El “comité autónomo de la regla fiscal” como su nombre lo indica, es una entidad independiente del Ministerio de Hacienda y del Gobierno en general, creada por la ley, para ser guardián técnico de la transparencia de las cuentas fiscales de la nación.
Las cifras fiscales son un bien público que debe ser preservado no solo mediante su oportuna divulgación, sino por la transparencia a toda prueba que se supone debe rodear sus contenidos.
Hay que registrar que el “comité autónomo de la regla fiscal” viene haciéndolo bien. Su voz ha tomado credibilidad gracias a la independencia con que rodea sus conceptos. Sin zalamerías, pero sin estridencias viene llamando la atención del Gobierno sobre puntos neurálgicos de la política fiscal, que de otra manera pasarían inadvertidos.
Quiero dar cinco ejemplos de la independencia como viene actuando este comité.
Primero, cuando el gobierno anterior salió triunfante a decir que entregaba “la casa fiscal en orden”, no le tembló la voz al comité para decir claramente que “la casa no estaba en orden”, y explicar por qué.
Segundo, cuando recientemente el Ministerio de Hacienda ha pregonado que el déficit fiscal está bajo control, al presidente del comité autónomo doctor Juan Pablo Córdoba no le tembló la voz para decir en una entrevista al periódico El Tiempo que el déficit era mucho mayor; y que se acercaba a la inquietante cifra de 100 billones de pesos. Naturalmente, una cifra del descuadre fiscal de esta magnitud prende luces de alarma mucho más inquietantes de las que venían informándose.
Tercero, ha dicho también el comité autónomo en uno de sus últimos informes que en cierta manera el Gobierno viene haciendo las cuentas de la lechera, pues una parte importante del recaudo de la nueva reforma no debe llevarse al gasto sino al ahorro, puesto que proviene del ciclo transitorio generado por el petróleo. Ingresos que no son por lo tanto ordinarios sino esporádicos.
Y que la normatividad de la regla fiscal dispone que en esta hipótesis los ingresos se ahorren en vez de ir a financiar el gasto ordinario. O dicho en buen romance: que se deben destinar a reducir el déficit fiscal y no a mayor gasto. Esta advertencia cambia radicalmente los preparativos del presupuesto adicional que se dispone a tramitar el Gobierno en el primer trimestre de 2023 con el producido de la reforma tributaria.
Cuarto, ha sido el comité autónomo el que ha solicitado al Gobierno que lleve el déficit del fondo de estabilización de los combustibles (más de 30 billones de pesos) como un gasto que debe atenderse a través del presupuesto nacional como cualquier otro gasto. Esto evita que tan abultado déficit simplemente se apunte por ahí y no se trate contablemente como un subsidio más que es.
Y quinto, en su último pronunciamiento el comité ha llamado también la atención del Gobierno de lo malsano que resultan sus ambiguas declaraciones sobre si va a firmar o no nuevos contratos de exploración de hidrocarburos. El comité advierte sobre las nefastas consecuencias fiscales que puede tener una decisión de no hacerlo en el mediano plazo.
Es, pues, un gran privilegio para la transparencia fiscal del país contar con un comité como este. Ojalá que su independencia no despierte las iras jupiterianas de la Casa de Nariño.
