El anónimo tiene 16 páginas. Está marcado como Confidencial y se titula “Sobornos Carlos Jaller”. No tiene metadata, ni datos técnicos de autoría y no dice quién es el escritor. Fue filtrado con el fin de que se publicara, la primera vez a principios de mes, y la segunda a inicios de esta semana, a varios periodistas en diferentes medios, según las fuentes, “por unos abogados costeños cercanos a la Fiscalía”.
El documento en su primera página dice textualmente: “Es el caso conocido como el de la ‘Universidad Metropolitana’ y el ‘Hospital Metropolitano’ de Barranquilla y que ha ocupado espacios en los medios de comunicación por cuenta de las columnas que sobre el conflicto ha publicado el periodista Daniel Coronell”.
Un poco de contexto histórico para entender el montaje actual.
El 12 de julio de 2020, el periodista investigativo Daniel Coronell inició una serie de columnas en Los Danieles sobre el entonces senador Eduardo Pulgar, que terminaron con esta persona presa y condenada por intentar sobornar a un juez.
La primera investigación, titulada ‘Pulgarcito’, establece que Pulgar se reunió con Andrés Rodríguez Cáez, un juez promiscuo del municipio de Usiacurí, con el fin de ofrecerle un soborno de 200 millones de pesos para que fallara a favor de los intereses de un aliado político del excongresista.
Todo hace parte de una pelea entre dos ramas de la familia Acosta. En una esquina, los Acosta Osío y, en la otra, su familiar Ivonne Acosta Acero casada con un señor de apellido Jaller. Estos se disputan el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, Unimetro, y el Hospital Metropolitano de la misma ciudad. La pelotera es por mucha plata, ya que las dos entidades facturan cada año la bicoca de 80.000 millones de pesos.
Profundicemos. En uno de los bandos estaba Luis Fernando Acosta Osío, quien había apoyado la campaña de Pulgar al Congreso y quien en junio de 2016 fue retirado de la junta directiva de la Unimetro, por orden de Ivonne Acosta Acero.
Tal era la problemática entre ambos bandos, que cada uno por su cuenta intentó registrar un rector diferente. Carlos Jaller, un antiguo director que fue retirado en medio de la polémica, denunció los hechos y solicitó una audiencia de restablecimiento de derechos, buscando suspender las actas con las cuales fue removido de su cargo. Por una acción de tutela el caso llegó a las manos del juez Rodríguez Cáez, momento en el cual Pulgar buscó la forma de torcer el fallo judicial para tener el control de la Universidad.
El ofrecimiento consistía en que el juez Rodríguez Cáez actuara en sus diligencias a favor de los patrocinadores políticos del entonces congresista y, a cambio, tendría una prebenda económica de “200 barras”, o 200 millones de pesos, como quedó registrado en una grabadora que el juez llevó a la reunión, audio que reveló Coronell.
Por estos hechos, Pulgar resultó llamado a indagatoria por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y cohecho por dar u ofrecer. El excongresista se acogió a la figura de la sentencia anticipada y fue condenado a 58 meses y 25 días de prisión.
Coronell ha continuado con la investigación en varias columnas y programas radiales, de El Reporte Coronell, en La W Radio. El pasado 31 de agosto publicó que “el pleito por la Universidad Metropolitana ha transitado un camino tortuoso, pues varios funcionarios judiciales están cuestionados por su actuación en este proceso en el que nada le pasa al señor Luis Fernando Acosta Osío”.
Así es, de hecho, dos magistrados de Barranquilla, Demóstenes Camargo y Jorge Mola Capera, están acusados por prevaricato para favorecer a Luis Fernando Acosta. Mola además es investigado por enriquecimiento ilícito porque no ha podido explicar 1.350 millones de pesos que le aparecieron en su patrimonio. El fiscal delegado ante la Corte Suprema, Julio Ospino, lleva los procesos contra los dos jueces barranquilleros.
Pero con el nombre de Luis Fernando Acosta Osío volvamos al montaje. Según el documento filtrado a diferentes periodistas por los abogados costeños descritos como “cercanos a la Fiscalía”, el Hospital Metropolitano estuvo en poder de la familia Jaller entre agosto de 2019 y marzo de 2021.
Luego de que el hospital volviera a manos de la familia Acosta, en marzo de 2021, se inició un pretendido proceso de auditoría forense y financiera patrocinado por los Acosta Osío, con el fin de determinar el monto del supuesto saqueo que sufrió dicha institución durante la administración de Javier Cuartas Jaller, sobrino de Carlos Jaller.
Según el documento, culminada la supuesta auditoría, el nuevo representante legal del Hospital Metropolitano, Alberto Acosta Pérez, familiar del señor Luis Fernando Acosta, procedió a formular una denuncia penal ante la Fiscalía de la ciudad de Barranquilla, con el fin de que se inicien las respectivas investigaciones por el detrimento de alrededor de 80.000 millones de pesos.
Según los Acosta, en los archivos convenientemente aparecieron dos documentos manuscritos con los que pretenden afirmar la existencia de un supuesto pago de 150.000 dólares a Daniel Coronell por parte de la familia Jaller. Sobra aclarar que eso es falso, que Coronell nunca ha recibido esos dineros y que está abierto a cualquier investigación sobre el tema. Pero sigamos.
