No señores, nadie está matoneando a la nueva ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, por los errores que ha cometido, solo se está pidiendo que los funcionarios que el Gobierno está escogiendo para llevar las riendas del país, sean idóneos y, por supuesto, que sepan lo que hacen y de lo que hablan. Desde los medios debemos hacer control y revisar los perfiles de todos los que lleguen a ocupar altos cargos en el Estado y podemos cuestionar las salidas en falso de cualquiera de ellos.
A pesar de todo lo que ha pasado con esa funcionaria, considero que ella es el menor de los problemas de la nueva administración, la ministra Vélez por lo menos no viene de ningún sector cuestionado, ni está enredada en escándalos. El actual Gobierno ganó porque prometió un cambio, acabar con la politiquería, la corrupción y hasta con la famosa mermelada, pero no se ha notado eso en otros nombramientos de entidades transversales que son de mayor importancia para el país, pero que se están dejando en manos de los mismos de siempre.
Y aunque no lo esperábamos, porque se supone que llegó el cambio, era lógico que el presidente tuviera que pagar favores o cumplir con las cuotas que le pidieron aquellos partidos que le apoyaron. De todas formas, el nombrar a personas cuestionadas, que vienen de las mismas casas, que son alfiles de los políticos de toda la vida, pareciera dar a entender que una gran parte del país no la están manejando Petro y su vicepresidenta Francia Márquez como se quería.
Por el contrario, una vez más, triunfan aquellos que con las alianzas y con los votos que ponen gracias a la maquinaria, sobreviven en la política y en el tan anhelado mundo de los contratos y los puestos.
Solo basta con revisar algunos nombres que han aparecido en los últimos días para darnos cuenta de los errores que se están cometiendo, cayendo exactamente lo mismo que se criticó en el pasado. Por ejemplo, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se nombró como directora a la señora Concepción Baracaldo, más conocida como Concha Baracaldo.
La funcionaria, según una investigación de la W Radio, ha sido cuestionada por entregar licencias de construcción en el municipio de Chía (Cundinamarca), sin el cumplimiento de los requisitos e incluso en zonas protegidas ambientalmente, cuando fue secretaria de Planeación.
Pero, además, según su hoja de vida, solo ha sido consultora en asuntos de ordenamiento territorial y finanzas, algo que nada tiene que ver con infancia y adolescencia y, como si fuera poco, se negó a cerrar un prostíbulo en Chía, a pesar de encontrar allí a un menor de edad.
Al listado de polémicos nombramientos también se sumó el de Gustavo Marulanda en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), que tiene a su cargo la ‘bobadita’ de elaborar el catastro nacional y realizar el inventario del suelo colombiano y sus características.
En un país en que la tierra ha sido una de las piedras angulares del conflicto armado, la cabeza del Igac tiene que ser una persona sin tacha o manchas. Cosa muy diferente a lo que sucede con el señor Marulanda, quien está vinculado a anomalías con el proceso de actualización catastral en Soacha (Cundinamarca).
La situación es de tal magnitud, que la Superintendencia de Notariado y Registro le formuló cargos a la Alcaldía de ese municipio por presuntamente no aplicar o aplicar incorrectamente las especificaciones técnicas catastrales.
Palabras más, palabra menos, se habrían presentado irregularidades a la hora de hacer el catastro multipropósito en Soacha, y eso llevó a que la valorización de algunas casas o inmuebles subiera hasta 500 por ciento y, con ello, se disparara al impuesto predial de familias de estratos bajos.
No es posible que una persona envuelta en un caso tan complejo y que afecta a cientos de hogares por temas catastrales sea premiado con el Agustín Codazzi, más cuando esta entidad será clave para la reforma agraria que prevé el gobierno de Petro.
Ahora, no será el único funcionario polémico que estará al frente de una de las banderas del nuevo presidente de Colombia. En el Banco Agrario aterrizó Hernando Chica, quien es sobrino de la exsenadora investigada por parapolítica Piedad Zuccardi y sobrino político del excongresista Juancho García, quien fue condenado por corrupción.
Volviendo a Chica, su nombre se vio envuelto en los beneficios recibidos por directivos de la ETB cuando Petro era alcalde de Bogotá. En ese entonces, él fungía como vicepresidente financiero y fue beneficiario de un millonario bono entregado con dinero público, lo cual reveló en su momento Noticias Uno.
Otro caso lo encontramos en la dirección de la Aeronáutica Civil en donde quedaría Adriana Ramírez Suárez, actual cabeza del Centro de Estudios Aeronáuticos de esa misma entidad. La Aerocivil hace parte del Ministerio de Transporte y para nadie es un secreto que esa cartera Petro la dejó en manos de los conservadores, el propio ministro Guillermo Reyes lo ha reconocido y no ve ningún problema con eso.
El problema es que la entidad que maneja la política aérea de Colombia seguirá en manos de los que en los últimos años la han manejado, llenándola de contratistas por prestación de servicios, para cumplir con cuotas políticas, y con perfiles que nada tienen que ver con el sector. A la Aerocivil la convirtieron en un verdadero fortín y al parecer, seguirá siendo así.
Y es que la señora Ramírez, quien llegó a la Aeronáutica por recomendación de la senadora del Partido Conservador Soledad Tamayo, hoy tiene también el respaldo de Carlos Andrés Trujillo, actual presidente de esa bancada. Además, hizo parte de la rosca del anterior director de esa entidad, Jair Fajardo, quien salió tras el fracaso con el Aeropuerto del Café y por otros líos por presunta corrupción dentro de esta empresa pública.
Funcionarios de carrera de la Aerocivil le contaron a esta columna que la señora Ramírez no ha cumplido nunca con sus funciones y en cambio se ha dedicado a repartir contratos a personas que ni pueden ir presencialmente a trabajar porque ya no le cabe un contratista más a la entidad. Incluso durante la ley de garantías Ramírez firmó medio centenar de OPS.
A eso se suman los cuestionamientos por haberle hecho campaña a un par de candidatos al Congreso de su mismo partido en marzo de este año y otras denuncias por dos contratos que ella entregó, por más de 2.000 millones de pesos, y que estarían llenos de irregularidades, según las investigaciones de la revista Raya.
Mejor dicho, todo un coctel de irregularidades que empañan estos nuevos nombres. Llama la atención que la mayoría ya fueron escogidos pese a los reparos que se hicieron por sus antecedentes. Entonces, presidente Petro ¿está haciendo oídos sordos frente a las preocupaciones de la ciudadanía?, ¿va a dejar que gobiernen otros y que las entidades vuelvan a contaminarse de corrupción? Pilas que para eso no fue que lo eligieron, no desdibuje más el cambio que prometió.
