Sobre el galeón San José y el trabajo del equipo del presidente Santos involucrado en este tema, se podría escribir un libro. O varios. Es tan apasionante el asunto y fue tanto lo avanzado que resultan incomprensibles las decisiones que ha tomado el gobierno Duque en cabeza de la señora vicepresidente Marta Lucía Ramírez asesorada por Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Todas, no solamente abiertamente antijurídicas, sino inconvenientes, poniendo en riesgo al gobierno y privando a los colombianos de una de las experiencias científicas más importantes para la humanidad. Las demandas millonarias por esos errores no se harán esperar.
El proyecto del galeón recibió siempre el mayor interés del presidente y, además en todas las decisiones y en la estructuración de su programa de intervención arqueológica, contó con el apoyo de la Comisión de Antigüedades Náufragas que la conformaban personas de las más altas calidades y experiencia; se realizaron reuniones permanentes con los Ministerios de Defensa, Hacienda, Relaciones Exteriores, Interior y la Armada Nacional; con las Altas Cortes, la Academia y el Icanh, y con aquellas entidades y funcionarios, además de asesores externos expertos en la materia, se definió, la política pública sobre patrimonio cultural sumergido que después se convirtió en la Ley 1675 de 2013. Ley ampliamente debatida en el Congreso de la República y también por las universidades donde los fundamentalistas sacaron a relucir todas sus banderas. Se dieron todos los debates y la ley no solamente fue aprobada, sino que pasó el examen de constitucionalidad.
Aunque para el Estado colombiano el galeón San José tenía máxima importancia desde una perspectiva histórica, científica, patrimonial, también era trascendente para el gobierno establecer una política pública viable que adoptara un marco regulador para el patrimonio sumergido. En esto jugó un papel fundamental Ernesto Montenegro en su calidad de director del Icanh.
Me resulta incomprensible que el gobierno Duque haya siempre tenido una actitud totalmente hostil frente a nosotros en este y en otros muchos asuntos. Puedo aseverar con certeza que ningún funcionario de ese gobierno estudió los términos de la Alianza Público Privada para conocer cómo había sido estructurada y mucho menos tuvieron el más mínimo interés en conocer el proceso científico de arqueología submarina planteado.
Casi todo lo aseverado por la señora vicepresidente y por el director jurídico son falacias, aunque con argumentos que reciben el aplauso de los fundamentalistas, enormemente taquilleros, populistas y peligrosos.
Lo primero que es necesario saber es que desde el año 1983, en el gobierno de Belisario Betancur, el Estado mostró interés en este asunto y desde esa época se viene conversando y especulando sobre el hallazgo del San José. Fueron denunciadas unas coordenadas y en el gobierno del presidente Gaviria quedó claro que en estas no se encontraba el pecio. En varias oportunidades se llevaron al Congreso leyes para regular el tema sin éxito hasta la presentada por nosotros en 2013. La Corte Suprema se ha pronunciado en diversos fallos sobre esta y otras materias que componen todo el andamiaje jurídico en torno al galeón; teniendo en cuenta toda esa historia y cada pronunciamiento, se construyó la política pública de patrimonio sumergido para el país.
Anteriormente, la Dimar (Dirección General Marítima) y la Armada Nacional, eran los encargados de lo referente al patrimonio sumergido; ambas dependencias hacen parte del Ministerio de Defensa, cartera ocupada por Marta Lucía Ramírez en el año 2002-2003. Los colombianos nunca supimos del profundo interés de la señora vicepresidente en este asunto cuando estuvo bajo su resorte y no le oímos siquiera un solo pronunciamiento.
Uno de los grandes avances de la ley fue permitir la realización de Alianzas Público Privadas para asuntos de patrimonio sumergido. Colombia jamás contará con el presupuesto para realizar las intervenciones arqueológicas y los desarrollos científicos propuestos en el APP del San José. Se le exigía a quien tuviera interés en el proyecto a riesgo cero para Colombia, construir un laboratorio especializado en análisis de materiales, clasificar técnicamente la totalidad de las piezas encontradas y realizar un análisis del sitio arqueológico y, por último, construir un museo en Cartagena para que todos los colombianos pudiésemos disfrutar de lo encontrado en el pecio.
