Según los datos abiertos de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBDP), Antioquia es el departamento con mayor registro de desapariciones en el país: 23.077. El segundo es Meta, con 8.755. La cifra más baja está en el archipiélago: 8.
Buscar a 99.235 personas que han sido desaparecidas durante décadas y distribuidas en las tierras y las aguas de un país con más de un millón cien mil kilómetros cuadrados es uno de los compromisos de verdad, reparación y no repetición más ambiciosos de los Acuerdos de La Habana. Aunque los resultados se evidencian de diversas formas, como planes regionales, prospecciones, cuerpos recuperados o tomas de muestras; las entregas dignas son la medida del éxito.
El 19 de febrero culmina el mandato de Luz Marina Monzón, directora de la UBPD, quien estuvo a cargo del montaje y arranque institucional. María Camila Moreno, directora del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) e integrante del Comité independiente que elegirá la nueva dirección, considera que la prioridad actual es “darle mayor celeridad a la búsqueda, empezar a obtener resultados concretos, identificación y entrega digna de restos de personas desaparecidas”. (Véase: https://onx.la/526f3).
Como otros expertos cercanos a este proceso, Moreno sostiene que Monzón “privilegió el proceso de planeación”; quizás por eso, las 34 medidas cautelares decretadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) parecieran ser ante la opinión pública el “buque insignia” de la búsqueda. Para citar un ejemplo, el reinicio de excavaciones en La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín, sería impensable si en ese marco de medidas cautelares la JEP no hubiera obligado a la Alcaldía de Medellín ―que efectivamente cumplió las órdenes― a financiar las intervenciones.
En entrevista a CAMBIO, Sergio Jaramillo, uno de los arquitectos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), dijo sobre la UBPD: “Hace un mes hablaban de 173 entregas dignas, evidentemente cada entrega es un milagro que hay que agradecer, pero son cifras supremamente bajas. Si el universo que tienen es cerca de 100.000 desaparecidos estamos hablando de exactamente 0,173 por ciento. Esos, realmente, no son buenos resultados”. (Véase: entrevista a Sergio Jaramillo).
Ahora bien, si miramos el panorama mundial, la Comisión Internacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas (ICMP, por sus siglas en inglés), creada tras el conflicto en la antigua Yugoeslavia durante los años noventa, estima que 40.000 personas fueron desaparecidas. Hoy se tienen respuestas en un 75 por ciento de los casos. No obstante, el caso colombiano está más cercano a la historia de desapariciones forzadas en Perú, Guatemala y Argentina.
¿Acaso el camino es el enfoque forense?
Hoy, la UBPD no tiene sus propios laboratorios forenses, está sujeta a la capacidad instalada del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y del Instituto Colombiano de Medicina Legal (ICML), dependencias de la Fiscalía General de la Nación (FGN). Según Moreno: “En estos cinco años, lo que hemos visto es que esa coordinación no ha funcionado tan bien. Tanto el INML como el CTI tienen una tarea enorme […] Pareciera no haber la capacidad suficiente, hoy por hoy, para atender las tareas normales que tienen y, adicionalmente, suplir las necesidades de la UBPD”.
Carlos Manuel Bacigalupo, antropólogo forense que hasta octubre de 2022 se desempeñó como experto técnico de la Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación de la UBPD, afirma: “Si yo veo que mi problema es forense: tengo que contratar equipos forenses. En un lapso de diez años, la FGN trabajó con quince equipos forenses y eso significa más o menos sesenta personas, dentro de la formulación de equipos en Colombia. Un equipo de FGN recupera un promedio de cincuenta cuerpos al año. Esto es lo que se debió haber pensado y jamás se hizo el diagnóstico: la gente que organizó la estructura de la unidad y de planta jamás pensó en eso […] la UBPD jamás ha tenido un enfoque forense”.
Con la autoridad que le dan veintitrés años de búsqueda en Bosnia Herzegovina, Croacia, Kosovo, Perú, Colombia y México, enfatiza: es preciso replantear la estructura de la UBPD. El experto, actual asesor técnico para el Centro Nacional de Identificación Humana de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas en México, reflexiona sobre la arquitectura institucional: “No sirve para nada porque ha centralizado todo el esfuerzo de la UBPD en una investigación que no se articula con otras áreas y está basada en una perspectiva histórica, jurídica, legalista, menos en la línea de investigación que tiene que ser la que oriente la tarea de la unidad, consecuente y concordante con el cambio de paradigma del cual se habló cuando se creó la UBPD: el enfoque forense como eje principal”.
Bacigalupo recuerda que en 2019, la meta de recuperación fue de ocho cuerpos, el resultado al final de año fue cero. Cuando se retiró de la UBPD, la proyección para cumplir la meta de 450 cuerpos recuperados indicaba que esto no se cumpliría, que quizás se llegaría a un 80 por ciento. Entendiendo que la meta para 2023 debe ser igual o superior, se puede enfrentar un escenario similar. Por eso, considera urgente el fortalecimiento de los equipos forenses, la realización de investigaciones más ágiles y concretas que permitan construir casos para su intervención, y “modificar aspectos burocráticos que impiden autorizaciones de ingreso a lugares para realizar las tareas de recuperación de cuerpos”.
En 2017, con el analista Michael Reed publicó el texto “Los primeros pasos de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas”, en el cual advertían: “La UBPD no podrá superar los obstáculos del pasado si no realiza su labor con un enfoque científico y técnico. Hasta el momento no hay un balance común del proceso de búsqueda de personas desaparecidas que se realizó como resultado de la Ley de Justicia y Paz”. (Véase: https://onx.la/99935).
Sin convocatoria abierta, siete organizaciones de víctimas de desaparición forzada publicaron un listado de diez candidatos para dirigir la UBPD; entre ellas, la Corporación Humanitaria Reencuentros, compuesta por firmantes del acuerdo (estos buscadores recuperaron el cuerpo de doña Carmenza Angulo, desaparecida por el Bloque Oriental). Pese a los avances, reclaman la falta de articulación con la UBPD.
En la UBPD se evidencia un vacío del SIVJRNR: la autonomía no monitoreada frente al cumplimiento de tareas. ¿Quién hace seguimiento y crítica de las relaciones de prioridades (por ejemplo, estudios contratados versus resultados/cuerpos recuperados)? ¿Quién evalúa si un alto cargo está entregando los resultados que exige su misión?
El espíritu de la UBPD es la búsqueda: una forma de reparación simbólica y de acceso a la verdad. Pero la materialización de esa búsqueda son las entregas dignas. Detrás del hallazgo e identificación plena de una persona dada por desaparecida, hay mucho más que plegarias, empatía, dolor compartido e identificación ideológica: cada “aparición” es el resultado de la experiencia en el trabajo de campo, la ciencia detrás del “milagro”.
* Al momento del cierre de esta columna, la UBPD no ha entregado las respuestas pertinentes a una solicitud de información (que no está publicada en su web).
