Alejandro Villanueva
5 Mayo 2022

Alejandro Villanueva

Edwin Ballesteros no es un peligro

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En un país donde diversas veces se ha probado que la justicia colombiana se mueve proporcionalmente a la indignación y su ruido mediático, entra en importancia lo que socialmente se considera o no criminal de alto peligro en Colombia. Se quiere acabar con los vándalos, pero se ha perdido todo el foco de la palabra. 

Como si solo cobijara a los actores de la violencia subjetiva en las protestas, olvidándose así de los verdaderos vándalos. Un vándalo tomando la definición del diccionario es: una persona incivilizada que comete acciones destructivas contra la propiedad pública. La sociedad le exige el foco de la justicia en capturar quién raya la pared de un colegio, pero no quién se robó el PAE de ese mismo colegio. 

Didier Tavera

No intento decir con esto que hay criminales menos importantes, delito es delito. Por otra parte, es equivocado pretender que generalmente se avale la corrupción, la gente como un concepto general está exhausta de esta. Pero, sería una desproporcionalidad decir que existe un rechazo general hacia los corruptos, ¡existe! pero como anteriormente he dicho, solo hacia los casos notables. Se rechaza la corrupción por el “qué dirán” y si no dicen nada, pues no pasa nada.

Esto es ideológico hacia el concepto de quién es peligroso o no, alimentado de hipocresía por parte de la oligarquía encargada de construir una falsa conciencia de clase. Sería terrible que al socio del club le decretaran medida de aseguramiento. De una u otra forma las cabezas delictivas alcanzaron a entrar en la clase alta, con ya una conciencia de clase se les saluda y se les trata como empresarios. ¡Es una injusticia que capturen a uno de ellos! 

Ahí se construyó el contexto de que el verdadero peligro para la sociedad son los de abajo, esos criminales que roban en menores cantidades, ya que los que roban mucho son llamados “poderosos contratistas”. Engañando así a la sociedad en aceptar el crimen por partes, olvidando los autores intelectuales, los de cuello blanco. Esto permite los espacios para soluciones simplistas a ese afán de resultados de justicia, la sociedad no quiere impunidad, pero no ha entendido el concepto de proporcionalidad del delito. 

Piden capturar al que roba celulares, pero no al que financia la banda criminal. Olvidando que las organizaciones criminales funcionan como la criatura mítica “Hidra”: le quitas un fletero y salen dos más. 

Esa búsqueda de resultados mediáticos crean una justicia parcial al escándalo. Si Paola Herrera no estuviera pendiente en el caso de Centros Poblados pasaría a la historia como los dos muertos que se le endilgan a Didier Tavera, quien fue director de la Federación Nacional de Departamentos, o los cuestionados contratos firmados por el exministro Virgilio Galvis en marzo y diciembre de 1999, quien es hoy de la crema y nata de Santander. 

Familiar de tavera

Creando curiosos escenarios en fiestas de conmemoración, en un mismo salón se recrea el escenario que vio en auge a los hermanos Rodríguez. El empresario, el médico destituido Virgilio Galvis, el hermano del narcotraficante Ernesto Tavera, Martín Tavera, y el congresista Édgar Gómez juntos, como pares. O las curiosas tertulias entre el exsecretario de Desarrollo Social del hoy candidato presidencial Rodolfo Hernández, y el narcotraficante Ñeñe Hernández.

Ñeñé Hernández

Hacen parte de una élite que acusa con un dedo al otro de ser un peligro, olvidando que al apuntar se apunta a él mismo con cuatro dedos. Como el arribismo colombiano es tan envidioso, la mayoría crítica al parche porque quiere ser parte del parche, no por quienes lo conforman. 

La rama judicial no ve como una solución a sus indicadores capturar gente que no pide a la sociedad que sea capturada, aun cuando los delitos lo ameriten. Dejando a un lado, a quienes deberían estar hablándonos desde la prisión y no a través de publicaciones en Instagram preguntando ¿Fico o Petro?  

Trece delitos le imputaron a un señor que sin llegar a la calumnia podría fácilmente tener un alias de una bacrim: Edwin Ballesteros, quien fue gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander entre 2013 a 2016, al parecer usaría su cargo para realizar un acuerdo entre la contratación de la empresa de servicios públicos por parte de la Gobernación de Santander en cabeza del exgobernador Richard Aguilar para que quedara en manos de algunas personas específicas, a cambio del pago de coimas. Coimas que este mismo señor se encontró pidiendo a través de WhatsApp bajo su famosa frase “Inge, Help me”.

