Juan Camilo Restrepo
2 Junio 2022

Juan Camilo Restrepo

La seguridad alimentaria: el gran debate que viene.

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Colombia tiene infinidad de temas importantes entre el tintero. El debate presidencial apenas los ha tocado por encima. Las propuestas de los candidatos han fluctuado a menudo entre las vaguedades y los lugares comunes. Ya surtida la primera ronda de la elección presidencial, corresponde profundizar sobre su viabilidad, sobre su congruencia con otros temas prioritarios, y, ante todo, sobre la mejor manera de llevarlos a la práctica.

La seguridad alimentaria de los colombianos -o mejor: los nubarrones de la inseguridad que se cierne- es quizás uno de los asuntos prioritarios que el país debe abocar a la mayor prontitud. Cualquiera que sea el elegido para presidir al país entre 2022 y 2026, encontrará acá una prioridad insoslayable.

El asunto de la seguridad alimentaria ha adquirido especial preponderancia por dos razones nuevas: la primera, la disparada de los precios internacionales de algunos cereales claves en la dieta alimenticia con motivo de la guerra Rusia-Ucrania; y la segunda, el curso que ha tomado la inflación doméstica de los alimentos que, en términos anualizados, registra un incremento impresionante del orden del 25 por ciento.

Los efectos sobre los precios de los alimentos que la invasión rusa a Ucrania está teniendo, y la manera como viene manejándose esta guerra por parte de Rusia cuya característica principal consiste en arrasar las tierras agrícolas del sur de Ucrania e impedir la exportación de granos ucranianos desde sus puertos estratégicos sobre el mar negro, está teniendo efectos descomunalmente graves sobre el comercio internacional de alimentos y sobre precios como el del trigo.

Un informe reciente de la revista The Economist resume muy bien lo que está pasando: el 12 por ciento de las calorías que consume el mundo provienen de las exportaciones rusas y ucranianas; el precio del trigo ha saltado un 53 por ciento desde que comenzó este año; el alza de los precios de cereales que ha desencadenado la guerra ha llevado a que de 440 millones se haya subido bruscamente a 1600 millones de personas que a la fecha no tienen ingresos suficientes para adquirir la cuantía mínima de calorías requerida. Y si la guerra se prolonga, probablemente una cantidad mayor de la población mundial caerá en la inseguridad alimentaria. Países como Egipto, Líbano, y un grupo importante de países sudsaharianos están ad-portas de caer en una aguda hambruna, pues son altamente dependiente de las importaciones rusas y ucranianas de cereales que se tornan prohibitivas a los precios actuales. 

Cuando se habla de inseguridad alimentaria es necesario distinguir dos tipos de fragilidades: la primera se conoce como inseguridad por razones de oferta, es decir, cuando no hay suficiente cantidad de alimentos para atender las necesidades de la población. Que es lo que está sucediendo en países como Egipto. Esta situación puede acarrear hambrunas. 

Otro tipo de inseguridad alimentaria –en donde se ubicaría el caso colombiano- se presenta cuando habiendo suficiente oferta de alimentos (como es el caso nuestro), sectores desvalidos de la población no tiene ingresos para adquirir las calorías mínimas requeridas. El incremento de los índices de pobreza y la disparada de la inflación generan esta segunda modalidad de inseguridad alimentaria. Que es, precisamente, la que está apareciendo en Colombia.

Ahora bien, ¿qué hacer?

En primer lugar, hay que actuar con sindéresis. Las medidas calenturientas en vez de facilitar las cosas pueden empeorarlas. Un desacierto sería, por ejemplo, tomar medidas para cerrar la economía o elevar los aranceles desmesuradamente creyendo ingenuamente que esto soluciona el problema. En momentos de turbulencia alimentaria lo que hay que hacer es abrir la economía: no cerrarla. Para facilitar así que lo que necesitamos, llámense fertilizantes o faltantes de los productos en que somos deficitarios, puedan llegar más fácilmente y al menor costo posible.

Desde luego, el país tiene que hacer esfuerzos grandes para aumentar su oferta doméstica de comida, y depender menos de las importaciones. Un caso promisorio en el que el nuevo gobierno podría y debería trabajar rápido es poner en marcha un gran programa de producción de maíz, que es justamente uno de los productos que más pesa en la canasta de importaciones agropecuarias que tenemos. 

Colombia tiene tierras y condiciones para rescatar su vocación maicera. Este debería ser un programa prioritario para el próximo gobierno. Ya hay experiencias exitosas que recientemente se pusieron en marcha como fue, por ejemplo, el exitoso programa que se denominó “país maíz” que se implementó hace unos pocos años, y que nos permitió duplicar el área sembrada con maíz amarillo tecnificado.

Si una gran parte de la inseguridad alimentaria que actualmente sombrea sobre un porcentaje importante de la población colombiana se debe a insuficiencia de ingresos entre la población más pobre, debido al incremento de la pobreza y a la reciente disparada de la inflación de alimentos.  Como lo demuestran las cifras del Dane que dan cuenta que un porcentaje importante de la población más débil no está teniendo acceso a las tres comidas diarias. Es claro entonces que la mejor arma para combatir y prevenir la inseguridad alimentaria en el caso colombiano es la lucha contra la pobreza y contra la inflación. Del éxito de estas dos batallas depende la seguridad alimentaria futura del país. 

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