Está empezando a perfilarse en el país –en virtud de anuncios que viene haciendo el Gobierno– un tipo de reuniones regionales que si se manejan ordenadamente pueden ser útiles; pero si caen en la demagogia y en la improvisación pueden ser germen de males peores que los que buscan corregir.
Voy a referirme a dos de estos anuncios: la asamblea de cocaleros anunciada por el presidente Gustavo Petro en el Tarra, Norte de Santander; y la que se convocará próximamente en el norte del Cauca, a propósito de las invasiones de tierras que se han presentado en esta comarca.
Ambas hacen parte de los diálogos regionales “vinculantes” que es el calificativo con que los ha bautizado el Gobierno. Por “vinculante” debe entenderse, según explicación dada también por el Gobierno, que los consensos que en estas asambleas se alcancen se elevarán a la categoría de normas legales que deberán incluirse en la ley del plan cuatrienal de desarrollo que debe presentar el Gobierno al Congreso.
No es preciso ser muy perspicaz para entender que a la hora de la verdad los llamados consensos que saldrán de estos encuentros regionales “vinculantes” constituirán verdaderos planes regionales de desarrollo y aspiraciones postergadas de inversión pública de los habitantes de estas adoloridas comarcas,
En ellas confluyen todos los males de la marginalidad: narcotráfico, minería ilegal, bandas criminales, inseguridad y asesinatos de los líderes de las comunidades locales, falencias de vías de comunicación, mala distribución de la tierra y del agua, conflictos interraciales, deforestación aguda, carencia de infraestructura educativa y vial; en síntesis: los problemas propios de la pobreza colombiana.
Tres reglas de oro deberán observarse en estas asambleas regionales que empiezan a anunciarse, y que aparentemente serán la característica del gobierno de Petro para darle salida a los graves problemas regionales que estallan aquí y allá:
- Tienen que ser asambleas bien organizadas. No pueden ser reuniones tumultuarias. ¿Quién tiene personería para asistir y quien no? ¿Cómo serán los reglamentos de estos diálogos? ¿Cuánto duran? ¿Cuándo se dan por concluidos? ¿Quién hace su secretaría? ¿Cómo se recolectan sus consensos? Pues, recordémoslo, son solamente los “consensos” a que se llegue los que suben al plan nacional de desarrollo. No son asambleas para vociferar o para hablar “sine die”. Se trata de poner en marcha una forma de democracia participativa regional que, para serlo de manera legítima, requiere orden y cuidadosa reglamentación.
- Si lo que se busca es que sus conclusiones y consensos se incorporen al plan de desarrollo, o en todo caso al sistema legal colombiano, bien vale la pena recordar qué es lo que incluye un plan de esta naturaleza. El artículo 339 de la Constitución dice claramente que en el plan de desarrollo se incluirá “un plan de inversiones públicas que contendrá los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución”. No se trata, pues, de una lista de mercado de inversiones deseadas, sino de obras que cuenten con una financiación presupuestal cierta que deberá especificarse claramente.
- Y, por último: en ninguna de estas asambleas puede permitirse la presión, la coacción, o las vías de hecho. En reuniones como la que se ha pensado para el norte del Cauca, por ejemplo, no se debe actuar bajo la presión de invasiones de tierras toleradas por las autoridades para forzar sus resultados en tal o cual sentido.
Así lo advirtió muy bien la ministra de Agricultura en Tumaco. E hizo lo correcto el Gobierno, el pasado martes, al advertir que la invasión de tierras no sería tolerada como mecanismo de presión para inducir procesos de reforma agraria.
Hay que mencionar también la propuesta de Fedegán para convocar grupos de ganaderos que tendrían como propósito oponerse, también, a las invasiones de tierras. Esta fórmula de Fedegán es mala y profundamente peligrosa. Puede desencadenar violencia y ser el germen, como ya lo fue en el pasado, de autodefensas que pretendan cobrar justicia por mano propia que fue como nació el paramilitarismo en Colombia.
El problema de invasión de tierras es asunto de Policía, la cual debe hacer los desalojos de los predios invadidos con firmeza y en un término no mayor de 48 horas. De no ser así, se empezará a enredar por titubeos la plausible reforma agraria cuyos rasgos generales se han anunciado.
Y en la asamblea convocada de cocaleros del Catatumbo, debe tomarse especial cuidado para que ni sus deliberaciones ni sus conclusiones sean influidas indebidamente por los grupos criminales narcotraficantes.
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Solo observando estas premisas sencillas pero fundamentales podrán resultar útiles estas asambleas regionales “vinculantes”, que empieza a ofrecer el gobierno de Petro como metodología de solución para los innegables problemas que agobian a diversas comunidades de los territorios colombianos.
