Hoy en día en las ciudades de la región Caribe para arrendar una vivienda, tan importante como el valor del alquiler es conocer el monto mensual aproximado del servicio de energía en dicho inmueble. Muchos buscan hoy cambiar de estrato social para pagar una factura menor. La marcha de Electricaribe, la empresa encargada del suministro de energía en la región fue vista por sus sufridos usuarios con alborozo y los operadores que lo reemplazaron, Afinia y A-ire, fueron recibidos con esperanza. Pero esta ilusión se ha ido convirtiendo primero en una extendida frustración y luego rápidamente en una indignación generalizada. Los plantones, las marchas con antorchas, las desconexiones de contadores y los bloqueos de vías públicas se han presentado en varias ciudades de la región como una forma de expresar el descontento social sobre el servicio.
En general, los usuarios se quejan de las frecuentes interrupciones del servicio que afectan gravemente sus hogares y sus actividades económicas, la falta de claridad en el procedimiento de cobro y del brusco incremento en las tarifas que deben pagar. No importan las medidas de austeridad en el consumo por parte de los usuarios o si su familia se va de vacaciones. El recibo siempre vendrá incrementándose de una manera alarmante y arbitraria. No se trata solo de los hogares sino de los empresarios que ven cómo sus negocios se vuelven inviables ante los extraordinarios costos del servicio de energía y la complaciente inacción de la Superintendencia de Servicios Públicos.
La empresa A-ire, que opera en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira, argumenta haber recibido un catastrófico legado de parte de Electricaribe, cuyo servicio era tan malo que los apagones ocurrían con una frecuencia tres veces superior al promedio nacional. La infraestructura heredada como circuitos, líneas de transmisión y transformadores estaba al límite, lo que la ha llevado a realizar inversiones billonarias para garantizar un eficiente servicio. Esta empresa informa que ha reducido las horas sin luz hasta la mitad de las veces en comparación con lo que sucedía en la época de su antecesora.
Autoridades en el tema como el exministro Amylkar Acosta consideran que las quejas de los gobernantes y los usuarios por el alto incremento de la energía eléctrica en el Caribe colombiano estaban cantadas desde hace varios años. En la Resolución 012 de 2020 de la CREG se dispuso diferir en el tiempo los reajustes en las tarifas. Los reajustes se sienten hoy con mayor fuerza en la región Caribe. El incremento en los primeros cinco meses de este año fue del 44,55 por ciento en lo que corresponde a A-ire. Esto es muy superior al promedio del incremento en el interior del país, que está en un rango entre 20 y 25 por ciento.
Un tema clave son las pérdidas técnicas durante la transmisión y las generadas por fraudes de los usuarios cuya tendencia A-ire declara haber revertido hasta en un 29,97 por ciento. Sin embargo, la sensación entre los habitantes de los siete departamentos del Caribe colombiano es que las perdidas técnicas y las de carácter fraudulento se están trasladando a los consumidores que pagan sus recibos con puntualidad a través de las altas tarifas y los racionamientos del servicio. Ello constituye, a juicio de los ciudadanos, un traspaso de los costos de ineficiencia de las empresas operadoras a los usuarios.
Un contrato de servicios es también un acuerdo basado en la confianza y la transparencia. Estas conductas de las empresas, y también la de aquellos que realizan tomas fraudulentas, surten sobre el árbol de la confianza colectiva los mismos efectos que la actividad de los comejenes sobre la madera. La confianza es una apuesta a futuro basada en la palabra del otro. Las normas de una sociedad están hechas precisamente para reducir el riesgo y la incertidumbre, por lo que deben ser asumidas como un prerrequisito para mantener el orden social.
