Valeria Santos
11 Diciembre 2022

Valeria Santos

El ministro sin máscara

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Fue una sopresa, y francamente una desilusión para muchos de los que votaron por Gustavo Petro, que el Partido Conservador, con una celeridad sospechosa, ingresara a la coalición de un gobierno de izquierda y además pusiera su cuota en una de las carteras que más poder y presupuesto tiene: el Ministerio de Transporte. El ministro Guillermo Reyes, con poca afinidad ideológica con el Pacto Histórico, pero eso sí, con muchas relaciones con la clase política tradicional que viene desangrando al país por años, se quitó la máscara, y está comenzando a revelar que no habrá ningún cambio y que por el contrario se encargará de que los clanes políticos de siempre sigan secuestrando la contratación pública. 

Esta semana la Agencia Nacional de Infraestructura, adscrita al Ministerio de Transporte, le adjudicó el proyecto de la restauración del Canal del Dique a la controvertida empresa española Sacyr, única oferente, y que además dejó el puente Hisgaura como un acordeón. El gobierno del cambio le entregó la megaobra a la misma empresa que fue duramente criticada por miembros del Pacto Histórico cuando eran oposición. 

Pero otra noticia pasó desapercibida. 

El ministro de transporte, Guillermo Reyes, inauguró el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar, SIVA, desatacando la importante labor realizada por Katrizza Morelli, gerente del sistema hace diez años. Lo que no contó el ministro es que la inversión de más de 300. 000 millones de pesos se hizo para crear un sistema que no es sistema ni está integrado, ni está finalizado, ni es completamente funcional a la fecha y sus contrataciones han estado llenas de irregularidades, investigaciones y retrasos. 

aPE CUELLO COLUMNA

Esta defensa airosa de la gestión de Morelli solo se puede explicar por las relaciones del ministro y de su esposa Carmen Larrazabal, que es de Valledupar, con la clase política tradicional del Cesar que se ha encargado de desangrar el departamento. Según las fuentes de la región, Katrizza Morelli es ficha del clan Gnecco, quienes la promovieron para ser nombrada en el cargo hace casi una década. Uno de sus principales aliados es el representante Ape Cuello, quien también sería muy cercano al actual ministro de Transporte. Incluso, el 2 de diciembre el representante festejaba en una foto con el ministro, Morelli, la esposa del ministro y otros, la inauguración del cuestionado sistema. 

Foto Ape Cuello columna

Además, desde su posesión, se le ha visto al ministro, del gobierno de la paz total,  visitar recurrentemente el departamento del Cesar, siempre acompañado del representante Cuello, investigado por la Corte Suprema de Justicia por presuntamente participar en el desfalco de los recursos que tenían que hacer posible esa tan anhelada paz. 

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Para la habilitación del SIVA, según la página web de la entidad, se han adelantado al menos siete intervenciones viales y un canal, además de la compra de los buses. Dos de estas fueron realizadas en el Centro Histórico de la ciudad. En estas se instalaron adoquines y calzadas para el tránsito de los buses, no obstante, según fuentes de la capital del Cesar, la infraestructura habilitada ya presenta problemas y los adoquines se han ido desprendiendo; adicionalmente, las viviendas aledañas a las obras sufrieron daños y los habitantes del sector han venido poniendo denuncias contra la empresa SIVA. A raíz de esto, la Contraloría Municipal abrió una investigación. 

Uno de los problemas que aseguran las fuentes tiene el SIVA, es que no se hicieron paraderos para los buses y aún no se conocen las rutas por la que estos transitarán. Adicionalmente, el ministro Reyes hizo alusión a la integración del SIVA con el sistema de bicicletas públicas de la ciudad, que se proyectó y construyó en la administración anterior, pero que cayó en desuso y ahora no existe. Las 130 bicicletas que adquirió la administración municipal se están oxidando en un el patio de la alcaldía. 

Otra de las obras del SIVA llena de cuestionamientos es la del llamado “Canal de Panamá”, un canal de recolección de aguas de lluvia, que aún estaría inconclusa, pues le habría hecho falta la construcción de un tramo, llevando a estancamientos de agua, desbordes y problemas ambientales serios para los vecinos que deben aguantar el mal olor, derivado, según las fuentes, de un mal diseño de la obra. 

Y como si no fuera suficiente, el contrato de buses también tendría serios cuestionamientos. En total se adquirieron 130 buses por 44.500 millones de pesos, no obstante, la totalidad de los buses aún no ha sido entregada, y para rematar, se encuentran guardados en un patio privado, porque el SIVA no ha habilitado los parqueaderos. Este contrato ha tenido 4 prórrogas, una con adición de recursos por casi mil millones.

Considerando quiénes están detrás del SIVA, todo esto era previsible. Sin embargo, lo que muchos esperábamos que cambiara en la presidencia de Gustavo Petro era que al menos el ministro de Transporte del gobierno del cambio no defendiera a los clanes políticos de siempre y posara orgulloso en fotos con los mismos. Un ministro de Transporte de un verdadero gobierno del cambio hubiera denunciado lo ocurrido en el SIVA y jamás lo hubiera reducido al lugar común de la “injusta” persecución y saboteo a una funcionaria. 

No nos dejemos engañar, el Partido Conservador sigue siendo dueño de los recursos de los colombianos y todo está ocurriendo en la presidencia de quien algún día denunció a los clanes políticos, sus alianzas con los paramilitares y el régimen de la corrupción que, según el presidente Petro, iba a derrocar en su mandato. Tristemente a todos, y no solo al ministro, se les está cayendo la máscara. 

Más vale que desde el periodismo vigilemos atentamente, no solo el contrato del Canal del Dique entregado a la cuestionada Sacyr, sino también las aprobaciones presupuestales que desde el Ministerio de Transporte seguramente lloverán a los departamentos que controlan el Partido Conservador y sus clanes políticos. Ya el representante Ape Cuello anunció que con el ministro trabajarán en la terminal de pasajeros del aeropuerto Hacaritama de Aguachica y en las obras de acceso a Valledupar. Ojalá que estos contratos no terminen en las manos, una vez más, de los amigos de Ape, ¿o sus testaferros? 

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