Me dispuse a escribir esta columna sobre la permanente crisis de los servicios públicos en Quibdó y por eso quise escuchar la reciente canción de Tostao y los Dioses del Ritmo, porque le ponen música a una protesta más que justa; y entonces me di cuenta de que, nuevamente, estaba caída la internet. Esta vez fue por poco tiempo, pero no ha sido así en las últimas ocasiones. He estado aquí, en mi casa, durante cuatro semanas y, al menos dos días de cada una, los problemas de conectividad han sido graves. Algunos de estos días hemos quedado completamente incomunicados al caerse las redes de telefonía e internet. A esto hay que sumarle los casos en que la cosa ya no depende de los operadores de telecomunicaciones, sino que los celulares y módems se quedan sin carga, como dice la canción: cuando se nos va la luz.
Los efectos de la ausencia de servicios básicos de calidad sobre la economía, las familias y los individuos son incalculables. La productividad está directamente relacionada con la disponibilidad de energía, agua, gas y telecomunicaciones. Sin la garantía de estos servicios no es viable para las empresas instalarse aquí y, en consecuencia, las posibilidades de generación masiva de empleo seguirán diluyéndose. Quienes insistimos en crear aquí organizaciones y pequeñas o medianas empresas vemos afectados procesos fundamentales como pago de nómina, presentación de propuestas, acceso a reuniones y el desarrollo regular de una jornada laboral por ausencia de internet o de energía.
En estas semanas he vuelto a darme cuenta de lo demandante, en términos de atención y logística, que resulta no contar con redes óptimas de acueducto ni agua potable las 24 horas. Hay que ocuparse de comprar el agua para tomar y preparar los alimentos que, lógicamente, es distinta a la que se usa para lavar la ropa o bañarse, disponible al abrir las llaves mientras haya energía: porque las bombas para llevar el agua a los tanques elevados también se apagan cuando se nos va la luz.
Para conocer sobre el estado del acceso al gas natural basta una búsqueda ligera en internet (cuando hay) para recordar que entre 2014 y 2015 el Ministerio de Minas y Energía y la Gobernación del Chocó, en varios contratos, adjudicaron a la empresa Universal de Servicios Públicos S. A. la suma de 79.558.888.562 pesos para conectar el servicio de gas natural residencial a 25.969 hogares de 11 municipios en el Chocó. De acuerdo con el reporte de Noticias 1 y tal como lo evidenciamos los habitantes del departamento, la obra alcanzó un avance de apenas el 25 por ciento y la planta para el suministro que alcanzaron a construir en Quibdó quedó abandonada, como tantas obras aquí, pudriéndose bajo el sol, la humedad y la lluvia.
Ante este panorama, a quienes parece que se les fueron las luces hace rato es a los entes de control y las superintendencias relacionadas con estos temas. Se han limitado a repetir el estereotipo racista de que acá todos los políticos son ladrones y que somos los mismos chocoanos quienes nos robamos la plata o hacemos que las cosas no funcionen para justificar la falta de trabajo y, además, encubrir a muchos actores: dirigentes, contratistas y proveedores del centro del país implicados con los de aquí, no solo en los casos de corrupción que han impedido el acceso a los servicios públicos, sino también a quienes desatienden y abusan de los usuarios con servicios mediocres y costosos.
Quisiéramos que esta situación se arreglara en lo que dura la canción de Tostao, pero estamos hablando de un asunto estructural que afecta la garantía de derechos fundamentales; lo que pasa es que el primer pendiente que tenemos es asumir que la garantía de estos derechos, al menos en la capital del Chocó, debe ser una prioridad para el país.
