Valeria Santos
25 Junio 2022

Valeria Santos

El derecho a saber

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La palabra “no” ha marcado nuestra historia reciente. Aunque este adverbio de negación ha sido la parte sustancial de la frase que nos intentó definir: “No a la paz”, la peligrosa sentencia siempre ha estado gobernada por algo más complejo: “No a la verdad”. La sistemática vulneración a nuestro derecho a saber ha puesto gobiernos y ha legitimado violencias. Y a pesar de que la maldición parece haberse roto, el camino para la sanación nacional apenas comienza. 

El martes conoceremos el informe final de la Comisión de la Verdad. Será el punto de partida para que se construya una memoria colectiva que nos permita esclarecer lo ocurrido. Pero hay que advertirlo: la resistencia a la verdad, a los hechos, es, ha sido y seguirá siendo infame. Los interesados en el relato único, en la historia manipulada y en los discursos legitimadores reaccionarán al informe como siempre lo han hecho, con mentiras y difamaciones. 

El reconocimiento, en 2011, de que en Colombia hubo un conflicto armado fue tan disruptor para los creadores de la seguridad democrática que los motivó a crear un partido político. El Centro Democrático nació en realidad para imponer la historia única de los valientes “hombres de bien” contra los “bandidos” de mil cabezas. Desde entonces, su oposición a la paz siempre ha tenido como propósito asegurar que los cimientos de su discurso y la legitimidad de su legado sean inmortales. 

Desde su creación, la Comisión de la Verdad ha tenido que enfrentar la oposición más ruin. El padre Francisco de Roux ha sido tildado de guerrillero, comunista y ladrón de tierras. El actual embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, acusó a los comisionados de tener nexos con grupos armados. La periodista María Isabel Rueda utilizó su columna de los domingos en El Tiempo para estigmatizar a la Comisión desinformando acerca del mecanismo de selección de los comisionados, lo cual generó una justificada carta de protesta de Sergio Jaramillo y Humberto de la Calle. 

Los colombianos además tuvimos que presenciar el bochornoso encuentro del padre De Roux con el presidente Álvaro Uribe Vélez en El Ubérrimo. No solamente el expresidente se encargó de controlar cada milímetro del escenario, también se aseguró de reafirmar su discurso negacionista y revisionista. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado criticó el encuentro al denunciar que fue una acción propagandística y una apología a la figura del expresidente. En este mismo encuentro la familia Uribe atacó injustamente a la comisionada Lucía González acusándola de compartir principios con las Farc. 

La resistencia también la ha sufrido la Comisión desde adentro. El excomisionado Carlos Guillermo Ospina renunció a la Comisión porque el informe final, según él, tendría intereses políticos relacionados con el proceso electoral. Ospina parece no haber tenido en cuenta que el informe se decidió presentar justamente después de las elecciones para evitar levantar esta clase de sospechas.

El presidente Iván Duque gobernó con la instrucción de imponer en Colombia un relato único e implantar una verdad oficial. Primero postuló a Mario Javier Pacheco al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Ante la avalancha de críticas que generó el hecho de que Pacheco hubiera escrito una columna advirtiendo que el Centro de Memoria estaba infiltrado por la guerrilla, el presidente Duque terminó nombrando a Vicente Torrijos. 

Después de que se descubrió que Torrijos había mentido sobre sus estudios, el gobierno le entregó el CNMH a Darío Acevedo, también negacionista del conflicto armado y enemigo de la Justicia Especial para la Paz. El guion del Museo de la Memoria, creado bajo la dirección de Acevedo, que no menciona a los paramilitares, elogia la política de seguridad democrática, y califica el acuerdo de paz como controversial, refleja la intención de este gobierno de instrumentalizar la memoria o crear una propia. Este guion hace parte de las medidas cautelares que dictó la Justicia Especial para la Paz para proteger el objetivo del museo y Acevedo se enfrenta hoy a un desacato judicial.   

Lo cierto es que a pesar de la disputa por la memoria y después de realizar 13.680 entrevistas individuales, 1.248 entrevistas colectivas, escuchar a víctimas que se encuentran en el exilio, testimonios de campesinos, comunidades afrocolombianas, indígenas, organizaciones de mujeres, jóvenes y a la población LGTBI, además de haber recogido testimonios de defensores de derechos humanos, expresidentes, excombatientes, miembros de la fuerza pública y empresarios, la Comisión de la Verdad por fin presentará el tan esperado informe que deberá plasmar la verdad plural y colectiva que tanto necesitamos. Y aunque la lucha por la memoria continuará, la verdad que presentará la Comisión es una oportunidad para la conciliación. 

Después de leerlo tendremos la oportunidad de conocer y entender la complejidad de nuestro pasado, la delgada línea que separa el bien del mal, el sufrimiento de las víctimas, los patrones que permitieron tanta violencia y las motivaciones de los perpetradores. Interiorizar nuestra historia podría por fin unir a esas dos Colombias: la del centro con la de la periferia, la del sí con la del no. En todo caso, deberá ser un recuento reparador que prevenga la repetición y nos ayude a sanar. Será finalmente la materialización de nuestro derecho a saber. 

Más vale que los instrumentalizadores del pasado lean el informe antes de atacarlo. Podría ser una bonita oportunidad para dejar atrás las simplificaciones y los sesgos, y abrazar por fin nuestra dolorosa verdad.

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