofrecen comisiones al que sea y del precio que sea para lograr su objetivo. Ya entendieron cómo funciona el negocio y siguen alimentando esa corrupción que tanto daño le hace al país.

Se supone que con el escándalo del MinTic todas las entidades del sector público se empezarían a cuidar más en sus procesos. Se supone que el diseño de los pliegos sería más serio y que la revisión de los documentos, más rigurosa.

El compromiso era evitar que más contratistas con dudosos comportamientos, se queden con los recursos que son de todos los colombianos, pero, al parecer, eso no está pasando. En cambio, se siguen realizando procesos a la medida, se está permitiendo la presentación de un único oferente y no se están escuchando las advertencias.

Hoy en esta columna les contaré dos ejemplos de lo relatado. Se trata de dos contratos, uno en proceso de adjudicación y otro ya entregado, en los que se repetirían los mismos errores del millonario contrato para llevar centros digitales a las escuelas rurales del país y que se convirtió en el caso de corrupción más grande del gobierno actual.

Ambos contratos tienen que ver con una práctica o un modelo que implementó en Colombia el Ministerio de las TIC y que se llama arquitectura empresarial. Esa arquitectura no es más que un análisis de la estructura de la entidad y sus comportamientos, para, a partir de las funciones y los procesos de cada una, generar datos. Es una labor netamente de ingeniería de sistemas.

Ahora sí vamos a los contratos. El primero es un proceso de la Policía Nacional, específicamente de la Dirección Administrativa y Financiera de esa institución. El objetivo es “contratar servicios de consultoría para desarrollar el ejercicio integral de arquitectura empresarial de la Policía, de las líneas definidas del proceso de transformación, transparencia e integridad policial”.

El valor de este contrato, que es bajo la modalidad de selección abreviada de menor cuantía, es de mil novecientos ochenta y tres millones de pesos y tendrá un plazo de ejecución hasta el 15 de diciembre de 2022. Básicamente lo que el contrato busca es una empresa que cuente con ingenieros de muy alto perfil para que lo ejecuten.

Conocimos que, para este contrato, en donde lo más importante es el recurso humano y las hojas de vida de los ingenieros, diez oferentes manifestaron su interés de participar. Sin embargo, una vez se dieron a conocer los pliegos de este proceso que se abrió en marzo de este año, la lista se empezó a cerrar. Las denuncias aseguran que “estaban hechos a la medida de un solo contratista”.

Desde que se abrió este concurso se han recibido muchas observaciones por parte de quienes querían entrar en la competencia, pero que no han podido hacerlo porque saben que no tienen opción. Inicialmente se recibieron 23 manifestaciones de interés, pero se hizo un sorteo y dejaron solo 10.  

Justamente hay situaciones que llaman la atención, porque de esas 10 empresas que quedaron en el sorteo, solo la mitad cumple con el objeto y la experiencia y las otras incluso no tendrían algunos requisitos que son inamovibles para poder ganar.

Por ejemplo, la empresa Uribe Arquitectos Constructores no ha actualizado desde marzo de 2021 su Registro Único de Proponentes (RUP) y, lo más grave, su actividad económica está relacionada con la construcción de edificios, construcción de otras obras de ingeniera civil y construcción de carreteras y de vías de ferrocarril.

¿Les suena esa experiencia? Es la misma que tenían dos de las empresas que hacían parte de Centros Poblados, el consorcio que aunque no acreditó actividades relacionadas con conectividad e internet, quiso instalar miles de puntos digitales en el país y, por supuesto, fracasó.  

Y no es el único oferente que sigue en el concurso para quedarse con ese contrato de la Policía, pese a no cumplir con lo exigido. También está la Fundación Chonto Cimarrón que tampoco ha actualizado su RUP desde marzo de 2021 y presenta actividades de apoyo a la agricultura en su experiencia. Sí, agricultura para ejecutar un contrato de ingeniería de sistemas.

Y finalmente tenemos a la empresa Ingenium Colombia, que según las denuncias recibidas por esta columna, sería la que buscan favorecer y a la que le sirven los pliegos como a ninguna. Justamente los currículos de sus profesionales “coinciden casualmente con las certificaciones específicas de formación y experiencia requeridas por la entidad”.

Es decir, consiguieron perfiles de ingenieros que cumplen exactamente con lo que pide la policía en las exigencias, no solo en su formación profesional sino también en la experiencia de cada uno.

Todas las hojas de vida hablan de personas que se han desempeñado en proyectos como arquitectos digitales con énfasis en arquitectura empresarial, que es el objeto del contrato. Muy inquietante todo.

El segundo contrato es uno denunciado hace tres semanas por Caracol Radio. La entidad involucrada es la Defensoría del Pueblo, está enmarcado en un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), costó un poco más de 3.000 millones de pesos y es para construir soluciones de software bajo el modelo de Fábrica de Software, es decir, la misma figura de arquitectura empresarial.

Este contrato, que como les conté anteriormente ya fue adjudicado, lo ganó el consorcio Defensoría S&L Inetum constituido por las empresas Inetum Colombia y Sinergy & Lowells. Aquí el patrón que se repite del caso de Centros Poblados, es la presentación de documentación falsa.

Como también es de arquitectura empresarial, el contratista para ganar debía entregar hojas de vida calificadas de ingenieros que llevarían a cabo el proceso.

Sin embargo, el supervisor del contrato descubrió que los currículos presentados no correspondían a la realidad, que los profesionales que iban a desarrollar el software, no trabajaron en las empresas que aparecían en los certificados y que incluso les hicieron constancias laborales “chimbas”.

Este contrato, su respectivo contratista y hasta la entidad que se los entregó tienen problemas que van mucho más allá de esos documentos falsos. En una siguiente entrega les contaré más detalles de esta investigación que pone en evidencia que definitivamente este convenio en la Defensoría, salió mal, salió muy mal.

 

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