El comité autónomo de la regla fiscal está resultando un buen instrumento para decir la verdad sobre las cuentas públicas y para jalarle las orejas al gobierno cuando sea necesario. Este comité fue creado con un alto grado de autonomía en la última ley que redefinió la arquitectura y funcionamiento de la llamada regla fiscal.
Cuando se presentó hace pocas semanas el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2022, el ministro de Hacienda dijo jubiloso que “la casa se entregaba en orden”. Sin embargo, en un comunicado posterior del comité autónomo de la regla fiscal se dice que “la casa no está aún en orden, el Marco Fiscal de Mediano Plazo traza la senda para ordenarla”.
Esto debió caerle como una ducha de agua fría al entusiasmo del ministro de Hacienda. ¿Por qué dijo el comité autónomo de la regla fiscal lo que afirmó?
En gran síntesis, porque el comité autónomo encontró que el camino para declarar la casa fiscal en orden todavía es largo; y que el nuevo gobierno (aunque recibe unas finanzas públicas a las que se le han hecho algunas mejorías) le queda un ajuste grande por delante.
Y por lo tanto, el margen fiscal que encuentra la administración Petro para desarrollar los ambiciosos programas que ofreció durante la campaña y que tanta expectativa han despertado son alarmantemente estrechos. Tanto más, si le damos fe a las declaraciones que el presidente electo como su nuevo ministro de Hacienda han hecho en el sentido de que respetarán la regla fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El comité autónomo al que nos hemos referido señala, por ejemplo, que ha habido en los últimos años un acelerado proceso de endeudamiento público quizás explicable por las afugias de la pandemia, pero no menos delicado cuando los niveles porcentuales de la deuda pública alcanzan guarismos nunca vistos. Por ejemplo, en el año entrante más de una cuarta parte de los impuestos deberán destinarse al pago de intereses de la deuda contraída. “Esta obligación disminuye la capacidad del gobierno de invertir en otros programas”, agrega el comité autónomo en su dictamen.
Para llevar el endeudamiento estatal a lo que se denomina “ancla” de la regla fiscal será necesario reducir la deuda neta del gobierno que para 2021 alcanzó 60,8 % al 55 % del PIB en el 2024.
Concluye este nuevo veedor de las cuentas públicas que: “La casa no está aún en orden, el marco fiscal de mediano plazo traza la senda para ordenarla. La aplicación de la fórmula de la regla fiscal que empezará a regir desde 2026, cuando termine la transición, exigirá la necesidad de un déficit 2 % del PIB menor al que se tiene programado en 2022”.
Todo lo anterior dicho en buen romance significa que las cuentas fiscales que recibe el nuevo gobierno están supremamente ajustadas; y que prácticamente es imposible aumentar el gasto social vía más endeudamiento como se hizo durante la pandemia. Con lo cual el único camino que le queda al gobierno Petro es aumentar los impuestos para financiar su ambicioso programa de gasto social. O sea, la reforma tributaria que se ha anunciado como prioridad sobresaliente en la agenda de la nueva administración.
Esta reforma tributaria ni está redactada ni mucho menos cuantificada. Los equipos técnicos bajo la batuta de José Antonio Ocampo deben estar trabajando intensamente en ello, para poder llevar a consideración del Congreso en los primeros días de la legislatura que se abre el 20 de julio un proyecto completo y cuantificado. Hasta ahora no hemos recibido sino algunas noticias fragmentarias y a cuentagotas.
Esperemos pues este proyecto que resulta crucial toda vez que la casa fiscal como lo dictaminó el comité autónomo “no está aún en orden”. Y es la única manera de combinar más gasto con prudencia fiscal.
