Gabriel Silva Luján
11 Septiembre 2022

Gabriel Silva Luján

La democracia como estorbo

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Un Estado tiene que ser eficaz y al mismo tiempo tiene que ser legítimo. No es fácil encontrar la alquimia institucional perfecta que acomode ambos requisitos. La mejor modalidad de organización política para resolver esa tensión entre eficacia y legitimidad –que es dinámica– es la democracia. Sin embargo, el ejercicio de la representación política, de la participación ciudadana, de la división de poderes y de la libertad de opinión con frecuencia se le atraviesa a los deseos de un gobernante de hacer más, más rápido, y de imponer su voluntad.

Al presidente Petro hay que creerle cuando dice que respetará la Constitución y la ley. Aun así, están apareciendo señales de que podría sucumbir a la tentación de priorizar la eficacia sobre la legitimidad institucional. El Gobierno ha empezado a tomar atajos para saltarse los retenes inevitables que impone la institucionalidad.

Empezó con su disgusto por los requerimientos de ley sobre las calidades que exigen las normas para ocupar ciertos cargos. En vez de buscar candidatos que cumplan con los requisitos en varios casos ha preferido modificar o forzar al límite las reglas del juego para acomodar a sus preferidos. Esos requerimientos normativos, están ahí para que quien sea designado tenga las calidades y la idoneidad profesional suficientes para cumplir a cabalidad la misión encomendada.

No contribuye tampoco a la percepción sobre el respeto a la institucionalidad que a cada tropiezo o dificultad que experimenta la administración en el trámite de una iniciativa se esgrima explícita o implícitamente que si no se les da gusto se encargarán de que “el pueblo” en la calle imponga su voluntad. Eso se parece mucho al “Estado de Opinión” al cuál acudiera con frecuencia el uribismo argumentando que si “la gente” lo quiere y lo pide la institucionalidad es lo de menos.

El presidente Petro asumió intuito personae las responsabilidades institucionales que les corresponden a las entidades de vigilancia y control en el caso de las casas de Providencia, la recuperación del Canal del Dique y la protección contra las inundaciones en La Mojana. En esos casos denunció que se perdieron recursos públicos como consecuencia de la corrupción. El presidente debió colocar primero las denuncias formales correspondientes e invitar a los entes de control y a la Fiscalía para que hagan las investigaciones, en vez de aprovechar retóricamente el tema y violentar el debido proceso.

Ahora el presidente anuncia que hay que considerar una emergencia económica para paliar las consecuencias sociales y económicas de un posible invierno futuro. Desde el punto de vista legal, las emergencias se declaran como consecuencia de un evento fortuito. Dado que el mismo Petro ya reconoce la posibilidad de esa calamidad que aún no ha ocurrido desaparece esa condición de aleatoriedad que es indispensable para justificar la emergencia. No sería descabellado pensar que el presidente más bien lo que desea son poderes legislativos especiales para acelerar el cumplimiento de sus promesas –a pesar de que tiene amplias mayorías legislativas– previamente al proceso electoral del año entrante.

La decisión de despojar a la Creg de sus atribuciones de regulación tarifaria debilita ese esquema institucional que le ha permitido a Colombia tener uno de los sistemas de provisión de energía más confiables de América Latina. Nadie duda que es necesario revisar los mecanismos de fijación tarifaria, sin embargo, para ello no era necesario asumir poderes especiales sobre la base de un discutible artículo del Plan de Desarrollo que no fue diseñado para ello. Esta decisión equivale a abrirle nuevamente la puerta a la politización del manejo de la provisión de energía que tanto daño le ha causado a la estabilidad del sistema en el pasado.

Estos son algunos ejemplos de un comportamiento que ojalá no se vuelva sistemático. Cuando un Gobierno empieza a sentir que la democracia es un estorbo y busca atajos cada vez más audaces para saltarse los procedimientos de la institucionalidad hay que prender las alarmas.

@gabrielsilvaluj

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