Juan Camilo Restrepo
15 Diciembre 2022

Juan Camilo Restrepo

El 'jazz' y la paz

Entre aquí para recibir nuestras últimas noticias en su WhatsAppEntre aquí para recibir nuestras últimas noticias en su WhatsApp

Hace poco asistí a una reunión en la que alguien le preguntó al canciller Álvaro Leyva: “Ministro, ¿cuál es la partitura de la ‘paz total’ de este Gobierno”? A lo que Leyva respondió: “No tenemos una partitura predeterminada como en una sinfonía; vamos a improvisar como quien interpreta un buen jazz”.

Todo gobierno merece una moción de apoyo cuando emprende una cruzada por la paz como lo viene intentando Gustavo Petro con la llamada “paz total”. Contrasta con el olímpico desinterés que mostró el gobierno Duque para hacer avanzar la paz durante su cuatrienio. Pero que se le extienda una moción de felicitación al Gobierno no significa que se asordinen las carencias, dificultades, o los pasos en falso que está dando. Es, al fin y al cabo, el costo de caminar sin partitura por un camino pedregoso como el de la búsqueda de la paz.

Los comienzos de los diálogos con los grupos narcocriminales han estado marcados hasta el momento de claro-oscuros. Los enfrentamientos y tropelías contra la población civil que dejan las sangrientas refriegas en Arauca y el Cauca demuestran que estamos aún lejos en encontrar la melodía apropiada para escuchar un buen jazz.

La voz del Gobierno tendrá que hacerse oír con más fuerza. Ya, a raíz de los asesinatos en Buenos Aires en el Cauca, dijo que cambiaba de táctica: que pasaba a la ofensiva con soldados profesionales, y que tender la mano del diálogo no significaba autorización para traquetear. Ojalá sea escuchado. Pero lo cierto es que ni en Arauca ni en el norte del Cauca los buenos propósitos de la “paz total” están arrancando con auspicios promisorios.

La carpintería de la “paz total” tal como se vislumbra de la normativa que se aprobó en la nueva ley de orden público, es supremamente compleja. Y que aun tocando jazz al oído requerirá una dispendiosa tarea de preparación administrativa que todavía no comienza a desplegarse.

Según la nueva normativa, en los diálogos con los “grupos criminales de alto impacto” –así los llama la nueva ley– con los cuales se busca avanzar hacia escenarios simultáneos de “paz total”, será necesario preparar entre otras muchas cosas la siguiente utilería:

Identificar a los grupos y sus voceros; definir mediante decreto ejecutivo cuáles son las condiciones que debe cumplir todo grupo que se someta; definir los esquemas presupuestales que deben estar arbitrados de antemano; definir cómo funcionarán el desarme; delimitar las zonas geográficas donde habrá comisionados regionales y donde operarán la desactivación de las órdenes de captura y de extradición; regular cómo funcionarán los llamados gabinetes de paz donde tendrán asiento gobernadores y alcaldes; definir cuándo se entenderán satisfechas las obligaciones inherentes al sometimiento por los grupos de alto impacto criminal, no solo en cuanto a entrega de armas sino a la identificación de rutas del trasiego de drogas y demostración de la real voluntad de reincorporarse a la sociedad civil; condiciones para el desmantelamiento de todo lo que tenga que ver con economías ilegales; organizar quiénes serán los jueces y cuáles las penas que deben asumir los reincorporados, entre otras muchas tareas pendientes.

Todo esto está muy crudo. Y no se nota aún un esfuerzo organizativo importante por parte del Gobierno de Petro para dotar de marcos legales claros la manera como se adelantarán los diálogos de la “paz total”.

Hasta el momento las cosas se adelantan a golpes de improvisación como en un buen jazz. Los diálogos con las pandillas juveniles de Buenaventura parecen marchar por buen camino y son admirables; mientras que la incorporación como gestores de paz de los miembros pertenecientes a la primera línea luce como la nota desafinada en este complejísimo jazz que empieza a interpretarse. La figura de la gestoría de paz nunca se entendió como una pesca milagrosa de la que salían al “por mayor” presos de las cárceles. Siempre se entendió que se trataba de unos pocos reclusos allegados al grupo con el que se sostenían diálogos y postulados por este. En 2017-2018 se calificó solo a dos reclusos que llevaban largos años privados de la libertad como gestores de paz (Cuéllar y un hermano de Antonio García). Masificar la figura de los gestores de paz como se pretende hacer ahora con los sindicados de la primera línea, y tal como ya lo indicó el presidente de la Corte Suprema, puede constituir una delicada invasión a la independencia de jueces y fiscales.

Esperemos que al final podamos escuchar un buen jazz y no una desafinada sinfonía.

Conozca más de Cambio aquíConozca más de Cambio aquí

Más Columnas