Sin duda, el tema más prominente en el discurso del gobierno es la búsqueda de la paz total. No ha sido fácil entender cuál es el alcance de dicho concepto quizás porque dentro del propio gobierno y en su bancada hay múltiples interpretaciones, diversos actores y demasiado afán. Desde el primer momento se nos advirtió que aquí no cabían innecesarias disquisiciones o considerar lecciones aprendidas. Se optó por hacerlo a la Serrat, “caminante no hay camino, se hace camino al andar”.
La paz total aparentemente tiene una estrategia de dos carriles, uno de negociación política con las organizaciones guerrilleras y otro diferente de “acogimiento” judicial para las estructuras criminales. Además, propende por un enfoque local/regional en el que las particularidades del conflicto y de la actividad del crimen organizado en cada territorio deben conducir a unos acuerdos específicos para cada espacio donde se presente violencia recurrente. Además, por primera vez, se les otorgará capacidad negociadora “humanitaria” a los alcaldes, muchos de ellos sometidos o hipotecados a las situaciones y presiones locales creadas por la guerrilla y el crimen organizado en su jurisdicción.
En el primer carril de la paz total, el de la guerrilla, se observa que a pesar de los anuncios de avances en la negociación con el ELN y Nueva Marquetalia las reacciones de esas contrapartes son más bien poco esperanzadoras. Ya empieza a sentirse la complejidad inherente a dialogar con los herederos de Camilo Torres, para no mencionar lo que conlleva hablar con el segmento más envilecido de las ex-Farc. De allí que el gobierno en la desesperada búsqueda de victorias tempranas se ha centrado en el otro carril, el de las bandas y el del crimen organizado.
En este frente el gobierno plantea que sean sujetos de beneficios todas aquellas “estructuras criminales plurales” que se involucren en procesos de negociación con el fin de su “acogimiento a la justicia”. Prácticamente cualquier “combo” de delincuentes puede aspirar a ser sujeto de un tratamiento preferencial. Y los incentivos no son menores. Penas significativamente reducidas, posibilidad de retener porciones importantes de las fortunas ilegales y, quizás lo más grave, la definición de un santuario de repliegue de manera que permita su permanencia entre las comunidades a las que han subyugado y sobre las que han ejercido su terror criminal.
Existen ejemplos en el pasado de aproximaciones similares. El secretario de gobierno y de seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, mantuvo una relación de diálogo con la Oficina de Envigado por varios años y empezó un proceso de negociaciones para un supuesto sometimiento a la justicia con los líderes de esa organización criminal. En ese proceso el señor Villegas, según Caracol, (30/03/2022), “utilizó las relaciones con la Oficina de Envigado… para mostrar resultados en seguridad que se atribuían como acciones de las autoridades cuando en realidad eran pactos con miembros de organizaciones criminales”. El señor Gustavo Villegas fue procesado penalmente por esos hechos.
Esto llevó ciertamente a una disminución dramática de los asesinatos en las comunas, lo que se conoció coloquialmente como la “bernabilidad”, en referencia a Don Berna, zar de Envigado. También en ese bizarro acuerdo se pactó la asignación del control de las comunas y se definieron fronteras entre las bandas. La realidad es que esto no fue la paz sino la cesación temporal de las muertes gracias a la distribución concertada del control de las economías ilegales de la ciudad.
No se puede confundir la paz con la ausencia de asesinatos. La posibilidad de que ocurra algo similar con el enfoque de política criminal implícito en la paz total es alta. El entusiasmo que han demostrado el presidente Petro y su consejero de paz, Danilo Rueda, por la tregua mediante la cual han suspendido sus atrocidades las bandas de los Shotas y los Espartanos, en Buenaventura, es prematuro. Si las negociaciones en curso solo terminan en la permanencia impune de las economías ilegales, en la concesión de espacios de dominio territorial y en el control social por parte de las bandas, habrá tranquilidad para los delincuentes, pero solo esclavitud para los ciudadanos. Presidente, no convierta a los criminales en encomenderos con el control sobre un pueblo subyugado por el crimen.
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