La Constitución del 91 posibilitó una serie de mecanismos que le han permitido al sistema político ofrecerle mayores oportunidades a la oposición. Y quienes las han aprovechado consistentemente son hoy justamente los que llegan al poder. Infortunadamente, Gustavo Petro y el Pacto Histórico, hijos legítimos del ascenso de la oposición, ahora parecerían navegar en la dirección de convertirse en los verdugos del disentimiento.
En principio parecía que las elecciones legislativas de este año garantizarían el ejercicio de un contrapeso político al nuevo gobierno. No fue así. Los politiqueros renunciaron al control político y a la independencia crítica arropándose en la difusa bandera de un “acuerdo nacional”. El único partido que se ha declarado en oposición, el Centro Democrático, claramente no representa a los millones de ciudadanos que no comparten la plataforma o las actitudes del Pacto Histórico. Al uribismo ya le pasó su cuarto de hora.
¿Qué le queda a la ciudadanía para enfrentar los eventuales desaciertos, los abusos de poder, los errores, las políticas equivocadas? Por ahora, no mucho. Los gremios económicos, por ejemplo, juegan un papel político importante, sin embargo, por ser representantes de intereses particulares y sectoriales no pueden fungir como voceros plenos de la sociedad civil.
A la Iglesia no le corresponde el papel de la oposición y tampoco tiene demasiados incentivos para hacerlo dado que en la actual coyuntura su misión humanitaria converge con las propuestas de paz y de redención social del entrante gobierno. Los sindicatos claramente tienen intereses sectoriales concretos, por su condición de agentes de luchas reivindicativas, por lo que no parecería que les quede fácil ser los voceros de toda la sociedad. Además, la inmensa mayoría pertenece al grupo político de Petro.
Los medios de comunicación, en un contexto de ausencia de contrapesos, sin duda, tendrán que jugar un papel fundamental en el control político, la investigación y la denuncia, ejerciendo a plenitud su papel de “cuarto poder” de la democracia. El obstáculo está en que los medios de comunicación en todo el mundo han sufrido la pérdida en algún grado de la credibilidad y la confianza, unas veces como resultado de la acción de los enemigos de la libertad de prensa y otras porque a los ojos de la opinión pública han traicionado la independencia periodística.
Desde la campaña se observó que muchos de los amigos del gobierno entrante tienen una actitud de persecución, revanchismo, hostilización y matoneo contra quienes no están con ellos. Declaran con facilidad como enemigos del cambio y del pueblo a todos aquellos que no comparten sus puntos de vista. Como lo dijo el diario El Espectador a raíz de la zambra que protagonizaron los petristas en la instalación del Congreso, “se envió el mensaje de que las nuevas mayorías no soportan los discursos opuestos, que no son capaces de dar respeto a sus contrincantes, que se creen dueños de la palabra”. A esto se le suma el linchamiento público en las redes a todo quien no comulgue con sus tesis. La gran paradoja del momento que vivimos es que el triunfo de quienes fueran oposición, muchas veces perseguida, amenaza ahora con destruir, precisamente, la posibilidad de oponerse y el derecho a pensar diferente.
Los ciudadanos han demostrado, una y otra vez, que no se dejan amilanar por las aplanadoras del unanimismo, por las amenazas de linchamiento o por la arbitrariedad. La Constitución contempla muchos mecanismos para que los ciudadanos directamente puedan ejercer el control político, la vigilancia y la oposición, incluso tener iniciativa legislativa. Hay que aprovechar esas herramientas para que el Pacto Histórico no gobierne hegemónicamente. Es la hora de empezar a crearle un contrapeso, un “Pacto por la Democracia”, sobre el que confluyan todos quienes no les gusta un gobierno hegemónico y sin fiscalización, independientemente de su inclinación ideológica.
Dictum. El ministro designado de Defensa lo nombró Zapateiro. Es una respuesta inevitable y contundente a su jactanciosa manifestación de que el ejército de Colombia le pertenece.
