El año entrante se cumplen treinta años de la premier de uno de los filmes más destacados de la cinematografía colombiana. Imposible de olvidar por su ingenioso guion y magistral factura, la película 'La estrategia del caracol' es quizás una de las mejores películas del reconocido director Sergio Cabrera.
Los habitantes de una antigua casa convertida en inquilinato se enteran de las intenciones del propietario de desalojarlos. Ante la inminencia de que esto ocurra, los inquilinos adoptan la estrategia de desmantelar la casa y trasladarla sigilosamente pieza por pieza -desde las bañeras hasta las ventanas, las conexiones, las puertas y las paredes- a un lote en otro lugar. Cuando por fin el propietario logra que se ordene el desalojo de los habitantes, al llegar el juez al lugar ya no queda más que un remedo de lo que fue La Pajarera. Últimamente esa ingeniosa película me ronda por la cabeza. No he podido dejar de pensar en que La estrategia del caracol es quizás la mejor parábola de lo que está ocurriendo con la institucionalidad democrática y el Estado de derecho en el actual gobierno.
El presidente Gustavo Petro está desmantelando sigilosamente y en medio de la noche, pieza a pieza, sustrayendo las ventanas, los pisos, los marcos, las puertas y hasta los cimientos, de la Constitución y de la legalidad. Esa estrategia del desmantelamiento gradual es un camino muy eficaz para que una mañana nos despertemos los ciudadanos y nos llevemos la sorpresa de que de la democracia ya no nos queda si no el cascarón. En las últimas semanas se han visto episodios políticos e iniciativas presidenciales que confirman que su tesis de que la democracia y la legalidad son un estorbo para el cambio no es precisamente una disquisición teórica o un giro retórico. Está actuando en consecuencia.
Petro manifestó que a partir de ahora los campesinos cocaleros pueden continuar cultivando ilegalmente la planta hasta que se logre una sustitución eficaz. Esto en la práctica es una orden ejecutiva verbal que de facto legaliza por la puerta de atrás la producción de la materia prima del tráfico de cocaína. Da ese paso sin debate público, sin autorización legislativa, sin reparar que hay un Código Penal que lo sanciona y que Colombia está obligada además por tratados internacionales a combatir los cultivos ilícitos y el tráfico de drogas. Es decir, Petro legisla por orden presidencial, como pretendía hacerlo Castillo en el Perú.
Como si esa extralimitación de funciones no fuera suficiente, el presidente Petro quiere ahora liberar a los condenados e investigados de la primera línea. En ese empeño el primer mandatario se está extralimitando en el uso de los poderes de la ley de orden público. Una facultad diseñada para incluir actores en las negociaciones de paz se usa como herramienta para exonerar a delincuentes, arrogándose las facultades de jueces y fiscales. Como lo han advertido el presidente de la Corte Suprema, constitucionalistas progresistas como Rodrigo Uprimny, y muchos más analistas y editorialistas, aquí se está menoscabando la división de los poderes públicos y se constituye en un abuso de autoridad.
Y como si no bastara con interferir en el fuero de jueces y fiscales, ahora el presidente Petro anuncia que se le entregará un millón de pesos a 100.000 jóvenes con antecedentes violentos nuevamente asignándoles un difuso rol de gestores de paz. No solo este compromiso se llevaría por delante el 5 por ciento de la reforma tributaria anualmente, sino que además el presidente no puede disponer de los recursos del erario público a su antojo y sin que medie una inclusión presupuestal, facultad exclusiva de la rama legislativa.
Además, estos 100.000 jóvenes serán convertidos en autoridad barrial y veredal con un ejercicio de poder sobre sus comunidades, endosado desde la Casa de Nariño, que no tiene ninguna base constitucional o legal. De otra parte, no hay que ser muy perspicaz para observar que estos 100.000 jóvenes pagados por el Estado también adquieren ilegalmente el carácter de activistas políticos en favor del gobierno y su partido. Aquí se puede esconder la operación de compra de votos más escandalosa en la historia de Colombia.
Para terminar este listado de cómo el gobierno Petro viene desmantelando la Constitución y la legalidad -a los ojos de todos pero sin que nos demos cuenta- no se puede dejar de mencionar la reforma política que impulsa su alfil el senador Roy Barreras quien ilegalmente coacciona y presionando a miembros del Senado y de la Cámara que se le oponen, como Catherine Juvinao. Esa reforma contiene muchas medidas orientadas a perpetuar al Pacto Histórico en el poder, pero en este contexto solo basta señalar que abre la puerta giratoria entre el legislativo y el ejecutivo. Permitirles a los parlamentarios ser ministros es una flagrante violación de la separación de poderes y un mecanismo de clientelismo que interfiere en la expresión de la voluntad popular.
La estrategia del caracol de Petro ya se ha llevado las ventanas, las puertas, los enseres, de la Constitución y el Estado de derecho. Si seguimos como vamos, cuando llegue la justicia a ejercer su autoridad, como ocurre en la película, ya no quedará sino el cascarón de la casa original.
Twitter: @gabrielsilvaluj
