Helena Urán Bidegain
21 Marzo 2022

Helena Urán Bidegain

El derecho a tener derechos / De La Habana a Guantánamo

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Los medios estadounidenses mencionaban recientemente la crítica que su gobierno hace del “abuso escandaloso” de derechos humanos en Cuba relacionado con lo que hoy se conoce como el 11-J, es decir, las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.  Estas protestas terminaron con centenares de personas, incluso menores de edad, detenidas arbitrariamente y encarceladas por expresar públicamente su voluntad. Hoy, más de seis meses después de las protestas, se cuenta con más de 700 presos políticos. Muchos en la isla están cansados y exigen un cambio que debería ser urgentemente atendido, pero no a punta de garrote, violando sus derechos y encerrándolos. Pensar que incluso menores de edad terminen condenados y tras las rejas por expresarse, es algo sobre lo que no se puede guardar silencio.

En esta ocasión, sin embargo, no me detendré en la violación de derechos humanos cometidos por el régimen cubano, ni en sus recientes procesos penales caracterizados por sanciones desmedidas y que, sin duda, merecen toda la atención; me enfocaré, en cambio, en el hecho de que quien rechaza estos sucesos ocurridos en Cuba tiene una cárcel paradójicamente en una esquina de la misma isla, en donde la violación de derechos humanos está también al orden del día. Me refiero a la que padecen los presos de la cárcel de la base naval de Guantánamo, donde los Estados Unidos tienen control territorial y jurisdiccional.

Después de los aterradores ataques frontales al Pentágono en Washington y a las Torres gemelas de Nueva York el 9.11 de 2001, donde cerca de 3.000 personas inocentes fallecieron, muchos otros resultaron heridos y la sociedad en general sufrió un impacto psicológico perturbador, el presidente George W. Bush ordenó la apertura del centro de reclusión de Guantánamo, como parte de la lucha contra el terrorismo. Lo irónico de todo eso es que, desde la apertura, hace ya 20 años, en esa cárcel también se ejerce terror. 

La mayoría de los detenidos en Guantánamo, todos musulmanes, ni siquiera fueron sometidos a un juicio o fueron formalmente acusados, lo que de entrada les niega -acorde al concepto de Hannah Arendt- su derecho a pertenecer a un colectivo organizado en el que ellos también tienen derechos, es decir “el derecho a tener derechos”. Además, los mantiene en un limbo legal por tiempo indefinido dentro de un sistema carcelario no solo brutalmente violento, sino también exageradamente caro, que se ha convertido en un negocio muy apetecido para quienes operan allí. Los costos son asumidos por los contribuyentes.
 
La razón de que la cárcel se encuentre fuera de territorio estadounidense es a la vista de muchos defensores de derechos humanos, claramente, para saltarse la convención de Ginebra o saltarse leyes y derechos que tendrían los reclusos si se encontraran en territorio continental. 

Son ya tres administraciones las que han gobernado en Washington desde que la cárcel se abrió. La de Barack Obama, en 2009, planteó la idea de cerrar la cárcel y trasladar a los reclusos a Estados Unidos o terceros estados, pero esta idea fracasó. El año pasado, diferentes grupos entre los que se encontraban activistas de derechos humanos e incluso familiares de victimas del 9.11, y algunos militares, instaron al presidente Biden a tomar medidas concretas y poner fin a este sórdido capítulo de la historia estadounidense.

Pero todo indica que hacerlo, podría conllevar a la revelación ante los ojos de todos de mucho de lo que hay en la caja de Pandora, me refiero a lo que hay más allá de las condiciones infrahumanas y las torturas que han padecido los reclusos, y eso hace poco probable que esta prisión de guerra, la más antigua de la historia de Estados Unidos, sea clausurada antes de que los que aún quedan allí, mueran.  

Evidentemente Guantánamo no es la primera cárcel del mundo en la que los Estados Unidos utiliza prácticas de tortura con los presos. Este “know how”, como se dice en el mundo de la cooperación para el desarrollo, es decir, este conocimiento en cuanto a la tortura ya ha sido transferido antes a otros ejércitos del mundo, como por ejemplo a los latinoamericanos durante las dictaduras militares e incluso a mal consideradas democracias, como la colombiana, en el contexto de la Guerra Fría. La CIA de hecho operó cárceles secretas en ocho países en el marco de la llamada guerra contra el terrorismo, en un programa plagado de abusos y violaciones a los derechos humanos.

