Johana Fuentes
22 Septiembre 2022

Johana Fuentes

La punta del iceberg

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De las irregularidades en la contratación de Emcali se estaba hablando hace rato –por supuesto, sin que nada pasara en los entes de control–, pero esta semana, el contrato para la medición inteligente destapó una olla podrida que dejó muy mal parado al gerente y lo llevó a presentar su renuncia. 

Se trata de un contrato con la Unión Temporal AMI por casi 216.000 millones de pesos. Del contrato llaman la atención varías cosas, lo primero son los costos exagerados de ciertos ítems, por ejemplo: Cobraron 753 millones de pesos por un video wall para una sala de juntas, cuando en el mercado el más costoso está en 89 millones y el de menor valor en millón y medio. Por un televisor de 55 pulgadas Smart Led, 42 millones de pesos, hoy se pueden conseguir en 2.500.000. Ni hablar de las sillas ergonómicas, 17 millones por cada una. 

Increíble y escandaloso, pero lo peor no fueron las cifras  sino la explicaciones del gerente Juan Diego Flórez en la entrevista que le hicimos en La W Radio.  Flórez admitió –como si estuviese hablando de un juego y no de contratación pública– que los valores no correspondían porque se había hecho un ajuste para cuadrar la cifra general. ¡Vaya ajuste de miles de millones! Realmente fue una entrevista penosa que destapó el modus operandi para robarse de frente la plata de los caleños. Después de eso no le quedó más remedio que renunciar. 

Lo sorprendente es que el alcalde de Cali al recibir la renuncia se enfocara más en resaltar las virtudes que, según él, tuvo el gerente durante su gestión:  “Batalló valientemente entornos muy difíciles”. Ya saben que de buenos muchachos está llena la política. Tal vez creyó Jorge Iván Ospina que con eso se acababa el asunto, pero no, esta es solo la punta del iceberg de lo que pasa en Emcali. El alcalde –como presidente de la junta directiva– lo sabe y se ha hecho el de oídos sordos al igual que los entes de control.

Basta con recordar el contrato por más de 10.000 millones de pesos para el alumbrado navideño, el cambio de objeto social de la empresa para poder contratar a dedo, el escándalo del alumbrado público y, para no ir muy lejos, el contrato denunciado en Sigue La W por 90.000 millones de pesos que pretendían entregarle a una empresa de papel. Pese a las denuncias, nadie hizo nada. 

¿Cómo es posible que pase todo esto con total impunidad? La respuesta está en la política y en los personajes que están detrás de armar este tipo de entramados corruptos. Para nadie es un secreto que el exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía –destituido e inhabilitado por la Procuraduría por participar en política– mueve muchos tentáculos dentro de Emcali. Su gran amigo Arturo Fernández –capturado en 2004 por fabricar licor adulterado–, es el gerente comercial de la empresa. Humberto Serna, el gerente que encargó el alcalde también es ficha de Abadía. 

Eso no es todo, en la junta directiva de Emcali está Jairo Alfonso Prado, hijo de la gobernadora del Valle Clara Luz Roldán, amiga de Abadía, de hecho, el exgobernador estuvo con ella y su hijo esperando los resultados y celebrando el día que ganó la elecciones. Y como cereza del pastel no hay que olvidar que el actual contralor distrital, Pedro Antonio Ordóñez, no se pudo contener de enviarle un saludo a Juan Carlos Abadía el día de su elección.  

Ese no es el único nombre que figura en Emcali. También está el del exsenador Mauricio Ospina, hermano del alcalde. Sus cuotas son Jorge Hernelio Saldarriaga, gerente de abastecimiento –y quien hizo parte de su UTL cuando estuvo en el Congreso– y Carolina Serna, gerente financiera. 

A la actual directora del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, le atribuyen la cuota de la gerente de energía con Marino del Río. Cabe señalar que Toro le heredó su capital político en el Valle a Clara Luz Roldán para llevarla a la gobernación y es prima de Abadía. Al final todo queda en familia. 

Los entes de control han brillado por su ausencia en este escándalo, pero al estar en el ojo del huracán por su inoperancia, los anuncios no se hicieron esperar. El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, decretó una intervención funcional en Emcali, aunque omitió contarnos que es cercano a Juan Carlos Abadía y que, en su momento,  fue uno de los que inscribió su candidatura a la gobernación. 

¿Qué esperanza pueden tener los caleños de que algo cambie en Emcali si todo está cooptado por los políticos que tienen intereses allí? ¿Hasta cuándo los políticos cuestionados van a seguir manejando todo a su antojo  desde la sombra? Ojalá que no nos quedemos con la punta del iceberg y se logre llegar hasta el fondo de este oscuro capítulo. 

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