La justicia cojea, pero llega, para la mayoría de los mortales. Ahora bien, para los hermanos Uribe Vélez parece que ni cojea, ni llega. A pesar de que hace más de veinte meses se terminó el juicio contra el ganadero Santiago Uribe Vélez, donde se presentó toda la evidencia de su relación con el grupo paramilitar Los Doce Apóstoles, todavía no hay un fallo del juez sobre el proceso.
Algunos datos para recordar el tema.
El hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez es actualmente procesado por concierto para delinquir y homicidio, bajo el radicado No. 13799-10 por la participación en un homicidio y la conformación de las Autodefensas del Norte Lechero, que es el verdadero nombre del grupo paramilitar Los Doce Apóstoles.
Ese fue un grupo que operó en la población antioqueña de Yarumal y sus alrededores entre 1990 y 1998, al que, según la Fiscalía, se le adjudican al menos 533 asesinatos en esa región. Algunos de esos crímenes habrían sido coordinados desde la finca La Carolina, de propiedad de la familia Uribe Vélez.
El grupo paramilitar operaba en coordinación con las autoridades y tenían una lista negra, que era manejada por el Distrito de Policía Número 7, en Yarumal, inicialmente bajo el mando del coronel Pedro Manuel Benavides Rivera y posteriormente del mayor Juan Carlos Meneses Quintero.
El delito por el cual el ganadero espera sentencia es el asesinato de Camilo Barrientos Durán, conductor de un bus que cubría la ruta de Yarumal a Campamento, asesinado el 25 de febrero de 1994. ¿La razón? Tal y como lo plantea un documento de la Fiscalía, su nombre estaba en la macabra lista negra y por consiguiente era un tema de limpieza social.
“Victimizaban individuos militantes o simpatizantes de la subversión, pero también afectaban, por intereses particulares, sectores de la población civil a través de políticas de limpieza social, la cual, para otros, implicaba terror, miedo, silencio y sometimiento; actuando de manera articulada con integrantes de la fuerza pública, quienes, por acción o por omisión, avalan sus prácticas criminales y se benefician de ellas”.
Suena a un modus operandi de la familia.
Pero no solo el tema de la asociación de bandas paramilitares con miembros de la fuerza pública corre por la sangre de los Uribe Vélez. También parece que el sobornar testigos o presentar testimonios falsos dentro de los procesos judiciales es parte del tejido genético de los hermanos.
Durante el proceso del ganadero Santiago Uribe, la Fiscalía exhibió un documento que ataca a una banda de testigos falsos que presentó la defensa. El ente investigador dijo: “Lo que en verdad presenciamos fue una sinfónica de falsos, inconsistentes e irrelevantes testigos, quienes con precarios instrumentos sonaron desafinados, destemplados y hasta descoordinados; comportamiento que se explica en las más diversas motivaciones de cada uno de ellos, unas veces mintieron para favorecer sus propios intereses y otras veces porque inequívocamente querían proteger los intereses jurídicos de Santiago Uribe Vélez”.
Por eso es imposible no hacer un paralelismo con la defensa que el expresidente Uribe ha hecho en su proceso en la Corte Suprema de Justicia, y ahora frente a la juez 41 penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá. En ese caso los testigos a su favor habían estado muy alineados, hasta que se demostró que uno de los abogados del expresidente imputado les había realizado pagos, subsidios y presiones elaborando, para parafrasear las palabras de la Fiscalía, otra “sinfónica de falsos, inconsistentes e irrelevantes testigos”.
Familia que delinque unida, vive impunemente unida.
Estas situaciones jurídicas, que se veían muy complicadas para los hermanos Uribe, cambiaron con la llegada del fiscal Francisco Barbosa. En ese momento todo mejoró. Concentrémonos en lo de Santiago Uribe, ya que las arbitrariedades de la Fiscalía en el caso del expresidente son más conocidas.
