Juan Camilo Restrepo
25 Agosto 2022

Juan Camilo Restrepo

El rompecabezas agrario

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Poco a poco está apareciendo la figura completa del rompecabezas agrario que busca desarrollar la administración de Gustavo Petro. No es un dibujo sencillo, pero luce ambicioso. Y si se ejecuta con orden, presupuestos adecuados y respeto por el Estado de derecho y la propiedad privada, puede llegar a constituir una gran transformación de la ruralidad colombiana.

Hasta el momento, las fichas que van surgiendo para armar este rompecabezas son las siguientes:

En primer lugar: dar cumplimiento y acelerar la implementación del punto número uno de los acuerdos de La Habana que, como se sabe, versa sobre una “transformación rural integral”. Este punto –como el resto del acuerdo– hace parte de la legislación vigente luego de que los acuerdos de paz con las Farc fueran incorporados al “corpus juris” de la legalidad colombiana.

Los análisis que se han hecho por entidades independientes y conocedoras del tema (como es por ejemplo el instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame) coinciden en que la implementación de este capítulo de los acuerdos ha sido deficiente. Su puesta en marcha ha tenido ante todo falencias presupuestales. Y aunque está previsto que sus metas se desarrollen durante el periodo amplio del posconflicto que es de diez años, el momento para acelerar su cumplimiento durante este cuatrienio luce promisorio.

Me atrevo a decir que con solo ejecutar dinámicamente el punto número uno de los acuerdos de paz de La Habana, la administración Petro podría cumplir –sin necesidad de nueva legislación– el 80 por ciento de los objetivos que se ha trazado en materia agraria.

El punto número uno contempla, por ejemplo, que se creará un fondo de tierras con el que se dotarán 3 millones de hectáreas a los campesinos “sin tierra o con tierra insuficiente”; que se titularán 7 millones de hectáreas cuyos ocupantes legítimos carecen de escrituras; que se creará la jurisdicción agraria; que se pondrá en marcha el catastro multipropósito; y, en fin, se señalan diez planes integrales al desarrollo de las zonas rurales más pobres del país, partiendo de la base de que la agricultura moderna no es solo cuestión de repartir “tierras peladas” sino de dotar de bienes públicos (vías, investigación agropecuaria, asistencia técnica, vivienda rural, distritos de riego, educación pertinente para el campo, infraestructura digital, mercadeo y servicios públicos dignos, entre otros) a las zonas rurales.

En el punto número uno de los acuerdos de La Habana tenemos ya formulado, aunque a veces se ignore, todo un programa de desarrollo rural, que llegó en momento de ejecutar con determinación.

La segunda pieza de este complejo rompecabezas agrario –y que tampoco necesita nueva legislación– es seguir cumpliendo cabalmente con la ley de restitución de tierras recientemente prorrogada Su finalidad no ha concluido. Y aunque se viene desarrollando con empeño, queda todavía mucho por hacer para resarcir a quienes fueron despojados con violencia de sus tierras.

La tercera pieza del rompecabezas agrario lo proporciona la sentencia de integración de tutela (de gran trascendencia) que dictó la Corte Constitucional la semana pasada. Allí se reiteró una jurisprudencia trascendental: los baldíos de la nación son imprescriptibles según la Constitución, y no pueden en consecuencia ser adjudicados por los jueces en litigios de pertenencia entre particulares. Están reservados para que la autoridad agraria los entregue a campesinos para finalidades asociadas a programas de reforma agraria. Es decir, las tierras baldías solo pueden recibirlas quienes tengan vocación para participar en procesos de reforma agraria.

La cuarta pieza del rompecabezas agrario lo conforma el avance del catastro multipropósito –del que ya avanzan programas piloto– pero al que llegó el momento de aplicarle el acelerador. Un mayor cubrimiento del catastro multipropósito permitirá actualizar los catastros rurales y por lo tanto los prediales de las zonas rurales. A través de este mecanismo se induciría una mayor productividad. Quedaría abierta así la posibilidad que ha mencionado la ministra Cecilia López para que quien no quiera explotar eficientemente sus tierras pueda venderlas en el mercado de tierras, o al Estado que sería comprador de última instancia. 

Esta pieza del rompecabezas agrario requiere, sin embargo, de dos cautelas importantes: 

Una, que la actualización de los catastros rurales se haga con sumo cuidado. No todas las tierras son iguales; ni su productividad puede calcularse con simpleza. Es una delicada operación consistente en formar los catastros donde no esté formados, o en actualizar los valores catastrales de los ya formados, a sus valores comerciales. Cualquier equivocación en esta materia se pagaría con malestar e incredulidad ciudadana en los nuevos instrumentos. El Gobierno calcula que poner en marcha el catastro multipropósito completo costaría 2 billones de pesos que saldrían de la próxima reforma tributaria.

Mucha preocupación suscita, sin embargo, la situación presupuestal en que se encuentran las entidades encargadas de desarrollar este programa agrario. Las informaciones que empiezan a conocerse son desoladoras. La ministra de Agricultura dice, por ejemplo, que al ministerio le recortaron un 30 por ciento sus recursos en el proyecto de presupuesto de 2023 en relación con el de 2022. Otro tanto denuncia el IGAC (entidad encargada de impulsar el catastro multipropósito), lo mismo que la Agencia Nacional de Tierras. Si estos presupuestos no se restablecen, los buenos propósitos agrarios del gobierno de Petro corren el riesgo de quedarse en eso: en buenos propósitos

La segunda cautela tiene que ser, como es obvio, la de respetar puntillosamente la propiedad privada y el debido proceso. Ningún procedimiento agrario que se parezca a una expropiación será admisible. Más aún: echaría a perder todos los buenos propósitos.

Se ha dicho, por último, que las tierras incautadas a la mafia serán puestas al servicio de una nueva política agraria. Enhorabuena. Este acervo de propiedades hoy inactivas puede fortalecer el banco de tierras para adelantar los programas de reforma agraria que emprenda la administración de Petro.

También hay fichas que aparentemente no se van a mover por el momento, o en todo caso no se ha vuelto a hablar por fortuna de ellas. Me refiero a la idea que circuló en la campaña de elevar bruscamente los aranceles agrícolas como instrumento de protección a la producción nacional (olvidando a los consumidores), y a la implantación de un nuevo Idema (de costosa e ingrata recordación).

El trabajo es inmenso. Requerirá una gigantesca operación presupuestal, jurídica y gerencial por parte del Gobierno. No se trata de una política sencilla pues estamos frente a un rompecabezas de miles de piezas. Pero hay que intentarlo. Vale la pena. 

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