Desde hace varios días, vemos en la agenda pública propuestas, trinos, spaces, artículos de prensa que se refieren a los buenos usos de la mata de coca. Un tema que trasciende las esferas del pensar con el deseo de una agenda política y legislativa. Juan Manuel Santos ha sido precursor del tema y Gustavo Petro lo acompaña. Son muchos años, mucha historia y muchas telenovelas que dan fe de los efectos en la distribución de la tierra y en las vidas de los campesinos (y narcotraficantes) de nuestro país.
Cuando me refiero a campesinos me imagino a una mujer o a un hombre que tiene una parcela (y que sea este el momento para recordar lo que dijo la entrante ministra de Agricultura, Cecila López Montaño –“Un millón de familias campesinas tienen menos tierra que una vaca“–) y con sus manos la cultiva y con sus manos cosecha, solitario en un mundo donde todo se mueve por las grandes industrias, donde se obliga a participar en una cadena de valor, la cual no hace parte de sus prácticas culturales. Ellas, ellos, en el intenso frío o en el agobiante calor, viven y mueren por y para su tierra. Lo que es el verdadero arraigo a la tierra.
Esa tierra ha sido usurpada, despojada, alterada por los grandes terratenientes y también por una vertiginosa expansión de los cultivos de coca. Así es, campesinas y campesinos sin la autonomía que les corresponde, son presionados para producir réditos para la economía del narcotráfico. Es tan preocupante el tema, que incluso, la Comisión de la Verdad expuso el impacto que ha sufrido el pueblo awa, de Nariño, “violencias sistemáticas en medio de la disputa de actores armados por el control territorial”. Sumado a la resignificación obligada de espacios y tiempos, al ser convertidos en corredores estratégicos para el tráfico de la hoja de coca y luego de la pasta.
El expresidente Juan Manuel Santos, en varios escenarios, desde que era presidente planteó la necesidad de implementar políticas con un enfoque social y lo dice aún, estas políticas deben distar del prohibicionismo. Por eso se ha referido a la necesidad de “legalizar” y así quitarles a las mafias su poder. Por su parte el presidente electo Gustavo Petro se ha referido a la importancia de cumplir de manera efectiva las políticas de sustitución de cultivos de coca, lo que implica pagarles a campesinos el cultivo y cosecha de alimentos por un valor con la misma rentabilidad de la coca. La reforma agraria, o más bien, lo acordado en La Habana hace un enorme énfasis en ayudar ejercicios productivos, en la titulación para la tenencia de la tierra o la posibilidad de crear cooperativas y así resolver un problema estructural y que es un factor ponderante en el conflicto armado.
Con este panorama resulta muy interesante ver las iniciativas que han surgido gracias a los recursos de cooperación internacional. Donde existe una voluntad política y financiamiento para desarrollar programas que permitan resignificar los usos de la hoja de coca. Sin duda un mecanismo que se articula perfectamente bien con la idea de regularizar la titulación. Si por parte del Gobierno saliente ha faltado voluntad y financiación para implementar la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, surge de forma sutil pero contundente el proyecto en Lerma, en el Cauca. Allá nació la Escuela Agroambiental, conformada por un grupo de familias campesinas, que trabajan para reivindicar los usos ancestrales y tradicionales de esta planta y que están inmersos en la tradición y la identidad cultural de muchas y muchos. Si se logra esto, se estaría dando un giro a la inserción de políticas culturales relacionadas con el desarrollo como sociedad.
El proyecto de Lerma es un proyecto piloto, pero sobre todo un ejemplo, se hace con el apoyo del Sena y de ahí resulta el Reto Coca que ha permitido que grandes y pequeños chefs colombianos propongan recetas que introduzcan en nuestro imaginario nuevos sabores y beneficios de la hoja de coca. La Corte Constitucional ha respaldado los usos y costumbres tradicionales de los pueblos originarios de Colombia. Y por eso el Consejo de Estado emitió un concepto donde se respalda el camino para que las comunidades indígenas comercialicen productos con hoja de coca en todo el territorio nacional. Eso si el Invima dijo que si, pero que no así, es decir pueden comercializar, pero no en grandes superficies, valiente gracia, se trata de hacerlo realidad. Llegó el momento de hacerlo realidad.
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En la Constitución del 91 se estableció que los pueblos indígenas tuvieran una propiedad colectiva de la tierra, es decir, resguardos indígenas, así como el manejo político administrativo de sus territorios y eso significa administrarlas, cultivarlas, cuidarlas, honrarlas de acuerdo con sus tradiciones y costumbres. Las comunidades indígenas también son campesinas.