Una vez con Barbosa en el mando, el ente acusador actuó en favor del ganadero Uribe Vélez en dos hechos preocupantes. Para empezar, el 24 de noviembre de 2020, se inhibió de abrirle otra investigación formal al ganadero por hechos correlacionados, como la creación del Bloque Suroeste de las Autodefensas Unidas de Colombia, que delinquió en los municipios de Amagá, Titiribí y Angelópolis, en el suroeste antioqueño.
Aunque la evidencia está ahí, la Fiscalía de Barbosa determinó que no existían pruebas suficientes que permitieran vincular al señor Santiago Uribe con la conformación de este grupo armado.
Posteriormente hubo otro acto más preocupante en defensa de los intereses del hermano del expresidente por parte de la Fiscalía. El mayor retirado Juan Carlos Meneses Quintero, que como dijimos antes es uno de los actores principales de Los Doce Apóstoles y un testigo estrella en el proceso que se adelanta contra Santiago Uribe, fue capturado ilegalmente por el ente investigador el 17 de marzo de 2021.
Meneses se presentó voluntariamente a la Sijín y allí le informaron que tenía una orden de captura de una Fiscalía Especializada de Buga. Los hechos por los que lo requerían eran concierto para delinquir con fines de homicidio en asocio con las autodefensas, lavado de activos, hurto de combustible y enriquecimiento ilícito, todos presentados entre 2001 y 2002. Los delitos están prescritos.
Lo preocupante es que Meneses se postuló y fue aceptado en la Justicia Especial para la Paz (JEP) y, por lo tanto, la Fiscalía no tenía competencia para procesarlo ya que, jurídicamente, fue ese tribunal la entidad que le concedió la libertad condicional en un auto del 5 de abril de 2019. Únicamente la JEP podía revocarle la libertad.
Tan ilegal fue su detención por parte de la Fiscalía de Barbosa, que la misma entidad se echó para atrás con la decisión solo dos días después del arresto y, a regañadientes, liberó a Meneses, admitiendo que no tenía autoridad para hacer lo que hizo.
Por eso vamos a la importancia de Meneses.
Como testigo, el mayor retirado Meneses aseguró que cuando estuvo en Yarumal entre enero y abril de 1994, conoció a los ganaderos detrás de ese grupo paramilitar conocido como Los Doce Apóstoles. Confirmó que eran ellos los que entregaban las listas negras de supuestos colaboradores de la guerrilla que debían ser asesinados. Narró con lujo de detalles varios encuentros, entre ellos uno con el señor Santiago Uribe, en la hacienda La Carolina, y lo que tiene que ver con su vinculación con el asesinato del conductor de bus Barrientos Durán.
En abril de 2010, desde Buenos Aires, Argentina, Meneses denunció los hechos en los que presuntamente participó como financiador y jefe el hermano del expresidente Álvaro Uribe. Meneses hizo las acusaciones sentado al lado del premio nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel, entre otros.
Dentro de los detalles que contó, quedó comprobado que el grupo de autodefensas tenía dos comandos: uno urbano, al mando de alias Pelo de Chonta, y otro rural, al mando de alias Rodrigo o el Mono de los Llanos. Los dos grupos tenían como jefe a Santiago Uribe Vélez, según una declaración de otro importante testigo, el agente retirado Alexander de Jesús Amaya. Ahora bien, de un tiempo para acá, ese testigo ha decidido, sorpresivamente, olvidar todo lo que ya había atestiguado en contra de Uribe. Pero no olvidemos el ADN de los hermanos Uribe en estos temas.
Todos estos elementos están muy bien explicados en el libro El apóstol Santiago: Uribe, contrainsurgencia y limpieza social, de Sergio Mesa Cárdenas. Mesa es periodista investigativo, oriundo de Yarumal, lo que facilitó su trabajo de verificación de cada dato y cada nombre que consignó en su libro, publicado el pasado mes de agosto. Las principales novedades de esa investigación son: la temporalidad en que operaron Los Doce Apóstoles, los nombres de los grupos en que fueron mutando; y la lista de políticos, empresarios, militares, policías y sicarios a quienes la Fiscalía no ha investigado en tres décadas.