Llama la atención que Estados Unidos, país que dice defender las libertades civiles e individuales y que señala fácilmente a otros países por violar los derechos humanos, se considera un marco de referencia importante en el derecho internacional, pero siempre que sirva a sus intereses; les da, en cambio, fácilmente la espalda y se olvida de su existencia, cuando es este país el que no los respeta. La cárcel en la base naval de Guantánamo es un símbolo de la injusticia racial y religiosa, del abuso y del desprecio por el Estado de derecho, es una mancha en la historia de los Estados Unidos que se sigue escribiendo y un fracaso en el sistema de derechos humanos.

Un ejemplo muy concreto y relacionado a este asunto se refleja también en la reciente nominación a Ketanji Brown Jackson, primera mujer afroestadounidense en ocupar un puesto como magistrada en la Corte Suprema. Muchos senadores republicanos y por lo general, prestos a señalar las violaciones que suceden en Cuba, la atacan por haber defendido a presos de Guantánamo cuando era defensora pública de Washington, en lugar de resaltar su conducta profesional y acorde a lo estipulado por el colegio de abogados, que ordena precisamente representar a sus clientes, con celo y diligencia  “zealously and diligently” independientemente de quien se trate; porque la justicia es una cosa y la ideología e intereses políticos son otras. Además, todos merecemos contar con una defensa y siempre debe primar la garantía al debido proceso, porque es un valor constitucional fundamental allá donde haya Estado de derecho. Ningún gobierno puede encarcelar personas sin probar primero los cargos penales que se les imputan.

Y aunque la cárcel siga funcionando, si estos presos no hubiesen tenido ni siquiera abogados, no sabríamos de los tantos errores y horrores que se han venido cometiendo dentro de esta.

Aunque los escenarios sean distintos, las causas y motivos otros, hay que tener presente que lo que sucede hoy en Cuba es tan reprochable y condenable como lo que sucede en la base naval de Guantánamo, territorio estadounidense. No pretende este escrito comparar los dos hechos que no guardan relación directa entre sí, sino centrar la atención en que a veces solo miramos en una dirección lo que conlleva un debilitamiento de los derechos de todos.

Los derechos humanos no deberían ser un asunto de filiación política en el que condenamos o guardamos silencio según quien sea el autor de los abusos. Así mismo, ningún país que viole la dignidad de un individuo, independiente de su origen, religión u orientación sexual tiene la autoridad moral para señalar a otros de cometer actos similares y por el contrario debería encargarse de resolver ante todo las injusticias cometidas dentro de su territorio.

Esto aplica claramente para el caso colombiano, en el que acorde a la postura política e intereses económicos, acusamos los comportamientos de unos, pero somos mucho más condescendientes con quien está ubicado en nuestro espectro ideológico, cualquiera que fuera.

Los derechos humanos deben estar por encima de disputas políticas, deben ser protegidos y reclamados por todos y para todos por igual porque la dignidad del ser humano es sagrada y sus derechos inalienables.

Entrevista:

Santiago Cantón, director del programa Peter D. Bell Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, ex relator especial para la libertad de expresión, y ex secretario ejecutivo de la CIDH, considera la existencia de la cárcel un retroceso:

HELENA URÁN BIDEGAIN: ¿Cuál es el efecto que tiene esto a nivel global?

SANTIAGO CANTÓN: Tuvo un significativo impacto. En general, para la causa de los derechos humanos, EE. UU. siempre era una aliado importante para la defensa del debido proceso. El apoyo de EE. UU. en este tema a nivel mundial era importante. Sin embargo, lo ocurrido en Guantánamo representó un retroceso de la influencia positiva que EE.UU. podía tener a nivel global.

H.U.B.: A pesar de que se pasó por encima del sistema de derechos humanos, ¿podemos rescatar logros desde el movimiento de defensores de DD.HH. con relación a este caso en particular? 

S.C.: La lucha de los defensores de DD.HH. en este caso en concreto llevó a un fortalecimiento en el derecho internacional de los derechos humanos, en particular, en relación con el desarrollo de estándares para la lucha contra el terrorismo dentro del marco de los derechos humanos. Por ejemplo, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y a solicitud de varios Estados de la región, se realizó un informe con los estándares de derechos humanos que deben seguir los Estados para combatir el terrorismo. 

Asimismo, la CIDH fue la primera organización multilateral que planteó este tema al gobierno de los Estados Unidos, y se logró un importante nivel de cooperación. Se otorgaron medidas cautelares para que se defina claramente el estatus legal de los detenidos en Guantánamo; situación que fue definida posteriormente por la Corte Suprema de los EE.UU.


 

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