Juan Fernando Cristo
21 Diciembre 2022

Juan Fernando Cristo

La ministra de Agricultura

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Por cuenta de la reforma tributaria más ambiciosa, liberal y progresiva en décadas, su prudencia fiscal y sus rectificaciones a declaraciones ligeras de algunas de las ministras sectoriales y del propio jefe de Estado, José Antonio Ocampo se convirtió en el ministro estrella en este primer tramo de la administración Petro. En los sectores empresariales y la comunidad financiera internacional, el ministro de Hacienda es reconocido como el “adulto responsable” del Gobierno y en todas las reuniones gremiales y de tecnócratas la conversación comienza por la pregunta, ¿hasta cuándo se quedará en el Gobierno Ocampo? No deja de resultar paradójico que el economista cepalino y heterodoxo de finales de la década de los noventa, que se enfrentó al neoliberalismo de la época, hoy sea el ortodoxo que brinda confianza a los mercados internacionales por su manejo serio y responsable de las finanzas públicas.

En medio de la visibilidad y prestigio de Ocampo, no se registra en forma suficiente la tarea de transformación y cambio que lidera desde el Ministerio de Agricultura Cecilia López. Con una destacada carrera pública, le correspondió asumir la responsabilidad de un sector clave para el desarrollo del país, que fue eje fundamental en la campaña presidencial de Petro. Es en el campo, además, en donde se originó el conflicto armado por cuenta de la vergonzosa desigualdad y el atraso que viven las zonas rurales, sin que hayamos sido capaces como sociedad de enfrentar con éxito ese abandono. Han sido muchos años de políticas fallidas, reformas agrarias frustradas y violencia desbordada, por cuenta de la ineficacia del Estado en el propósito de garantizar desarrollo y equidad al campo. Por algo, el primer punto del acuerdo de paz con las Farc en La Habana se dedicó a concertar las soluciones de fondo que transformarían el campo colombiano. La ministra, incluso, logró el milagro de convertir a José Félix Lafaurie en defensor del punto 1 del acuerdo.

En menos de cinco meses tomó el toro por los cuernos y asumió las cuatro tareas que se requieren si se pretende sacar adelante el sector: despolitización del ministerio y sus entidades adscritas; aumento significativo del presupuesto para el campo; compra de tierras para redistribuir y la implementación del acuerdo de paz. Con carácter y decisión la ministra puso de nuevo al campo en la agenda del país, no por los escándalos de corrupción a los que nos habíamos acostumbrado, sino por el avance en las transformaciones necesarias de la sociedad rural. Esta cartera se convirtió en botín de un partido político en los últimos 25 años, sin resultados positivos para el campo. La politiquería y el despilfarro se apoderaron del ministerio y sus entidades adscritas. En apenas cinco meses se revirtió ese panorama y hoy se encuentran al frente de la agencia de desarrollo rural, la agencia de tierras, Finagro y las demás instituciones, funcionarios desligados de recomendaciones políticas, sin jefes distintos a la ministra, quienes fueron escogidos por sus condiciones profesionales.

Por otra parte, para el próximo año, el presupuesto del sector creció en forma importante, con un mensaje claro a agricultores y campesinos de que son prioridad para el Estado y hay real voluntad de volver competitivo el campo, garantizar soberanía alimentaria y diversificar nuestras exportaciones agrícolas y agroindustriales. Y finalmente, está la decisión política, plasmada en el acuerdo con Fedegán, que seguramente se extenderá a otros gremios del sector, de adquirir tierras productivas para distribuirla a campesinos que no la tienen. Es cierto que en el mundo de hoy no se puede pensar en una reforma agraria como la que plantearon López Pumarejo y Lleras en el siglo pasado, pero es igualmente cierto que la concentración de la propiedad rural en Colombia es una vergüenza. El compromiso de la ministra ahora es impulsar la reforma agraria integral del acuerdo de paz, que incluye la puesta en marcha del catastro multipropósito, la formalización de 7 millones de hectáreas y la dotación de bienes públicos rurales que son esenciales para garantizar desarrollo.

En los balances de fin de año, entonces, vale la pena destacar que el campo colombiano recuperó su protagonismo en la agenda del país, de la mano de una funcionaria que asumió el reto con conocimiento, entereza y carácter. Con la ventaja que implica asumir la tarea sin deber nada a nadie y sin propósitos políticos de futuro. Sin posiciones extremas, sin animadversiones personales o ideológicas, arrancó la tarea de transformación del mundo rural. Es el sector agropecuario el que puede demostrar a estas alturas mayor avance y concreción de las propuestas de campaña del presidente Petro. El éxito de estas políticas será más importante para la paz que las mismas negociaciones con los grupos armados ilegales. Esa sí será la llamada paz total.

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