Aunque más de noventa personas son mencionadas por Mesa en su libro, solamente están condenados, y en libertad por sometimiento a la JEP, el capitán Rafael Herney González Pérez, del Batallón Pedro Nel Ospina, por una masacre cometida en diciembre de 1992, en Entrerríos, y el mayor Meneses Quintero. El agente de policía y primer declarante contra Santiago Uribe Vélez, Alexánder de Jesús Amaya Vargas, purga una condena de 50 años y seis meses.
Otros han logrado la impunidad, incluso de por vida. El sacerdote Gonzalo Javier Palacio Palacio, padre que desde la Iglesia de Yarumal era integrante de Los Doce Apóstoles, falleció impunemente en septiembre de 2020, a la edad de 87 años, protegido por la Arquidiócesis de Medellín. El que a fierro mata en Colombia, de viejo muere.
Como contó el portal Vorágine, Palacio fue capturado en 1995 por sus nexos con ese grupo paramilitar en el norte de Antioquia. En el allanamiento a la casa cural de la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes, en pleno parque principal de Yarumal, las autoridades encontraron un revólver calibre 38 de propiedad del cura. Una fe de armas tomar.
Tras el arresto, fue enviado a un seminario por cárcel y a los diez días fue dejado en libertad gracias a los altos cardenales de la Iglesia católica que entraron en su defensa. Palacio quedó libre, pero siguió investigado por “su responsabilidad en la conformación de un grupo armado que entre los años 1993 y 1994 dio muerte a 35 personas en Yarumal, Antioquia”. Las víctimas eran, según los indicios, militantes de la UP, miembros de la comunidad LGTBI, habitantes de la calle y consumidores de drogas, entre otras personas consideradas objetivo de desaparición por estos grupos ilegales. La lista negra, como ellos mismos miserablemente la llamaron.
El cura Palacio terminó en Medellín, protegido por el arzobispo Alberto Giraldo Jaramillo y su obispo auxiliar, Darío Monsalve Mejía, quien, a pesar de los señalamientos contra Palacio, dijo que este ya estaba “exonerado de toda responsabilidad frente a Dios”. Amén.
Por eso volvamos a otros que también parecen protegidos por Dios, porque lo que han tenido es impunidad divina. Puede que esa haya sido la inspiración para el nombre de ese grupo paramilitar.
En esto es importante recordar que, en la comarca de Uribe, en el País Vasco, donde tiene origen el famoso apellido familiar, el patrimonio cultural más importante son los “humilladeros”, que eran capillas donde en tiempos medievales, los campesinos tenían la costumbre de humillarse o denigrarse ante las autoridades religiosas para demostrar sumisión. Cualquier parecido con el presente, es parapolítica ficción.
Lo que sí es cruda realidad es que, aunque la Fiscalía determinó que fueron 533 asesinatos selectivos cometidos en el norte de Antioquia por el grupo Los Doce Apóstoles, todo en connivencia con la fuerza pública, empresarios, políticos e incluso el cura de la región, los campesinos y familiares de los cientos de víctimas de ese grupo aún no consiguen respuestas ni justicia.
Por eso toca encomendarse a la frase del Evangelio según Mateo: “Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados”. En este caso pareciera que toca hacer romería de humilladeros para que se nos haga el milagrito o la justicia divina.
Porque la justicia terrenal parece paralizada. El 10 de febrero de 2021, el juez Jaime Herrera Niño, del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, dijo que se iba a tomar cuatro meses para la sentencia del ganadero Uribe Vélez. Van más de veinte. La demora siempre termina a su favor. A favor de ellos. De los victimarios. Dejando de lado las víctimas y arrojando 533 muertes que siguen en la impunidad. Divino (juez Herrera) Niño, en vos confío.
@yohirakerman; akermancolumnista@gmail.com
