El grande nubarrón que se alzó en la plaza de Bolívar hace cuatro años anunciaba la llegada de la tormenta. El clima inclemente que protagonizó la posesión del presidente Iván Duque era el presagio de una gigante marejada. Nos faltó clarividencia, o tal vez nos sobró optimismo, para entender que ese 7 de agosto de 2018 el vendaval arrasaría con la ilusión que para muchos significó la firma del acuerdo de paz.
Fue hace cuatro años que Ernesto Macías leía su discurso en la posesión presidencial de unas hojas con las que batallaba para que no se las llevara el viento. Debajo de un paraguas, sostenido por un policía para que el ilustre senador no se mojara, Macías declaró como salvador de la nación al presidente Iván Duque después de describir el socavón en el que, según él, se había hundido Colombia. Tristemente, cuatro años después, estamos peor en todos los indicadores vociferados por el honorable senador.
Es con hechos, se llama el cuarto libro escrito por el presidente Iván Duque en su gobierno. Y es con hechos que se debe evaluar su presidencia. Porque más allá de su desaprobación histórica, si algo caracterizó su mandato fue la falta de significado de sus anuncios, el vacío de sus palabras y la ridiculez de sus eufemismos.
Lo cierto es que el conflicto se recrudeció en este gobierno. Según Indepaz, desde agosto de 2018 hasta junio de 2022 fueron asesinados 930 líderes sociales y 265 firmantes del acuerdo de paz. A pesar de que el presidente insista injustamente en que son homicidios colectivos, en su mandato ocurrieron 273 masacres. Somos el país más peligroso para los defensores de derechos ambientales en el mundo, donde además bombardeamos a menores por ser “máquinas de guerra”.
Los grupos al margen de la ley también se han fortalecido. Aunque el presidente Duque afirmó que el Clan del Golfo tenía sus días contados, según la Fundación Pares, actualmente tiene presencia en 241 municipios del país con 3260 integrantes, 31 municipios más que los registrados el año pasado. El crecimiento del ELN también es preocupante. Un documento de la fuerza pública de enero de 2022 reveló que la guerrilla tiene 2.570 hombres en armas y 2.617 en las redes de apoyo, mientras que en 2019 contaban con 2.541 hombres en armas y 2.338 en milicias.
El narcotráfico tampoco ha dado tregua. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reveló que en 2021 crecieron más del 10 % las hectáreas cultivadas en comparación con 2020. Y aunque el gobierno logró una leve disminución de los cultivos desde 2018, la producción de cocaína ha aumentado un 8 %. Esto a pesar de todo el esfuerzo invertido en la erradicación forzosa y la poca voluntad para adelantar la sustitución voluntaria consignada en el acuerdo de paz.
Y mientras el presidente más joven de la historia colombiana buscaba trabajo fungiendo de ambientalista en todos los organismos internacionales y posaba con los grandes filántropos millonarios del mundo, en el país las áreas deforestadas aumentaban mientras su bancada hundía el Acuerdo de Escazú. El Ministerio del Medio Ambiente reveló que en 2021 se deforestaron 174.103 hectáreas, más que las 171.685 arrasadas en 2020.
Lo realmente reprochable es que todos estos indicadores aumentaron mientras el gobierno hacía trizas la paz. No les bastó con las vergonzosas objeciones a la JEP, con ignorar el informe de la Comisión de la Verdad, con poner un negacionista del conflicto en el Centro de Memoria Histórica, también tenían que robarse los recursos de la paz y dejarla desfinanciada.
Muchos me criticarán y dirán que no estoy teniendo en cuenta las espectaculares cifras económicas. Lo que pasa es que, a pesar del impresionante crecimiento económico del 2021, 10,6 %, gracias al efecto rebote de haber decrecido 6,8 % en 2020, la cifra de pobreza para 2021 fue del 39 %, retrocediendo casi una década, y, además, 13 millones de colombianos comen apenas dos o menos veces al día. A pesar de estas cifras, el presidente Iván Duque, vestido de policía, en vez de escuchar a la ciudadanía que pedía auxilio desesperadamente desde las calles, decidió estigmatizar la protesta social y mandarles al Esmad. El saldo: 83 homicidios, 43 perpetrados por la fuerza pública durante las protestas.
El gobierno actual termina con una informalidad de 44,7 % y un desempleo de dos dígitos: 11,3 %. La cifra es aún más preocupante para las mujeres: 14,1 %. A propósito de las mujeres, imposible no mencionar que el presidente Iván Duque, a través de su Ministerio de Justicia, le pidió a la Corte Constitucional tumbar la despenalización del aborto.
Finalmente, no se cayó el muro de Berlín en Venezuela y Juan Guaidó terminó siendo la apuesta más inútil que Colombia ha hecho en política internacional. Sin olvidarnos del bochornoso espectáculo de haber tomado partido por primera vez en nuestra historia republicana en una elección presidencial de Estados Unidos, además por el candidato perdedor.
