A pocos días de que el Gobierno de Gustavo Petro les entregue el regalito de Navidad a los motociclistas, aumentan las dudas sobre la legalidad de ese salvavidas que lanzó la administración para evitar un inminente paro nacional.
Estoy hablando de la reducción de 50 por ciento en las tarifas del Soat para motos de bajo cilindraje y otros vehículos de diferentes categorías, especialmente de transporte público. Aunque será el 15 de diciembre de este año cuando entre en vigencia el decreto que ya está publicado para comentarios, son muchas las dudas que hay frente al costo de ese remedio, que podría salir más caro que la enfermedad.
Recordemos que el Gobierno, a través del Ministerio de Transporte, tomó la decisión de subsidiar el seguro obligatorio para las motos después de que los usuarios de esos vehículos salieran a las calles a bloquear todo y amenazaran con adelantar un paro de varios días que pondría en riesgo la movilidad del país.
Debido a eso, y según muchos críticos, la decisión de la administración prácticamente fue entregarse en bandeja de plata para evitar una hecatombe a solo meses de haber llegado a gobernar. Los acuerdos alcanzados con los motociclistas parece que fueron más para calmarlos de forma inmediata y no para solucionar de manera estructural sus actuales problemas.
Y claro, ahora toca cumplirles porque, de lo contrario, lo que se vendría sería peor. El lío es que, para concretar las promesas hechas a ese gremio, del que hacen parte 10,5 millones de personas en todo el territorio nacional, se están olvidando las normas constitucionales e incluso con una revisión de un alto tribunal se caería la medida.
La razón es sencilla: según cálculos iniciales, el subsidio al Soat costará 2 billones de pesos y esa plata saldría de una adición presupuestal que se haría el próximo año. No obstante, mientras que el Congreso aprueba esa adición, cuyos recursos se tomarían del recaudo de la reforma tributaria, no se pueden comprometer y mucho menos entregar dineros para algo diferente a las partidas aprobadas este año para el presupuesto de 2023.
Eso quiere decir que, desde mediados de diciembre, fecha en la que entra en vigencia el decreto que establece la medida, hasta marzo o abril que es lo que se puede demorar el Legislativito para aprobar la adición, no habrá piso jurídico para entregar la plata a las aseguradoras que venderán el Soat un 50 por ciento más económico. Entonces, ¿qué pasará esos meses?, ¿quién asumirá ese costo y con qué justificación?
Y es que no habrá piso jurídico en ese tiempo porque por ley no se pueden apropiar recursos con cargo al Presupuesto General de la Nación, sin antes tramitar una ley en el Congreso de la República. Mejor dicho, no es legal que el Gobierno entregue 2 billones de pesos para un subsidio sin que el Congreso le dé el visto bueno para hacerlo.
Estamos hablando entonces que quien firme o autorice la entrega de los recursos se podría estar metiendo en un serio problema. Así como lo dijo en entrevista con La W el ex viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, “muy valiente será aquel que se atreva a violar la ley de presupuesto así de frente”.
