Durante la administración del presidente Juan Manuel Santos, el Ministerio de Relaciones Exteriores –en cabeza de María Ángela Holguín– inicio una tarea que para ese entonces parecía quimera. Después de décadas de grandes restricciones en materia migratoria para los colombianos, de atropellos y maltratos en aeropuertos y puestos fronterizos, el país había empezado a cambiar y era el momento de que el trato a los colombianos en el exterior también lo hiciera.
Es indiscutible que el narcotráfico, las múltiples formas de economía ilegal y el conflicto armado, nos convirtieron en un país problema para el resto del mundo. El resultado era apenas obvio: no éramos bienvenidos y nuestra presencia en cualquier lugar fuera de nuestras fronteras era vista con sospecha. Las restricciones a través de las visas se hicieron costumbre y nuestra movilidad internacional se convirtió en un verdadero dolor de cabeza.
Desmontar semejante aparataje de restricciones no iba a ser fácil, pero al presidente Santos y a su canciller les pareció que valía la pena intentarlo. Por eso decidí hablar con la exministra Holguín, para tratar de reconstruir este proceso y lo que aprendí de esta conversación nos deja lecciones importantes en materia de gestión internacional que quiero compartir en esta columna.
Sugiere ella, en primera instancia, que la gestión para reducir tanta restricción tenía que pasar necesariamente por el plano de la negociación política pero también por el de las transformaciones más técnicas. En el campo de lo técnico, se precisaba tener un pasaporte que no se pudiese falsificar. Era lo mínimo para empezar. Por esa razón se cambió el pasaporte, se adicionó un chip y se diseñaron hojas con requerimientos de seguridad. Se trataba del primer paso para poder erradicar una preocupación legítima de muchos países.
También era necesario, insiste ella, que en las conversaciones con aquellos países con quienes buscábamos un acuerdo para que no se requiriera visa para los colombianos, quedase claro que nuestro sistema migratorio estaba a la altura y que era lo suficientemente sofisticado para controlar la salida de personas buscadas por la justicia, con órdenes de captura o involucradas con actividades ilícitas “exportables” a otros lugares del mundo. Funcionarios de Migración Colombia viajaron, explicaron hasta la saciedad los detalles técnicos del sistema y trataron de construir tranquilidad.
El comportamiento de las comunidades colombianas en el exterior también contribuyó, dice ella. Las comunidades colombianas dejaron de ser el foco central de problemas de seguridad en sus países de llegada. Pero también, desde mi punto de vista, después del 11 de septiembre y gracias a ese y otros atentados terroristas subsecuentes en Estados Unidos y Europa, la atención en materia migratoria se desplazó hacia la población proveniente de los países árabes y Colombia fue perdiendo protagonismo como “centro del huracán” internacional. Eso, tristemente, también ayudó.
Adicionalmente, era necesario construir argumentos sólidos sobre las bondades de mayores niveles de movilidad para los colombianos hacia esos países; las nuevas reglas migratorias tenían que ser beneficiosas aquí y allá. El aumento del intercambio comercial, a veces potencializado por la existencia de acuerdos de libre comercio (como en el caso de Europa), facilitaban la tarea: si los bienes y servicios se mueven de un lado a otro con facilidad, ¿por qué las personas no?
¿No se incrementarían las ganancias mutuas de la inversión y el comercio si las personas pudiesen moverse con más facilidad? Este argumento fue clave para lograr la eliminación del requisito de visa para ingresar al espacio Schengen.
De ahí en adelante hubo un proceso de contagio: la eliminación de la visa para ingresar al espacio Schengen facilitó la gestión para lograr la desaparición de restricciones migratorias en otros países del mundo. El mismo Reino Unido que esta semana eliminó el requisito de la visa para estadías menores a seis meses, en ese momento empezó por dejar de pedirnos visa de tránsito a los colombianos. Hoy, el Brexit y la amenaza de una recesión económica probablemente generaron incentivos adicionales que ayudaron a darle un último empujón a la gestión.
La moraleja de esta historia es clave para nuestra política exterior: entender nuestras gestiones internacionales como asuntos de Estado y no de gobierno, y darles continuidad a pesar de que no signifiquen ganancias políticas de momento, es fundamental para nuestro proceso de inserción internacional. Una gestión que se inició hace más de diez años, se pudo culminar gracias a que todos los funcionarios involucrados desde entonces estuvieron en la misma página en materia del logro de este objetivo. El proceso culmina con un último, pero no por ello menos importante esfuerzo de nuestro actual viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Coy, que como buen funcionario de carrera entendió la importancia de la continuidad. Podemos y debemos seguirle apostando a la institucionalización de nuestra política exterior. Ya empezamos a ver los resultados.