Ni la economía naranja exprimió su jugo, a pesar del gran esfuerzo de los siete enanitos. Ni toda la mermelada que endulzó los paladares de nuestros congresistas logró impulsar las prometidas reformas que tanto necesita nuestro país. Eso sí, logró poner en los órganos de control a todos sus amigos. Cuatro años después del nubarrón que anunciaba la tormenta, tendremos, ahora sí, un país que reconstruir y no será fácil. Lo cierto es que nos pasó la creciente. Ojalá que después de este vendaval por fin llegue la calma.
Más vale que el presidente Gustavo Petro entienda que toda Colombia lo necesita presente. ¿Por qué no asistió a la reunión con los alcaldes? ¿Acaso la descentralización y el fortalecimiento de los territorios no fueron unas de sus promesas? El optimismo se agota y la presidencia del “cambio” aún no comienza.
La directora del IGAC, Ana María Aljure, me envió una carta sobre la columna publicada en este medio “Robar: ¿otro de los multipropósitos del catastro?” en la que explica que:
- La licitación LP-03-2022-SC, a la cual se refiere la columna del 23 de julio, se estructuró con recursos de la nación del presupuesto del IGAC, y no con recursos de los créditos del Banco Mundial ni del Banco Interamericano de Desarrollo, razón por la cual es impreciso señalar que por el citado proceso se pagarían intereses, y mucho menos en dólares, como se afirmó.
- En cuanto a la determinación de los costos de transporte requeridos para llevar a cabo los proyectos de actualización o formación catastral con enfoque multipropósito, se deben tener en cuenta diferentes variables propias de cada municipio; esto es, la cantidad de personal necesario para realizar el reconocimiento predial por métodos directos e indirectos, cantidad de predios de los municipios, la densidad predial por hectárea, el costo promedio diario de transporte el cual depende de la zona geográfica y el índice de complejidad de accesibilidad al municipio, así como el de desactualización.
- Por ejemplo, en los casos citados en la columna, en Sabanagrande (Atlántico) hay 26,5 predios por hectárea en el sector urbano; mientras que, en Puerto Carreño, Vichada, hay 8,8 predios por hectárea. En este caso, Sabanagrande necesitará una cantidad mayor de personal y de días de trabajo para las visitas a los predios, puesto que tiene una densidad predial tres veces superior a la de Puerto Carreño; razón por la cual también tendrá una mayor necesidad de recursos para el transporte, entre otras actividades logísticas que se encuentran en la Base Maestra. Es de resaltar que, el valor de costo promedio de transporte diario en Sabanagrande es un 10 % mayor en comparación con el de Puerto Carreño. (Información tomada del CENSO-DANE 2018, actualizada con el IPC a 2022)
Agradezco las precisiones aportadas por la directora del IGAC. Mis argumentos para realizar el cuestionamiento partieron de la contrastación de diferentes variables que alteran los precios de dicho barrido entre los municipios del Atlántico y los de los demás departamentos. En mi columna, particularmente, hago referencia a la comparación entre dos municipios que presentan la mayor diferencia: Puerto Carreño, en Vichada, y Sabanagrande, en Atlántico.
Sin embargo, la directora olvida mencionar que, en el área rural, donde es más complejo el acceso y por eso los costos de transporte y logísticos se elevan, el número de predios en Puerto Carreño supera por mucho los de Sabanagrande, ni hablar del total de predios de los dos municipios que, como mencioné en mi columna, tienen una diferencia de casi 1000 predios superando Puerto Carreño a Sabanagrande.
Teniendo en cuenta que es más extenso el municipio del Vichada que el del Atlántico y que el acceso al primero es mucho más complejo, además de que el primero tiene muchos más predios, especialmente en zona rural, y que ambos comparten el mismo plazo para la ejecución, su argumento sobre un mayor personal requerido en el Atlántico no parece tener justificación o por lo menos no se desprende del análisis de las variables que, ella misma dice en su carta, fijan los precios. Sus argumentos no parecen justificar por qué en los municipios del Atlántico realizar la actualización del catastro cueste 11 000 por ciento más que en otros municipios del país. Repito: mientras en municipios como Puerto Carreño, en el Vichada, realizar la actualización catastral cuesta 3.752 pesos por hectárea, en Sabanagrande cuesta 413.445 pesos.
Frente a la selección de los municipios del Atlántico, lo que la llama la atención es la coincidencia de los sobrecostos que mencioné con su procedencia profesional, desarrollada principalmente de la mano de la familia Char en ese departamento. Al no verse justificados los sobrecostos no deja de ser llamativa la “coincidencia”.
Finalmente, frente a la fuente de recursos, rectifico que estos no vienen del préstamo del Banco Mundial, no obstante, en algo no me equivoco: lo terminaremos pagando todos los colombianos pues, aunque la fuente sea otra, al final, todo sale de nuestros impuestos.
