Es de comprender que el hecho de que por primera vez seamos testigos de la alternancia real de poder genere inseguridad y resquemor en quienes antes nunca se vieron en la situación de tener que cederlo; también el hecho de que, por primera vez, salga a la luz un informe de una Comisión de la Verdad, de tal magnitud. Los dos hechos guardan una estrecha relación pues sabemos que ha sido precisamente el relato oficial, contado siempre por quienes han manejado y abusado del poder, lo que ha permitido que un reducido grupo, por décadas, conservara su lugar privilegiado de dominación y sus agentes de violencia que, a través del Informe de la Verdad, salen a la luz.
El Informe Final es una de las recopilaciones más completas que haya habido sobre las afectaciones a la vida colectiva del país, por motivos de violencia política y jerarquías de poder; un trabajo de varios años en el que se recolectaron más de 30.000 testimonios (de víctimas y de diferentes actores del conflicto armado), más de mil informes de organizaciones externas, 15.000 entrevistas en Colombia, además de las cientos que la Comisión realizó en varios rincones del mundo; y todo esto resulta amenazante para quienes han antes creído idóneo que no haya clases de historia en los colegios; que señalan a quienes cuestionan a las Fuerzas Armadas de enemigo de la patria; para quienes han hecho creer que el orden natural es la desigualdad en la que ellos, por supuesto, están en la parte superior de la escala social; aquellos que se presentan como víctimas del comunismo y el enemigo interno (todo el que piensa o es diferente) al que hay que combatir hasta su aniquilación; los mismos que se resisten a una mejor distribución de la tierra y la riqueza, que tienden a amar las rejas y les da miedo salir de su pequeño mundo de club social en el que solo hay espacio para quienes consideran su igual; aquellos que creen que otros colombianos deben permanecer en sus resguardos y no salir a molestar porque sobran o no tienen nada que ofrecer a la sociedad.
Les incomoda que esta vez, diferentes voces de víctimas—y no solo las que ellos validan como tal o en casos llegan a instrumentalizar— son escuchadas de manera sistemática y por todo el país, desde un ente estatal. Entienden que de estos ejercicios y procesos democráticos de verdad y memoria emergen en la sociedad interrogantes sobre el propio pasado, que a largo plazo pueden generar una transformación cultural y de mentalidad. Entender que lo que pasó fue espantoso; elaborar y tramitar ese pasado para no permitir que se repita nunca más.
Quienes se oponen, lo definen como adoctrinamiento pero lo real es que tienen temor a que la sociedad salga de la ignorancia, la permisividad y la complicidad; quieren evitar que crezcamos como sociedad y confrontemos la verdad porque entienden que ella tiene el potencial de generar indignación y con ello, acción. Les molesta que los ciudadanos aprendan que la memoria, más que con el pasado, en realidad tiene que ver con el futuro que está en discusión.
Y soy enfática en decir que no es suficiente con conocer el pasado para no repetir, aunque sí es el punto de partida. Después, es necesario tramitarlo si se busca evitar la repetición de los hechos violentos y lograr construir una sociedad pacífica, con una misma identidad. El Informe de la Comisión de la Verdad debe servir para que superemos la mentalidad de guerra y militarista y pasemos a la mentalidad de solidaridad, de confianza en el otro y de paz; el respeto a los DDHH, la defensa del medio ambiente y de los valores democráticos en general. El nuevo gobierno quiere reivindicar estos valores, junto al del bien común y lo público, y eso está bien, pero debemos defenderlos por encima de los cuatro años de este gobierno o de cualquier ideología política. Debemos inculcar estos valores en un país acostumbrado al silencio, al sometimiento, a callar y aguantar, a la indiferencia, la humillación y la desigualdad. A menudo consolándose con frases como “eso es lo que hay”, “para qué escarbar” o “deje así, mejor”.
Aquellos a quienes no les gusta compartir, tampoco tienden a ser amigos de la verdad, ni de la paz; y anuncian desde ya una cartilla que llamarán ¡Cuál verdad!
La reacción viene sobre todo del partido Centro Democrático y su líder Uribe Vélez. Los mismos que, en cambio, nunca sintieron intranquilidad ni mucho menos vergüenza, con el trabajo de Darío Acevedo a la cabeza del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), que ahora dice sentirse perseguido porque la Justicia transicional JEP determinó que incurrió en desacato. Su labor al ocultar el genocidio de la Union Patriótica (UP) o relativizar otros crímenes de las FFAA al servicio de civiles que siempre han gozado de impunidad, choca claramente con lo planteado en el informe de la Comisión de la Verdad.
Desde el saliente gobierno sentaron en el CNMH a Acevedo, precisamente para continuar con el maquillaje de la verdad y la memoria del país, desatendiendo el sufrimiento en los relatos de miles de víctimas, sobre todo del poder estatal, y fomentando la versión tergiversada de que los militares muertos en combate también son víctimas a la par de las demás, que deben tener la misma plataforma para contar, como si no lo hubieran hecho siempre antes y como si la institución no tuviese suficiente poder ya. Con esta maniobra, la idea de los civiles que no quieren un cambio en el país es la de tener siempre el apoyo de las FFAA para que sigan estando a su servicio para confrontar a quienes se atrevan a cuestionar su poder. Lo cual, por otro lado, ha mantenido al país siempre en división.
Por eso es que la violación de los derechos a la verdad, y a la reparación simbólica de las víctimas de parte del saliente director del Centro Nacional de Memoria Histórica nunca preocupó a quienes se oponen a la paz, y sí les molesta, en cambio, el informe de la Comisión de la Verdad que expone de manera abierta la responsabilidad de aquellos que han generado sufrimiento y violencia en el país. Unos reclaman que el informe de la Comisión de Verdad es sesgado; los otros, que la verdad histórica solo revuelve heridas mientras los victimarios están sentados en el congreso. La senadora María Fernanda Cabal comentó hace unos días que mientras a Arias Cabrales, comandante de la XIII Brigada del Ejército que estuvo a cargo de la llamada retoma del Palacio de Justicia en 1985, le fue revocada su libertad, Gustavo Petro, un exguerrillero del M-19, grupo que se lo tomó, en cambio, sube al poder. Por supuesto, ella no menciona, y más bien legitima, las horrendas masacres en las que el señor Arias participó, fomentando la mentalidad bélica y marcial a la que los grupos guerrilleros también han jugado, pero que Gustavo Petro, en concreto, desde su desmovilización, abandonó para en cambio participar y construir acorde a las reglas democráticas del país.
Ojalá la próxima persona a la cabeza del CNMH entienda cuán importante es su rol para el futuro del país. Porque no solo se trata de dar voz a las víctimas y sentido al pasado, sino también promover que los ciudadanos no vuelvan nunca más a decir “esto es lo que hay” sino más bien “eso es lo que fue” y de ahora en adelante queremos que no se vuelva a repetir nunca más. Rechazamos la violencia y necesitamos más participación.
Porque por otro lado es fácil anticipar qué será lo que saldrá en la cartilla ¡Cuál verdad! Sabemos bien por qué algunos prefieren seguir igual y les resulta insoportable la verdad.
