Durante años los arroyos han sido un dolor de cabeza y una amenaza para los barranquilleros. En 2016 –alcaldía de Álex Char–, el Concejo de la ciudad autorizó un cupo de 622.000 millones de pesos para la canalización de siete de ellos. Las obras debían entregarse en 2019, sin embargo, esto no sucedió y hoy podríamos estar al frente de un carrusel de contratos que supera los 2 billones de pesos.
La periodista de La W Radio Andrea Pallares, investigó los contratos y descubrió que se hicieron bajo una modalidad denominada crédito a proveedor, que permite al contratante pagar la obra una vez haya sido entregada en su totalidad por el contratista. Lo que no nos contaron es que el pago se pactó a 20 años, es decir, hasta 2035 o hasta extinguir la obligación, lo que haría que los contratistas reciban hasta tres veces más el costo pactado, ya que los intereses son del 12,45 por ciento efectivo anual por obra.
La Agencia Distrital de Infraestructura (ADI) aparece como responsable de los contratos. La ADI es una entidad pública que pertenece al sector descentralizado de la Alcaldía de Barranquilla, pese a esto, desde su nacimiento (2016) ha estado gerenciada por Alberto Salah, una persona muy cercana y de entera confianza de los Char. Cuando Jaime Pumarejo llegó al poder lo ratificó en el cargo, eso sí, nadie –ni en la administración Char ni en la actual– cuestionó que los contratos se firmaran sin el certificado de disponibilidad presupuestal, lo que básicamente garantiza que haya recursos suficientes para cubrir la deuda.
Tampoco se habló de que las obras no se hayan entregado a tiempo –de siete solo han entregado tres– y menos de los contratistas, así que hablemos de eso: El arroyo de la calle 76 fue adjudicado a Valores y Contratos S.A Valorcon S.A, propiedad de Julio Gerlein y a Inversiones Jacur y Compañía Ltda, empresa de Faisal Cure. Ambos fueron denunciados por Aida Merlano dentro del escándalo de corrupción y compra de votos durante su campaña al Senado. A Cure, además, lo identificó como uno de los principales beneficiarios de la contratación pública durante la alcaldía de Char. Esta fue una de las pocas obras entregadas –tras siete prórrogas– y se pagará por ella más del doble del valor inicial.
El arroyo de la carrera 65 fue adjudicado a Mota Engil Col S.A.S, Mota Engil Engenharia e Construcao S.A y Cosortium Infraestructura S.A.S. La obra fue suspendida en abril del año pasado después de nueve prórrogas que incrementaron su valor de 87.000 millones de pesos a 227.000 millones de pesos. Recordemos que Mota Engil es una constructora vinculada al escándalo de Odebrecht y que no pudo entregar 231 colegios durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
Otro de los consorcios con cuestionamientos es Interaseo S.A, Termotécnica Coindustrial S.A.S, Construcciones e Inversiones Beta S.A.S, BF, a la que le correspondió el arroyo de La Felicidad. Esta obra también se encuentra suspendida desde febrero de 2020 después de 12 prórrogas. El valor inicial fue de 123.000 millones de pesos y en este momento supera los 300.000 millones de pesos. A Interaseo S.A y Termotécnica Coindustrial S.A.S están relacionadas con el zar de las basuras William Vélez y BF Construye S.A.S fue señalada dentro del escándalo por el desvío de recursos de la Concesionaria Ruta del Sol 2.
El Arroyo del Hospital merece una mención especial. Estuvo a cargo de Constructora FG S.A, Assignia Infraestructura S.A. y Sociedad Panamericana de Inversiones S.A. por 83.000 millones de pesos y se pagarán 220.000 millones de pesos luego de nueve prórrogas. Aunque en la ADI y en la Alcaldía sacan pecho con esta canalización, las familias que viven allí cuentan otra historia.
Hablé con Saray Polo, una de las líderes de esta comunidad que agrupa aproximadamente a 500 familias, sobre el daño que ha traído para ellos esta obra: “Dejaron a las casas por debajo de la canalización. Cuando llueve el agua se nos lleva todo y ya hemos perdido nuestras cosas porque acá no se puede vivir”. Las fotografías que Saray nos envió ratifican su testimonio. La solución que les ha dado la Alcaldía es reubicarlos pagándoles arriendos temporales. ¿No se suponía que la canalización mejoraría la vida de estas personas? ¿Quién les responde por estos daños?
Sorprendentemente para la Alcaldía todo está bien: “Las obras de canalización se encuentran terminadas y han mostrado buen funcionamiento”. Varias fuentes nos confirmaron que el concejal Antonio Bohórquez propuso un debate de control político por el tema y la respuesta del presidente del Concejo fue que hacer ese debate sería ir en contra del avance de la ciudad. Juan Ospino, el actual presidente del Concejo, también estuvo presidiendo esa corporación cuando se autorizó el cupo para esas obras.¡Vaya casualidad! Es impresentable que ni siquiera se pueda hacer control político en la ciudad.
De esto no se habla en Barranquilla, menos ahora que Álex Char suena nuevamente para la Alcaldía y pretende usar la canalización de los arroyos como una de las banderas de campaña. ¿Hasta cuándo van a seguir queriendo tapar el sol con un dedo? Espero que los barranquilleros despierten y, por supuesto, tambien los entes de control que han estado dormidos mientras se los lleva este arroyo peligroso.
