“Un peligro para la seguridad nacional”. Esa es la razón que utilizó el expresidente Iván Duque en diciembre de 2018 para expulsar del país al venezolano Carlos Manuel Pinto, esposo de la hoy senadora por el Pacto Histórico Gloria Flórez. Cuatro años antes, el gobierno de Juan Manuel Santos usó el mismo argumento para sacar de Colombia al también venezolano Loren Saleh. El primero de izquierda, el segundo de derecha. Pero los dos expulsados injustamente por motivos ideológicos, por dos gobiernos opuestos, que similarmente instrumentalizaron la supuesta discrecionalidad de la autoridad migratoria para cumplir un capricho.
El modus operandi fue el mismo: los dos fueron arrestados por la Policía Nacional, sin avisarles el motivo de la privación de su libertad, ni a dónde iban a ser trasladados. Lo peor de todo: no existía una orden de captura de un juez. Fueron enviados por vía aérea desde Bogotá hasta Cúcuta, de manera sospechosamente apresurada, en donde fueron entregados a las autoridades venezolanas en el puente fronterizo Simón Bolívar.
El desenlace también fue parecido. El nuevo gobierno de Gustavo Petro revocó el acto administrativo de la administración de Duque, que expulsó a Pino del país, permitiéndole regresar a donde su familia colombiana. Así como también el gobierno de Iván Duque recibió al joven Lorent Saleh, expulsado por diez años por el gobierno de Santos, en el palacio de San Carlos en febrero de 2019. Aunque es importante aclarar que después de la expulsión, este último duró preso en Venezuela por más de tres años sin un juicio y fue sometido a tratos crueles e inhumanos causando afectaciones graves a su salud física y mental.
Ahora bien, tanto Pino como Saleh han sido acusados de tener un pasado oscuro.
En diciembre de 2018, según el gobierno de Duque, Pino realizaba labores de inteligencia para el régimen de Nicolás Maduro y era el enlace directo entre el mandatario y Colombia. También lo acusaron de instigar las protestas de venezolanos en nuestro país. Hay que aclarar que la opinión pública nunca conoció las pruebas de estas acusaciones.
Por otro lado, el 26 de mayo de 1999, según el comandante de la Séptima Brigada del Ejército, Francisco René Pedraza, en el campamento en donde se dio de baja a alias Esteban González, el que le manejaba las finanzas a las Farc, se encontraba el señor Pino García. Aunque la Fiscalía concluyó que era colaborador de las Farc y que se debía enjuiciar por el delito de rebelión, nunca hubo condena de un juez.
El caso de Saleh es distinto. El gobierno de Juan Manuel Santos argumentó que su situación migratoria era irregular y que atentaba contra la seguridad nacional al realizar labores proselitistas en Colombia que, por su tipo de estadía, le estaban prohibidas y que, adicionalmente, contaba con una orden de arresto del país vecino. Hay que aclarar que el gobierno de Santos sabía que las órdenes de arresto en la dictadura venezolana carecían de sustento jurídico y eran en su mayoría violatorias de los derechos humanos.
Según la revista Semana, Saleh había sido ponente en el lanzamiento de la Alianza Nacionalista por la Libertad, un movimiento apéndice del grupo colombiano neonazi Tercera Fuerza y, además, según el canal de Noticias Uno, había grabado un video diciendo que tenía gente armada en Colombia, en específico francotiradores, que podían llevar a Venezuela.
A pesar de estas graves acusaciones, ninguna fue probada por la justicia colombiana. Tanto en el caso de Pino como en el de Saleh, la expulsión fue irregular al adelantarse en pocas horas, sin permitirles el derecho a la defensa, ni la asistencia de un abogado, es decir, se violó su derecho al debido proceso, que es parte de nuestra Constitución y de los tratados firmados por Colombia en materia de derechos humanos, y que deben primar sobre cualquier acto administrativo.
Al señor Pino, además, se le expulsó sabiendo que lo iban a separar de su núcleo familiar, que es colombiano y, peor aún, al señor Saleh lo enviaron a Venezuela sabiendo que el riesgo de ser torturado y detenido injustamente era muy alto. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya afirmó que en el caso de Lorent Saleh, Colombia había incumplido con sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Y aunque muchos alegarán que el ejecutivo cuenta con la discrecionalidad para expulsar a los extranjeros a su antojo por medio de actos administrativos, es importante aclarar que esto no es cierto, ya que las políticas migratorias deben ajustarse a los derechos humanos y al debido proceso.
Más vale que el nuevo gobierno no repita estos errores. Ahora que estamos viendo al presidente Petro tan cercano al dictador Nicolás Maduro, hay mucha preocupación por miembros de la oposición venezolana y periodistas investigativos que han sido muy críticos con los abusos del régimen de Maduro, que viven y se refugian en Colombia. Por medio de actos administrativos no se debería volver a expulsar a ningún extranjero caprichosamente, ni siquiera como tarjeta de negociación entre los dos gobiernos.
