Las protestas del lunes en varias ciudades, más allá del acostumbrado debate sobre cuánta gente participó o su prematura convocatoria porque el Gobierno no ha cumplido aún sus primeros 100 días, confirmaron que Colombia cambió el pasado 19 de junio con la elección de Gustavo Petro. Tenemos un Gobierno distinto y las marchas también fueron diferentes: salieron a las calles los ciudadanos de derecha y no los de izquierda. Quienes defienden el orden y la autoridad frente a las libertades y derechos. Marcharon muchos mayores de 50 años y pocos jóvenes de 18. Protestaron los propietarios de las tierras y no los campesinos, afros e indígenas. Caminaron las mujeres maduras, amas de casa, profesionales y no las jóvenes universitarias feministas. Salieron los empresarios y pensionados a defender sus derechos que consideran amenazados y no los desempleados y trabajadores a exigir los suyos a una vida digna. Marcharon los reservistas y no los artistas. En fin, las calles fueron ocupadas por quienes hasta hace poco gobernaban y las oficinas del Palacio de Nariño y los ministerios por aquellos que marcharon en 2021 y hoy desde el poder brindan garantías a la protesta. Gran avance democrático.
El país que protestó el lunes no es mejor ni peor al que lo hizo contra Iván Duque. Es distinto. Es cierto que otra característica de las marchas fue que no se presentaron hechos que lamentar, como en las anteriores, con la excepción de los insultos racistas de una señora desadaptada contra la vicepresidenta. Los unos señalan que esa buena noticia se debe a que quienes protestaron son “decentes” y respetan la autoridad. Los otros advierten, por el contrario, que la explicación está en que hay un Gobierno de izquierda que brinda garantías reales a la protesta pacífica y no saca el Esmad a la calle a confrontar y provocar manifestantes. Los radicales de cada sector se mantendrán en su narrativa y los dos tienen parte de la verdad. Hay un Gobierno que garantiza las movilizaciones y unos ciudadanos que por razones políticas e ideológicas simpatizan con las autoridades. De hecho, fueron miles los reservistas que salieron a protestar contra el Gobierno porque, según ellos, hay una intención deliberada de debilitamiento de las Fuerzas Armadas.
Las marchas son la expresión clara de un país que aún continúa profundamente dividido y hace bien Petro en dialogar al día siguiente con líderes de la oposición y escuchar sus preocupaciones, sin claudicar en su propósito de cambio por el que votaron los colombianos. Las primeras acciones de su Gobierno apuntan a cumplir con sus compromisos en esa dirección. Se equivocan aquellos que pretenden que el Gobierno de izquierda se parezca a los de las últimas décadas en Colombia. Los debates sobre la transición energética, la reforma a la salud, la distribución de la tierra, la justicia tributaria o la paz total, llegaron para quedarse. En eso consiste la democracia y para eso son las elecciones. Ahora el Gobierno, que apenas lleva 50 días y ya parece que tuviera seis meses por la cantidad de iniciativas, es el que marca la pauta. Y corresponde a los partidos, sectores empresariales y organizaciones sociales, academia y la misma ciudadanía, el debate sereno y responsable de la forma como se deben concretar los cambios esperados.
Las reformas planteadas por Petro van en la dirección adecuada y tienen el propósito de construir un país más incluyente, solidario, pacífico y sostenible. Es necesario avanzar en la desmovilización de los actores armados, cumplir con los acuerdos de paz, distribuir y formalizar tierra a los campesinos, reformar la salud y meter en cintura a las EPS, garantizar una pensión digna a nuestros adultos mayores, tener un sistema tributario más equitativo y un sistema político más transparente y democrático. Llegó entonces el momento de aterrizar la mayoría de las reformas, buscar consensos y evitar exageraciones ideológicas o revanchas personales en el propósito de cambio. El gran desafío es juntar el país de las marchas que Petro encabezó hace poco, con el de las que se hicieron ahora en su contra. Sin estigmatizaciones ni descalificaciones. Es posible construir consensos para cambiar, no para conservar el statu quo. Sin imposiciones, sin sectarismo, sin agresiones. Colombia tiene la oportunidad de tomar el camino del cambio.
