La paz es un propósito de la humanidad, de cualquier nación, de cada familia y de todo ciudadano. Hasta ahí todo bien. Nadie puede disentir del objetivo de buscarla. Los problemas surgen cuando empieza la discusión de cómo alcanzarla para que sea duradera y qué precio está dispuesta a pagar la sociedad para lograrla.
Los peligros existen y así lo reconoce el ministro del Interior, Alfonso Prada, cuando dice que “Hace unos días me preguntaron en una emisora si era consciente de que avanzar por esa ruta de la paz generaba muchos riesgos y costos. Les respondí: estos son los riesgos que vale la pena correr por la paz de Colombia” (El Tiempo, “La paz total”, 30 de octubre de 2022). Sin duda, todo el que emprende semejante empresa corre el riesgo de naufragar y de no llegar al puerto de destino. Sin embargo, fracasar en el intento es el menor de los problemas. Hay una situación peor.
Con bastante frecuencia ocurre que los procesos de paz y de sometimiento a la justicia terminan sin resolver de manera definitiva las condiciones sistémicas efectivas y concretas que subyacen las conductas criminales y la violencia. De hecho, eso ocurrió con los procesos de paz de Belisario Betancur, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, que quedaron a medias. En esos tres procesos en vez de desmontar el combustible que nutre a las guerrillas y a los paramilitares más bien lo potenciaron, generando una nueva iteración de la violencia en un orden de magnitud superior. La buena voluntad fue aprovechada para profundizar la ilegalidad y las capacidades de la criminalidad.
El ministro Prada confirma que de hecho eso pasó incluso hasta con el exitoso proceso con las Farc, “-ante la ausencia de voluntad política y el desbordado crecimiento del narcotráfico y sus estructuras criminales- fueron años signados por desertores, disidencias, nuevas y reeditadas estructuras criminales, que han traído a Colombia muerte y destrucción...”. En otras palabras, a pesar de unos acuerdos del alcance y profundidad de los negociados por el gobierno Santos, no se logró desmontar la lógica económica fundamental que reside en la base de toda la criminalidad en la Colombia contemporánea.
Si los acuerdos de paz total o de “acogimiento” se hacen sin una estrategia que busque de manera explícita e integral el desmonte de las estructuras socioeconómicas de la explotación de las rentas ilegales estaremos reproduciendo y agravando el problema hacia futuro. Esta posibilidad se acentúa dramáticamente dado que la paz de Petro pretende “pacificar” a nivel nacional las estructuras criminales que no tienen ni un dejo de razonabilidad política si no que existen exclusivamente como organizaciones para el aprovechamiento y explotación de esas rentas criminales.
Esas estructuras criminales no son, como dice el ministro Prada, organizaciones “que alimentan la economía ilegal”. Es al revés. La economía ilegal es la que nutre y genera esas organizaciones criminales y mientras esa explotación de rentas persista, las estructuras que se desmonten serán seguidas por otras patrocinadas por las actuales o unas nuevas que las sustituirán, como ocurrió con la desmovilización de las Farc. Al revisar los pronunciamientos de Petro y de los responsables políticos de esas negociaciones, combinándolo con una lectura crítica de la ley de paz total, se observa que la contrapartida por parte de las organizaciones criminales a las inmensas concesiones que anuncia el gobierno no es precisamente una colaboración decidida o un compromiso real de renunciar a su control directo o indirecto sobre las rentas ilegales.
El énfasis se ha puesto en que pidan perdón -concepto que se ha venido devaluando muy en consonancia con la tradición católica del que peca y reza empata-, en la reparación de las víctimas (obvio, a cargo del Estado), en la suspensión de asesinatos, y en una bastante etérea colaboración con la justicia. En ninguna parte se ve una presencia contundente de exigencias relacionadas con el desmonte de los negocios, el suministro de información concreta sobre la operación, los capos, los cómplices, las redes, las rutas, los mecanismos de lavado y, en general, con la delación profunda de las estructuras criminales de las que se han nutrido los violentos. Si los anuncios del gobierno terminan en eso, en un apaciguamiento sin la desarticulación de la economía criminal, no tendremos la paz total si no la paz de Sísifo. Así, ministro Prada, haber corrido los riesgos que usted señala no habrá valido la pena.
Twitter: @gabrielsilvaluj
