Helena Urán Bidegain
14 Febrero 2022

Helena Urán Bidegain

La contrapartida del terrorismo de Estado es la impunidad

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Hablar de Terrorismo de Estado en Colombia para muchos parece ser una paradoja. Las autoridades colombianas se precian de ser ‘una de las más viejas y estables de América Latina’, sus gobernantes son elegidos mediante sufragio universal, existen partidos políticos y un parlamento, el último régimen dictatorial se registró en los años 50, desde 1991, rige una nueva constitución política con importante catálogo de Derechos Humanos, e incluso miembros de antiguos movimientos insurgentes hacen parte del aparato estatal.

Sin embargo, el terrorismo de Estado es una realidad en Colombia. Lo que comúnmente se conoce como 'guerra sucia' y el fenómeno paramilitar son dos de sus expresiones. Las decenas de miles de personas asesinadas, los millares de torturados, los miles de desaparecidos y los cientos de miles de desplazados en la década de los 80 son un dramático registro de la existencia del terrorismo de Estado”.

Con estos dos párrafos comienza un libro titulado Terrorismo de Estado en Colombia, publicado hace ya 30 años. En su creación participaron diversas y prominentes organizaciones no gubernamentales y eclesiásticas alrededor del mundo como Pax Christi Internacional, el Consejo Mundial de Iglesias, Organización Mundial contra la tortura, Asociación Americana de Juristas, entre otras. La situación que la publicación describe no ha cambiado desde que fue escrita y las cifras no han parado de aumentar.

No es difícil imaginar que estas organizaciones son vistas por aquellos en cuestión, como vinculadas al comunismo o la insurgencia. Esa es precisamente parte de la estrategia que el libro describe. Desacreditar a quien cuestiona o reclama, tildándolo de ser un enemigo peligroso. Periodistas, estudiantes, sindicatos, cualquiera que quiera un cambio e “igualmente los organismos de Derechos Humanos ingresan en la categoría del enemigo interno’, e incluso los jueces que intentan investigar los crímenes cometidos por militares son acusados públicamente de ser ‘el brazo jurídico de la subversión’” se lee en el libro . 

Aunque muchas de las acciones emprendidas por los militares colombianos para restablecer la seguridad pública puedan ser legítimas, hoy nos siguen desbordando las noticias de militares involucrados en violaciones de derechos humanos y acciones ilegales, como por ejemplo la reciente denuncia de la alianza Cambio- Noticias Uno

El libro conocido por muchos, pero por primera vez en mis manos, contiene una lista con la hoja de vida de 248 miembros del Ejército y de 102 oficiales de la Policía involucrados en 350 casos de violación de derechos humanos, que dan rostro a los protagonistas de ese sistema de terror estatal. La lista incluye aquellos señalados como responsables del hecho más vergonzoso, traumático y nefasto en términos de institucionalidad para el país: la retoma del Palacio de Justicia.

Entre tantos que ascendieron en su carrera castrense a la par que violaban derechos humanos, aparece J.A. Arias Cabrales. El libro menciona su participación en tres casos en concreto:  1) El 13 de septiembre de 1985 ordenó la captura y desaparición de María Eugenia Castañeda Granadas mientras se encontraba retenida en la unidad de la Brigada XIII de la que él era el comandante. 2) También que dio protección, apoyo y patrocinio a estructuras criminales paramilitares activas durante los 80 en el Magdalena Medio; en su mayoría por razones de persecución política. 3) Su rol como comandante de la operación de retoma del Palacio de Justicia, tras la violenta toma de la guerrilla del M-19. Hoy tenemos conocimiento de que varias personas que salieron vivas y escoltadas por los militares fueron torturadas y que 11 en concreto fueron desaparecidas y/o ejecutadas. Hay que recordar que el libro fue publicado en 1992, así que todo aquello que hubiera podido suceder posterior a esa fecha queda excluido en la espeluznante hoja de vida del militar.

El contrapeso a estos nefastos hechos de crímenes o terrorismo de Estado, lo representa la actuación de la Justicia.

Pero solo en uno de tres casos aquí mencionados, y de manera tardía, el señor Arias Cabrales fue vinculado a un proceso jurídico. Se trata del que tiene que ver con el Palacio de Justicia. 34 años después de los hechos, y de una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado (2014), J.A. Arias Cabrales fue condenado en 2019 por la Corte Suprema de Justicia por la desaparición forzada de cinco de las personas que salieron del Palacio de Justicia vivas y custodiadas por el Ejército.

Un año después de su condena vino otro revés en la historia de la justicia en Colombia.

En 2020 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo acogió y le otorgó libertad condicional, a pesar de existir ya una condena de la Corte Suprema en firme, desconociendo la importancia de este fallo y encima de todo, sin ningún compromiso de verdad. Es decir, el tribunal encargado de buscar mecanismos de justicia para alcanzar la paz, borró lo que, con muchísimos obstáculos, ya se había logrado avanzar dentro de la justicia ordinaria y sin considerar en lo absoluto a las víctimas ni su reparación.

Lo que llama la atención no termina ahí, sino que desde que la JEP le otorgó ese beneficio a quien fuera ya responsable de desapariciones, los magistrados no han llamado ni una sola vez al señor Arias a que cuente lo que sabe.  

La posición del militar no solo se mantiene en cuanto a que no hay desaparecidos, sino que hace unas semanas de manera descarada pidió a la JEP que revisara su condena por el hecho de que los restos de dos de las cinco personas ya aparecieron. Como si eso borrara el crimen cometido por él o sus subalternos. O quizás ya acostumbrado a los miles de asesinatos en manos de sus compañeros uniformados, el señor Arias cree que desaparecer personas es parte de su servicio a la patria. 

Así que como si no fuera suficientemente grave contar con militares que no saben qué es el respeto a la vida, los derechos humanos ni conocen de ética, también hay que encontrar explicación racional a lo que hace (o no hace) la JEP en el caso de este militar retirado: el hecho de que lo hubieran acogido, la lentitud en todo el proceso, que le permitan tantas maniobras dilatorias, que después de dos años no lo hayan llamado a declarar y el señor siga en libertad. Dirán posiblemente los honorables magistrados que se debe a que están desbordados de trabajo. Algo que no entro a debatir como tampoco discutiría que este caso debería ser una prioridad por tratarse de quien se trata y la implicación que sus acciones tuvieron para todo el país incluso contra la misma justicia. 

Todo esto sin mencionar la contravía que supone siquiera abrir una puerta para discutir una sentencia ya fallada y la facilidad de este tribunal para olvidarse que el centro son las víctimas y el objetivo, revelar la verdad. En este sentido y caso, solo veo hasta el momento fracaso, añadiendo además que al día de hoy desde la JEP no se cuenta ni una sola condena.

¿Será insensato, entonces, pensar que J.A. Arias Cabrales morirá en su cama sin haber contribuido a la verdad y disfrutando de libertad condicional que nunca tuvo condición? ¿Que el tribunal de paz se ha convertido, por lo menos en lo que a este caso se refiere, en un ente estatal más, que alimenta la gran feria de la impunidad en Colombia?

El libro es enfático: “La contrapartida del terrorismo de Estado es la impunidad”. 

Espero mucho que la falta de acción de la JEP en este caso, que la hace ya impulsora de la impunidad no se prolongue en el tiempo, y que, por el contrario, la institución decida de una vez asumir el rol para la que fue creada: trabajar para construir paz con justicia y verdad teniendo siempre como centro la reparación de las víctimas, pero para ello tendrán que atreverse de manera ágil a confrontar a grandes protagonistas del terrorismo de Estado en Colombia.

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