No es cierto que hubiéramos propuesto pagar el hallazgo con bienes considerados como bienes culturales de carácter patrimonial. Lo que estableció la ley, es que le correspondía al Consejo Nacional de Patrimonio, calificar, cuáles bienes, en virtud de lo hallado, se debían considerar patrimonio de la Nación y cuáles no. Bajo principios universalmente aceptados, es posible y deseable realizar esa valoración, la cual puede ser acompañada por expertos. Uno de estos principios a considerar es el criterio de repetición. Quiere decir esto que, si se encuentran bienes que, en un momento tuvieron valor de cambio tales como lingotes de oro y plata, piedras preciosas, o perlas, no intervenidas por el hombre, o monedas, a manera de ejemplo, el Consejo Nacional de Patrimonio puede dejar una muestra representativa del conjunto y disponer de lo demás. Sin embargo, es una mera posibilidad.
En mi opinión personal es esta la única manera que tiene Colombia de adelantar un verdadero proyecto arqueológico, científico, universal y de impacto.
La historia real del galeón después de su descubrimiento por el gobierno del presidente Santos en 2015, (“nadie le quita lo bailao”) cuando se presentaba como una oportunidad para el conocimiento, la protección y exposición del patrimonio cultural sumergido, se convirtió en agosto de 2018 en un asunto incómodo que el nuevo gobierno no tenía ningún interés en continuar.
En efecto, se consideró tempranamente que la política soberana de Colombia sobre el patrimonio sumergido generaba tensión con países cercanos y se privilegió el letargo en las decisiones en oposición a la política clara y responsable que había sido elaborada previamente.
El primer desacierto fue el de dar largas al pago sobre los servicios recibidos por parte de la empresa contratista que proporcionó los medios técnicos para el hallazgo del pecio, a un costo muy inferior al que se ha reconocido en otras operaciones del mismo tipo en el mundo, (6 millones de dólares) y que arrojó una información que no existía sobre el San José; este costo podía ser saldado procediendo a suscribir el contrato y abonando el valor a la inversión ofrecida; o en el evento de no resultar adjudicatario por presentarse una mejor propuesta, esos costos los asumía el nuevo oferente vencedor y le obligaba reembolsar ese valor al originador. En ese momento la tasa de cambio favorecía los intereses económicos de Colombia; sin embargo, se decidió prorrogar al asunto y esperar a duplicar el valor de la deuda como consecuencia de la política monetaria que duplicó el valor del dólar. Esto sin hablar de los intereses que corren en detrimento del presupuesto público, hoy, obligado a asumir ese costo ¿Se habrá constituido un detrimento?
El segundo desacierto fue el de conminar al Consejo Nacional de Patrimonio a tomar decisiones en contra de la legislación nacional. Sin ningún dato adicional con respecto a la naturaleza, calidad y estado de conservación de los materiales sumergidos, el gobierno optó por contradecir lo estipulado en la ley y en consecuencia actuar de forma ilegal, y en cambio, hacer una declaratoria abstracta, incierta en su calidad e inaplicable en términos de gestión.
El tercer desacierto fue el de evadir las responsabilidades administrativas en los procesos de licitación. Durante casi cuatro años se hicieron todo tipo de artimañas buscando chivos expiatorios para que finalmente se declarara desierta la alianza publico privada, en contravía de los tiempos y los procedimientos públicos. Dicha declaratoria evidente no procede, pues es claro que en este caso existe oferente.
Pero los verdaderos desaciertos de este gobierno fueron: el haber renunciado a desarrollar investigación científica en sus aguas territoriales, el haberse negado a que Cartagena tuviese un museo de patrimonio sumergido de calidad internacional, e impedir a toda costa que se recuperaran y se conservaran los bienes del patrimonio cultural. En cambio, el gobierno privilegió la propaganda malintencionada, la falsedad de afirmaciones en medios de comunicación y la inoperancia.
Juan Manuel Santos y su equipo definieron una política soberana sobre el patrimonio cultural sumergido, hallaron el pecio del galeón San José, estructuraron un programa completo de investigación científica para poderlo rescatar y divulgar. Este gobierno, por el contrario, naufragó porque en lo que al San José respecta, como en tantos otros asuntos, no deja nada.