Emergencia económica e intervención de la Creg: ¿qué arreglan?

La crisis energética está causando ofuscación en todo el mundo. Y a menudo puede conducir a costosos errores jurídicos.

Lo que está aconteciendo en la Unión Europea es aleccionador. Desesperados con Putin por la guerra de Ucrania y la manipulación de los suministros rusos de gas hacia Europa, Bruselas ha anunciado que estudia modificar unilateralmente los contratos vigentes, rebajando el precio convenido para los suministros de gas ruso al Viejo Continente. Lo que no ha hecho otra cosa que despertar más belicosidad por parte de Putin que anuncia nuevas restricciones ahora que se acerca la temporada de invierno.

Algo por el estilo parece estar sucediendo entre nosotros. Ante los anuncios por parte del Ideam de que se avecina una fuerte temporada de lluvias, el presidente Gustavo Petro informa que el Gobierno está estudiando una emergencia económica “preventiva” de carácter ambiental, al amparo del artículo 215 de la C.N.

El Gobierno deberá ser especialmente cuidadoso en la manera como fundamente dicha emergencia en el evento que la decrete. Será la Corte Constitucional, en virtud del control a los estados de excepción constitucional, el que evaluará si están dadas las causales que exige el artículo 215 de la Carta para decretar una emergencia de esta naturaleza.

La Constitución es muy clara en el sentido de que el estado de emergencia solo procede frente a hechos sobrevinientes, nuevos, inesperados. Y es claro que un mero boletín del Ideam informando que se avecina una temporada de lluvias fuertes no parece ser razón suficiente para sustentar un estado de excepción en el que, como se sabe, la rama ejecutiva reemplaza temporalmente al Congreso en su función primordial de hacer la ley. De allí que se trate de una decisión delicada donde una equivocación puede resultar costosa. Además, recordémoslo, el artículo 215 de la Constitución precisa que: “El presidente de la república y los ministros serán responsables cuando declaren el estado de emergencia sin haberse presentado alguna de las circunstancias previstas”.

Otro episodio se vio en la asamblea de Andesco la semana pasada. Tanto las empresas allí representadas como EPM venían exponiendo caminos para moderar el alza de tarifas. Pero en la clausura del evento, sorpresivamente, el presidente Petro anunció que habían descubierto una fórmula mágica que le permitiría “intervenir a la Creg” y pasar sus funciones regulatorias al Ministerio de Minas y Energía. Esta fue la carta insospechada que salió de la manga gubernamental para controlar al alza desmesurada que vienen teniendo las tarifas de la energía, sobre todo en la costa Atlántica.

No es claro si la facultad que encontró el Gobierno en el plan de desarrollo es suficiente para intervenir a la Creh. Pero más allá de esto, lo que no queda explicado es qué se ganaría con el mero traslado de competencias regulatorias de la Creg al Ministerio de Minas y Energía. En cambio: es evidente lo mucho que puede perder el país destrozando la Creg. Que es una entidad altamente técnica, diseñada para manejar el complejísimo campo de las tarifas de los servicios públicos.

Debe calibrar pues muy bien el Gobierno qué es lo que puede hacer al “intervenir la Creg” de cuya junta directiva hacen parte el ministro de Hacienda, Minas y el director de Planeación Nacional junto con miembros independientes. O sea: voceros no le faltan al Gobierno para hacerse oír en este foro de alto nivel técnico.

¿Buscará fijar nuevas normas tarifarias hacia el futuro? ¿Pretenderá modificar contratos ya existentes? ¿Quién correrá con los costos de una intervención de este género? ¿Qué mensaje se enviará a los mercados de cuyo compromiso con Colombia depende buena parte de las inversiones futuras en el campo energético? ¿Cuál modificación a los esquemas tarifarios vigentes no se puede hacer hoy desde la Creg? Sobre ninguna de estas preguntas hay respuestas.

Tampoco quedó claro entre el desconcertado auditorio de Andesco cómo es que se va a solucionar el problema tarifario –que es básicamente financiero– pasando simplemente el aparataje institucional de la Creg al Ministerio de Minas y Energía.

Es entendible que el Gobierno esté preocupado con el derrotero que vienen tomando las tarifas eléctricas. Fenómeno que por lo demás está altamente asociado al ritmo que muestra la inflación. Pero lo que no quedó explicado es por qué la mejor fórmula para moderar tarifas es la de intervenir la Creg. Rompiendo el esquema institucional que tenemos hace más de 30 años, y sin que ello ponga sobre la mesa un solo peso nuevo para la solución del problema.

Mucho cuidado debe prestarle entonces el Gobierno al aspecto jurídico, evitando intervenciones atolondradas en los contratos sobre los cuales está montada la generación, la transmisión y la distribución de energía que integran uno de los esquemas jurídicos más sofisticados que existe en Colombia. Y que se apoya en normas constitucionales (artículos 365 a 370) lo mismo que en un régimen legal propio (Ley 152) que regula todo lo atinente a la prestación de los servicios públicos en Colombia.

Quedó también flotando en el ambiente de Andesco un aire de evidente improvisación y populismo con esta propuesta sobre la Creg. A diferencia del otro anuncio energético que hizo el presidente Petro esta semana –ese sí responsable y antipopulista– según el cual el Gobierno se dispone a reanudar la política de reajuste de los precios internos de la gasolina pues el déficit del fondo de estabilización de los combustibles se ha vuelto explosivo. Y puede terminar devorando todo lo que se consiga con la reforma tributaria sin dejar margen para la inversión social.