Aún falta que corra mucha agua debajo del puente, pero no se puede eludir que la elección presidencial ha entrado en la etapa de las definiciones. En la medida en que las encuestas marcan tendencias es ineludible que los colombianos se pregunten sobre las consecuencias de los diferentes escenarios que se vislumbran. No hay sobremesa en la que no se especule sobre qué pasará con el país si gana fulano o si pierde mengano.
Obvio, nadie puede desconocer que la persona que finalmente sea elegida hará una importante diferencia en el rumbo de la nación. Sin embargo, esa no es la única variable que determinará el curso del país en los próximos cuatro años. La fuerza del mandato recibido en las urnas; el mapa parlamentario que surgió en marzo; la relación entre los partidos; y la forma en que el presidente electo oriente la construcción de su gobierno, son todos factores que incidirán decisivamente en nuestro futuro inmediato.
La primera consideración que emerge de los análisis de las encuestas es que no se va a dar una diferencia significativa entre los candidatos en segunda vuelta. Esa situación va a facilitar que se cuestionen los resultados electorales, terreno que ya está abonado por el desastre que es hoy la Registraduría. Para que el presidente electo pueda garantizar la gobernabilidad se requiere asegurar la legitimidad de su victoria. Es indispensable, entonces, que el mandato recibido en las urnas sea acatado por todos sus contrincantes.
El resultado de las elecciones de marzo también determinó los grados de libertad con que va a contar el próximo presidente para poder gobernar. La composición partidista en el Congreso, caracterizada por la fragmentación y el equilibrio entre los principales partidos, indica que el gobierno entrante está obligado a construir alianzas y coaliciones multipartidistas si desea ser eficaz en cuanto el trámite legislativo de sus principales iniciativas.
La actitud con que las coaliciones, la que pierda y la que gane, aproximen la conformación del próximo gobierno determinará de manera importante la dinámica del entorno político en que se desenvuelva la futura gestión pública. De imponerse en las coaliciones la línea dura -con sus actitudes intransigentes- significaría en la práctica una limitación en la capacidad ejecutiva de la siguiente administración. En ese contexto, el país quedaría sujeto a un entorno de alta conflictividad política y a una nueva ronda de polarización, que claramente no desean los ciudadanos.
Finalmente, la orientación que adopte el presidente electo en la conformación de su gobierno, y no nos referimos a las cuotas en el gabinete o a la representación regional, determinarán el espacio de factibilidad para el éxito de sus políticas y de sus iniciativas. En cuanto a orientación nos referimos específicamente a la definición de las prioridades y a su disposición a acomodar los insumos de otros sectores, las preocupaciones de los diferentes grupos y conciliar con los intereses contrapuestos. Si la nueva agenda gubernamental tiene un talante excluyente o maximalista, los contrapesos institucionales, los factores de poder y la misma opinión pública se encargarán de que al próximo presidente le quede cuesta arriba. Las encuestas confirman que el país está cansado de la ineficacia del Estado, de la debilidad institucional y de la incapacidad de las políticas públicas de realmente resolver los problemas. El país quiere ver consensos que hagan que las cosas funcionen.
Todo lo anterior lleva a concluir que es la hora de los acuerdos. Acuerdos para acatar las decisiones de los ciudadanos en las urnas; acuerdos para no repetir la beligerancia y la polarización por cuatro años más; acuerdos para construir una política de Estado en los temas fundamentales; acuerdos para respetar la Constitución, las libertades públicas y los derechos humanos. En fin, acuerdos que nos devuelvan la convicción de que a pesar de nuestras diferencias somos una sola Colombia.
Dictum. Hay victorias que no son más que derrotas aplazadas que la arrogancia nos impide ver.