Día del niño

Según el escrito de acusación de la Fiscalía se detectaron inconsistencias en el contrato 157 del 29 de diciembre de 2014, contrato de obra 068 del 23 de febrero de 2015, y el contrato 287 del 4 de diciembre de 2015. A su vez la intención de contratar los acueductos de Barichara y Chipatá (Santander), donde habría recibido una suma de 600.000.000 de pesos por parte del interesado de ese contrato.

Edwin, según la Fiscalía participó en 12 conductas ilegales distintas relacionadas con los delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, concusión, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.

El señor no se encuentra bajo ningún tipo de medida privativa de la libertad. Edwin se halla hoy tomando ron en el Club Campestre de Bucaramanga, y hablando de su candidato presidencial Federico Gutiérrez en su exclusiva residencia en el conjunto Cacique Real.

Foto casa

Solo por la conducta de concierto para delinquir, según el Código Penal colombiano de ser hallado culpable este contaría con prisión de 48 a 108 meses, y debido a que el señor fue funcionario público su pena se aumentará en la mitad.

Ya dicho esto no deja de ser extraño, por decir lo menos, que, existiendo suficiencia investigativa para presentar acusación formal contra el excongresista, a su vez, como lo expresó la Corte Suprema de Justicia: “La información suministrada por los testigos Pardo Pulido y Díaz Herrera adquiere seriedad y consistencia probatoria”, la Fiscalía no presentará solicitud de medida de aseguramiento, dado el cumplimiento de los requisitos objetivos como lo indica el artículo 313 del Código de Procedimiento Penal, subjetivos expresados en los artículos 310, 312 del Código de Procedimiento Penal, el cumplimiento del estándar probatorio respaldados por otros medios de convicción de carácter documental, testimonial y técnico, de los que emergería el compromiso penal, y el peligro que representa para la sociedad, según el artículo 310, numeral 7 del Código de Procedimiento Penal ya que este sería parte de lo que la Fiscalía describió como “una empresa criminal para direccionar la contratación a favor de algunos de sus amigos y familiares”.

Como su par Richard Aguilar, Edwin Ballesteros no solo representa un peligro futuro, este puede usar sus influencias adquiridas en tal “empresa criminal” y sus anteriores operaciones en la Empresa de Servicios Públicos de Santander para entorpecer el proceso. Su conocimiento de la estructura de la entidad, contratos, y círculo político de los cuales sus testigos serían partícipes, le permite tener una ventaja en el procesamiento de la información, siendo para él posible amenazar, sobornar, y constreñir el proceso, así obstruyendo la justicia.

Politicos

A su vez es necesario dejar claro que el señor Ballesteros es ficha del actual gobernador de Santander, Mauricio Aguilar. Quien es una de las personas con mayor influencia en el departamento y en la Empresa de Servicios Públicos de Santander. El señor gobernador ya tiene antecedentes de influir en procesos de sus amigos, o familiares, acciones que ya le costaron una investigación en la Procuraduría. Como lo es el “Desaparecimiento y ocultamiento de documentos pertinentes que podrían comprometer la responsabilidad penal de Richard Aguilar Villa“, donde mágicamente se perdió una caja de expedientes.

Sin descaro, la Procuraduría afirma que el gobernador envió “documentación falsa a la Corte Suprema de Justicia relacionada con la adición del contrato para el reforzamiento de la villa olímpica, que serviría de prueba dentro del proceso que se adelanta contra Richard Aguilar Villa”. Si lo hizo con su hermano y socio político, ¿qué nos dice que no lo haría con Edwin Ballesteros con la facilidad de que este se encuentra en libertad?

Sin dejar a un lado la gravedad y modalidad de sus 12 conductas ilegales que fueron mencionadas en su escrito de acusación. Y pocas personas encontraron la indignación en esto, aun cuando gracias a Edwin Ballesteros varias familias se vieron afectadas, pero como hace parte de eso que describen como “gente de bien, de tierra caliente” es un perseguido más. Cuando realmente es un presunto criminal acusado por la Fiscalía.

Foto en congreso

Si alguien de Primera Línea hubiera sido imputado y acusado por los mismos delitos en gravedad y cantidad que el excongresista Edwin Ballesteros, ¿usted cree que no existiría una tremenda indignación porque este no tuviera medida de aseguramiento privativa de libertad?

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