Más allá de la discusión de si el aumento en la inseguridad de Bogotá es un tema de realidad o de percepción, lo que sí es cierto es que la capital colombiana está lejos de ser una ciudad segura. Los bogotanos sobrevivimos todos los días con miedo. Y aunque ya deberíamos estar acostumbrados a caminar mirando paranoicamente para todos lados, apretando la cartera o el bolsillo para que no nos rapen el celular o la billetera, evitando calles oscuras y salidas de noche para que no nos violen o atraquen, hay algo de tener que soportar a diario esa sensación tan primitiva de vivir en peligro que nunca se normaliza y que, por el contrario, nos convierte en ciudadanos ansiosos, intolerantes y agresivos. Por esta razón, es tan grave lo que está pasando dentro de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, donde al parecer están ocurriendo múltiples casos de acoso laboral, que podrían también tener a sus funcionarios condenados a trabajar con miedo.
El pasado 13 de octubre, un grupo de trabajadores de la entidad, de forma anónima, le envió a la alcaldesa Claudia López un correo detallando los abusos a los que han sido sometidos en el último año por cuenta de quien ejerce como “jefe de gabinete”, la señora Diana Torres, y el subsecretario de seguridad, Alejandro Londoño. Es importante mencionar que en marzo de este mismo año los funcionarios habían enviado otra misiva en el mismo sentido. Tuve la oportunidad de entrevistar a cinco funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría de Seguridad y corroborar las denuncias que, dicen, son más extendidas entre el personal que lo que dejaría ver la comunicación.
Según las fuentes entrevistadas, el abuso se demostraría en la renuncia de al menos seis directivos, varios asesores y cerca de una decena de profesionales, muchos de ellos incluso muy cercanos al secretario Aníbal Fernández de Soto y designados directamente por él.
La señora Torres se habría autodesignado jefe de gabinete, un cargo que no existe en la entidad. En realidad, es la secretaria del señor Aníbal Fernández o algo así como su asistente personal. Bajo este cargo estaría tomando decisiones que no le corresponden y según las fuentes, abusando de su poder. En la comunicación mencionan que la funcionaria suele gritar y humillar a directivos, funcionarios, contratistas y hasta a las personas de vigilancia, al punto de hacerlos llorar, sin que estos puedan defenderse, ante la constante amenaza de despedirlos: “Al que no le guste, se va”, es una frase que las fuentes dicen oír recurrentemente.
Según narran, a varios directivos, asesores y funcionarios que lideran procesos o políticas dentro de la entidad, que no son “amigos” o del “círculo de confianza” de Torres o Londoño, les han contratado personas para vigilar sus funciones y desautorizar sus órdenes. Esto se habría presentado, según la comunicación, en la dirección de prevención de la Subsecretaría de Seguridad; sin embargo, las fuentes aseguran que también habría sucedido en otros programas como el Plan Centro o los procesos que lidera la oficina de comunicaciones.
Los funcionarios además argumentan que Londoño, subsecretario de seguridad, secunda a Torres en los tratos y decisiones arbitrarias, extendiéndolos además contra miembros de la Policía. Según los funcionarios, el subsecretario se comporta de forma despótica, no asiste a los espacios que está obligado a asistir y ha desgastado capacidades de la entidad en investigar fenómenos como Al Qaeda y mercenarios cubanos, que poco tienen que ver con el contexto actual de la inseguridad en Bogotá.
Londoño, según las fuentes, también apartó a personas expertas y técnicas en los fenómenos de la criminalidad bogotana para nombrar a personas cercanas que vienen de Medellín y no tienen una lectura acertada del contexto particular para el diseño de las políticas. Todo esto podría estar alterando el desempeño de la Secretaría de Seguridad y volviendo las calles de la capital más inseguras.
Lo anterior es aún más grave teniendo en cuenta que durante el primer semestre de 2022, la señora Torres y el señor Londoño decidieron no renovarles el contrato a una parte importante de los gestores de convivencia que son quienes realizan los operativos de inspección, vigilancia y control en las calles y las actividades de prevención y acompañamiento a la movilización social, entre otras tareas muy importantes. Según aseguran las fuentes, detuvieron la contratación por la desconfianza que le tienen a los secretarios anteriores. Esta sobrecarga laboral no solo afectó la salud y el estado anímico de los que debieron asumir el trabajo de los que no fueron contratados, sino también la seguridad de la ciudad.
Tal vez lo más grave de todo es que los funcionarios afirman que la señora Torres y el señor Londoño estarían invirtiendo recursos y tiempo en encontrar a quienes han hecho las denuncias sobre esta situación.
Teniendo en cuenta que la secretaría debe articular el trabajo de la Fiscalía, la Policía y otras entidades para asegurar la integridad y los bienes de la ciudadanía, los posibles abusos laborales, combinados con la parálisis que genera la desconfianza hacia los trabajadores, los gastos innecesarios de recursos en doblar funciones y el uso de capacidades para el estudio de fenómenos que no tienen relación con la inseguridad de la ciudad, restan capacidades a la entidad y afectan la seguridad de los bogotanos. No es un asunto menor.
No se nos puede olvidar que el último año han ocurrido de manera frecuente crímenes nunca vistos en Bogotá: gente torturada y tirada en bolsas a lo largo y ancho de la ciudad, lo que parece indicar una disputa abierta entre grupos criminales por el mercado de drogas interno más grande del país.
Por esta razón, y por la cantidad de delitos que ocurren a diario, los bogotanos necesitamos una Secretaría de Seguridad técnica, presente, activa, motivada, concentrada y que desempeñe sus funciones con el mayor rendimiento posible. Lastimosamente, esto solo se puede lograr con una adecuada gestión del talento humano. Así que por ahora seguiremos condenados a caminar nuestras calles con miedo.
Más vale que se investiguen estos posibles casos de acoso laboral. Es importante que al sector público lleguen siempre los funcionarios más capacitados y para esto es fundamental saber cómo atraer y retener el talento. Si se siguen tolerando espacios de acoso y abuso laboral dentro de las instituciones del Estado, los funcionarios públicos nunca serán eficientes ni podrán construir país. La función pública debería tener dentro de sus procesos la evaluación de liderazgo de los equipos directivos. Solo así, lo público, algún día, funcionará.
