El pasado 7 de diciembre el gobierno de la paz total adjudicó a la cuestionada compañía española Sacyr, única proponente, el contrato por un valor cercano a los tres billones de pesos para la restauración de los ecosistemas degradados por el Canal del Dique. Adjudicación que no le cambió ni una sola coma al pliego de licitación realizado por el gobierno de Iván Duque, el mismo que la actual administración cuestionó ferozmente cuando era oposición. En efecto, al revisar el Secop se puede ver que, aunque después de posesionado el nuevo ministro de Transporte, Guillermo Reyes, esta entidad y la ANI respondieron aclaraciones y observaciones al proceso y se prorrogó en varias ocasiones, finalmente no se surtió ningún tipo de adenda o modificación a lo que se había definido durante el gobierno anterior.
El Canal del Dique, construido en 1647 por orden de los españoles que decidieron unir el río Magdalena con la bahía de Cartagena a costa de los esfuerzos de cerca de dos mil esclavos e indígenas explotados hasta su muerte, ha sido una de las obras de infraestructura más importantes, pero más dañinas de la historia de Colombia. En la actualidad se estima que, en el fondo de sus aguas, que recorren 115 kilómetros, pueden haber alrededor de 9000 cuerpos mutilados de mujeres, hombres y niños víctimas del paramilitarismo en Colombia. Habitantes de los 19 municipios que recorre el canal han dicho que cuando el bloque Montes de María de las AUC, comandando por Enrique Bánquez Martínez, alias Juancho Dique, controlaba la zona, se podían ver flotando por las aguas entre cinco y ocho cuerpos al día.
A raíz de este apocalipsis, el 21 de octubre de 2022, la JEP interpuso una serie de medidas cautelares frente al proyecto de restauración del Canal del Dique en las que particularmente les ordenó al Ministerio de Transporte y a la ANI: 1) Crear, a partir de una mesa interinstitucional, un protocolo de búsqueda, recuperación, disposición y entrega de los cuerpos de personas dadas por desaparecidas, en un término de cuatro meses e incluirlo en el apéndice 8 de los pliegos de licitación. La implementación de dicho protocolo, según la JEP, debería ser financiada por quien se ganara la licitación. 2) Crear un protocolo para búsqueda, recuperación, disposición y entrega de los cuerpos de personas dadas por desaparecidas para futuros proyectos de infraestructura que se adelanten en zonas afectadas por el conflicto armado donde se presuma puede haber cuerpos de personas dadas por desaparecidas, en un término de seis meses. Y 3) Incorporar en el apéndice 8 de la licitación los hallazgos del GRAI (grupo de investigación de la JEP) sobre los sitios de inhumación y posibles víctimas que se encontrarían en el área del proyecto.
Por esta razón es tan inquietante que el gobierno de Gustavo Petro, a pesar de reconocer que somos un país de víctimas, no haya vinculado jurídicamente a la empresa española asignada para el contrato y haya dejado a su buena fe la obligación de implantar y financiar el protocolo de búsqueda, recuperación, disposición y entrega de los cuerpos de personas desaparecidas ordenado por la JEP.
Ante la polémica adjudicación, y la falta de información al respecto, el pasado miércoles 13 de diciembre, la Jurisdicción Especial para la Paz emitió el AUTO AT-278 de 2022, donde vincula a Sacyr al proceso de medidas cautelares. Adicionalmente, la sala integrada por los magistrados Alejandro Ramelli y María del Pilar Valencia también elevó una serie de preguntas al Ministerio de Transporte y a la ANI sobre el cumplimiento de las órdenes impartidas por ese tribunal después de adjudicado el contrato:
Cuestionario AT-278 2022 JEP
Y aunque la ANI y el Ministerio de Transporte han venido trabajando en la construcción del protocolo ordenado por la JEP y además, como lo pude constatar en la audiencia de adjudicación (https://www.youtube.com/watch?v=3AgSsEI7YqA&t=3706s) se le informó a Sacyr sobre la existencia de las medidas cautelares y la inclusión en el futuro del protocolo en el apéndice 8 de la licitación, al no haberse cambiado ni una coma de los pliegos, no parece que se pueda cumplir con la exigencia a Sacyr de financiar la implementación del mismo. Es importante aclarar que los documentos de la licitación hacen parte fundamental del contrato suscrito entre el Estado y el concesionario, y en estos quedó explícito que más allá de tener que cumplir con unas obligaciones mínimas ante el posible hallazgo de un cuerpo, este evento sería un hecho sobreviniente, es decir, que los eximiría de responsabilidad como se puede constatar a continuación en el último párrafo del punto 6 del apéndice 8 de la licitación.
Apéndice 8, punto 6, de los pliegos de licitación del proyecto Canal del Dique
Hay que aclarar que jurídicamente no es suficiente con que se haya mencionado en la audiencia de adjudicación que el protocolo nuevo tendría que ser tenido en cuenta. Lo que han debido hacer es modificar los términos de la licitación para que quedara explícita la responsabilidad del concesionario de disponer los recursos para la implementación del protocolo, es decir, para la búsqueda de los cuerpos que, según me aseguraron fuentes expertas, puede ser muy costoso y demorado.
Mejor dicho, a diferencia de lo que ordenó la JEP con respecto a que la búsqueda de los cuerpos debía ser planificada en aras de brindarles las mayores garantías a las víctimas, justamente porque es un hecho previsible, en el contrato y los pliegos se mantuvo que el hallazgo de cadáveres sería un hecho fortuito, lo cual eximiría de responsabilidad a la compañía Sacyr frente a posibles retrasos de las obras, sobrecostos o reparaciones.
Así, lo que debería ser una garantía para que las víctimas de desaparición forzada por fin encontraran a sus familiares, se podría convertir en una carta blanca para que una cuestionada empresa justifique retrasos y sobrecostos. Todo hubiera sido diferente si en vez de seguir con el proceso intacto, el gobierno del cambio hubiera esperado a que el protocolo estuviera listo para ser incluido en los pliegos y considerarlo en la planeación del proyecto. Todo parece indicar que el gobierno dejó sometidas a la buena fe de Sacyr a los miles de víctimas que siguen buscando a sus desparecidos debajo del agua del Canal del Dique.
Más vale que el Ministerio de Transporte y la ANI le respondan a la JEP, y nos aclaren a los colombianos, cómo piensan hacer responsable a la compañía Sacyr del cumplimento y la financiación de un protocolo que aún está en construcción, teniendo en cuenta que ya se adjudicó el contrato y que en los pliegos de la licitación no está explícita esta obligación.
