Johana Fuentes
10 Mayo 2022

Johana Fuentes

La jugadita

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La Corte Constitucional tumbó la semana pasada la modificación a la Ley de Garantías y con ella se cayó la poca credibilidad que le quedaba al Congreso.  Comandados por los ministros de Hacienda e Interior, los parlamentarios –en plena campaña electoral– disfrazaron de reactivación económica la repartija de contratos en las regiones.

No es que no supieran que a través de una ley ordinaria no se puede modificar una ley estatutaria o que estuvieran mal asesorados, nada de eso. Todos tenían clara la jugadita. Mermelada para los alcaldes amigos, elección casi segura. Lamentablemente así funciona la política en este país.

Hubo varias advertencias que en su momento ignoraron argumentando que a las regiones más pobres no se les podía dejar sin recursos; justificación que, sin ningún asomo de vergüenza, aún siguen usando, tal y como lo hizo el senador Carlos Abraham Jiménez en entrevista con La W Radio: “Escuchamos el clamor de los alcaldes. Este no es un tema de corrupción como quieren hacerlo ver, ustedes (los medios) quieren volver a incendiar este país”. Los periodistas les salimos a deber a quienes se pasaron por la faja la ley.

Tal vez con lo que no contaban los congresistas, los ministros y hasta el propio presidente, es que la Corte actuara tan rápido y mucho menos que ordenara liquidar los contratos en curso, son más de 3.000 los que se deben culminar. La entidad que más firmó convenios fue el Ministerio del Interior, el de la política, al parecer estaban muy preocupados por los pequeños municipios.

El 24 de diciembre se suscribió un contrato por 3.500 millones de pesos para “promover la seguridad mediante la implementación del sistema de emergencias para el municipio de  San Antero, Córdoba”. El alcalde de San Antero es el liberal Lormandy Martínez del grupo político del senador Fabio Amín. Revisando los resultados electorales allí, de 7594 votos, Amín obtuvo la mayor votación con 5511, seguido por la lista liberal con 807. Eso no es todo, Mauricio Martínez, hijo del alcalde, hace parte de la UTL del senador.

Le pregunté a Fabio Amín por su relación con Lormandy Martínez y me dijo que ha sido su amigo por más de 20 años y lo ha acompañado en varias contiendas electorales, sin embargo, niega que se haya beneficiado de la modificación a la Ley de Garantías, porque con este gobierno no tuvo muy buenas relaciones.

Amín también ganó en Lorica, Córdoba, con 19.475 votos de 22.820. En ese municipio, el MinInterior firmó un convenio por 1.250 millones de pesos con el objeto de “promover la convivencia ciudadana a través de la ejecución de un proyecto Sacúdete al Parque tipo 1”. El alcalde de Lorica, Jorge Negrete, recibió su apoyo durante la campaña.

En Floridablanca, Santander, se firmaron dos contratos por casi 500.000 millones de pesos. Uno con el Banco Inmobiliario y el otro, un proyecto Sacúdete al Parque, idéntico al de Lorica.  En esa región ganó el senador –también liberal– Jaime Durán Barrera y su fórmula a la Cámara Álvaro Rueda. El alcalde de este municipio santandereano es Miguel Ángel Moreno, viejo amigo de Rueda, fueron compañeros de clase en la universidad. Moreno, además, fue apoyado por Durán Barrera a quien reconocen como un barón electoral en el departamento.

Otros dos convenios se suscribieron con la Gobernación del Huila por casi 10.000 millones de pesos, ambos con el mismo fin: promover la seguridad mediante la implementación del sistema de emergencias para Pitalito y Algeciras. El gobernador del departamento es Luis Enrique Dussán, respaldado por el senador liberal Rodrigo Villalba que dejó como heredera en el Congreso a la representante a la Cámara Florita Perdomo, con 37.091 votos.

Todos los congresistas mencionados tienen en común que son del Partido Liberal, la segunda fuerza política del nuevo congreso, y que para la presidencia están apoyando a Fico Gutiérrez.

Estos son solo cuatro ejemplos de lo que hay detrás de los contratos firmados durante la reforma a la Ley de Garantías. El daño ya está hecho, los políticos se salieron con la suya, los ministros que antes defendían el mico a los cuatro vientos hoy guardan silencio. José Manuel Restrepo dice que solo hablará cuando conozca por completo el fallo de la Corte –ya para qué, ministro– y Daniel Palacios, con la actitud arrogante que lo caracteriza,  le da la espalda a los periodistas cuando le preguntan por el tema. Mientras tanto, los municipios empobrecidos con los que hicieron campaña siguen sin educación, sin salud y sin inversión, víctimas de una clase política egoísta que solo piensa en su beneficio.

 

 

 

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