El primer documento se titula “Gastos marzo 2020”, en donde en el tercer renglón, dice “compra 75.000 dólares Periodista Coronell” y posteriormente un renglón que dice $307.500.000”. El segundo documento es una página en blanco, donde en el primer renglón, con la fecha 13 de julio de 2020, aparece “compra 75.000 dólares saldo Periodista Coronell” y en el siguiente recuadro $271.000.000.
Un dato importante es que ambos papeles están escritos a mano y fueron plantados en ese archivo, para desvirtuar las investigaciones que Coronell valientemente ha hecho en contra de esa familia, y atribuirle, de manera falaz, que ha hecho sus investigaciones contratado por los Jaller.
Pero el tema no para ahí.
Pese a que el allanamiento de la información se realizó el 6 de abril de este año, existe un documento de la Fiscalía, que también fue anexado por los mismos abogados costeños “cercanos a la Fiscalía”, con fecha del 10 de octubre de 2022. Es decir, seis meses después del allanamiento. En ese expediente, que está elaborado con información falsa basada en el montaje, se enlistan otras diez personas que supuestamente fueron usadas por Cuartas Jaller para sobornar gente en el caso contra los Acosta.
Lo que terminó sucediendo es que usaron la Fiscalía para darle un carácter oficial a un papel plantado escrito a mano que no tiene ningún valor probatorio. Y, con eso, darle credibilidad al montaje. De esa manera, intentaron filtrar otro documento de la Fiscalía con 424 páginas, en el que se encuentra relacionado otro pago de 50 millones de pesos que supuestamente fue enviado al juez Rodríguez Cáez, por realizar el audio en contra de Pulgar.
Lo extraño es que el juez que valientemente rechazó las 200 barras de Eduardo Pulgar decidió, según la endeble prueba del montaje, venderse a su contraparte por una cuarta parte.
Otro de los papeles apócrifos asegura que Jaller le pagó 400 millones de pesos al fiscal delegado ante la Corte, Julio Ospino, el funcionario que investigó, tiene imputados y acusados a Mola y Camargo, los magistrados barranquilleros que siempre decidían a favor de Luis Fernando Acosta.
Todo falso, queriéndolo aparecer como verdadero.
Por eso acá las fechas nos dan muchas pistas. El documento elaborado por la Fiscalía el 10 de octubre, coincide con el momento en que, desde esta columna, la revista CAMBIO y El Reporte Coronell, se han hecho importantes denuncias en contra del fiscal Francisco Barbosa por sus abusos con los recursos y los funcionarios de la entidad.
El hecho de que se haya intentado filtrar en los medios esta falsa denuncia a inicios de este mes, coincide además con las denuncias que hizo Coronell sobre el preacuerdo que hubo entre el ente acusador con Emilio Tapia para otorgarle una sustancial rebaja de penas en el caso de Centros Poblados.
Coronell reveló que Tapia y la Fiscalía estarían trabajando en un preacuerdo con dos pilares fundamentales: primero, enormes beneficios para el corrupto Tapia, quien bajo esa figura podría quedar libre en cuestión de meses, y, segundo, muy poca colaboración de quien ha sido el comodín de los escándalos de corrupción en el país.
Ese mismo día, en la media mañana, la Fiscalía le hizo saber a la emisora que no existía tal preacuerdo y que la entidad no había concertado con Tapia. En cuestión de horas el ente acusador pretendió desmentir a Coronell.
Al día siguiente, el periodista publicó el audio de una conversación de Emilio Tapia que mostraba al preso haciendo alarde del acuerdo al que llegaría con la Fiscalía. A pesar de lo dicho en la grabación, la entidad insistió en desmentirlo.
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Tras la publicación Tapia puso a circular en redes un comunicado en el que negaba lo dicho por él mismo en la grabación publicada, y lo presentaba como una conversación informal, como una trampa. Así mismo, señalaba a la fiscal Angelica Monsalve de ser la fuente de la información y de haberlo grabado.
Fue entonces cuando Coronell volvió a informar en su espacio de La W que lo dicho por Tapia era falso y que, en su poder, reposan más grabaciones que demuestran que fueron al menos tres, las reuniones de Tapia con funcionarios de la Fiscalía. Coronell le dejó saber a la audiencia que publicaría las grabaciones la semana del 20 de diciembre, que hoy empieza, por un compromiso con su fuente.
En la mañana del viernes pasado, Coronell volvió a anunciar que los audios serán publicados. Y, además, dejó saber que en ellos Emilio Tapia, en su propia voz, afirma que un familiar de un “altísimo funcionario del gobierno de Iván Duque” pidió sobornos por 70.000 millones de pesos en el conocido escándalo de Centros Poblados. El país conoce que Tapia y miembros de las grandes casas políticas de Barranquilla estuvieron en el centro de ese entramado de corrupción.
Por eso nada de esto es una casualidad. Menos que, unas horas después de ese anuncio, intentaran circular de nuevo los documentos con el burdo montaje contra Coronell que tiene también su origen en los poderosos políticos de la costa.
Montaje en el que resultan interesados y beneficiados los Acosta, David Name, el señor Pulgar, su conocido compañero de celda durante mucho tiempo, Emilio Tapia, y desde luego muchos funcionarios, entre ellos el fiscal general Francisco Barbosa, que ha manifestado públicamente su fastidio por las explicaciones que, desde esta columna, la revista CAMBIO y los espacios periodísticos de Daniel Coronell, le han pedido sobre el cuestionable manejo de los funcionarios y recursos públicos puestos a su cargo.
@yohirakerman; akermancolumnista@gmail.com
