Dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia acusaron a su compañera y colega Cristina Lombana, no solo de ser calladita, sino también de ser algo torpecita jurídicamente.
Me explico.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia cerró una investigación en contra del senador liberal Lidio Arturo García Turbay, en el proceso que se le adelantaba por el escándalo conocido como la parapolítica.
El caso se abrió hace diez años con la indagación preliminar contra el congresista, quien fue señalado por el excomandante paramilitar Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias Don Antonio, de haber recibido apoyo político de ese grupo armado ilegal para su campaña a la Cámara de Representantes en el año 2006.
Con ponencia de la magistrada Cristina Eugenia Lombana Velásquez, la Corte Suprema determinó que no existían elementos materiales suficientes para seguir el caso y declaró la extinción de la acción penal. De esa manera se inhibió de abrir la instrucción en contra del senador liberal por el delito de concierto para delinquir agravado.
Recordemos que la magistrada Lombana fue también la encargada de investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez cuando su caso estaba en la Corte Suprema y gracias a una investigación del periodista Daniel Coronell, se pudo determinar que esa togada se había quedado calladita frente al hecho de que, en el pasado, había trabajado en el mismo caso, para el abogado Jaime Granados, principal defensor del expresidente Uribe.
Pero volvamos al caso de Lidio García Turbay.
La magistrada fue más allá e incluso consideró “liviana” y “ligera” la sindicación en contra del senador, pese a que toda la evidencia que existía en el caso era pesada y contundente. Ahora bien, todo parece indicar que esa calificación de la investigación que la magistrada lanzó con esas duras palabras, se le está devolviendo como un boomerang. Ahora la liviana y ligera resulta ser ella.
Todo está en el acervo probatorio. Según el expediente del proceso, el excomandante del frente José Pablo Díaz, de las Autodefensas Unidas de Colombia, señaló, categóricamente, que el senador García Turbay había participado en el pacto político que se firmó en el departamento de Bolívar para recibir apoyo de la estructura armada ilegal.
Como contraprestación de ese apoyo, Lidio García se comprometió a favorecer a los paramilitares en el Congreso de la República si llegaba a ser elegido. Unas por otras. O un cambalache, como el famoso tango de Enrique Santos Discépolo famosamente interpretado por Julio Sosa que empieza diciendo “que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también”.
Y no se equivocó. García Turbay también habría aparecido junto a otros dirigentes políticos del norte del país en uno de los documentos hallados en 2006 en el computador, nada más ni nada menos que del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. En el mismo aparecían varios correos electrónicos que hacían referencia a encuentros, reuniones y firma de acuerdos con el Bloque Norte de las AUC para que, desde el Congreso, se apoyaran sus pretensiones.
La calladita lo ignoró.
Los que no lo hicieron fueron los magistrados César Augusto Reyes Medina y Marco Antonio Rueda Soto, que el pasado 29 de junio, emitieron una fuerte y categórica aclaración de voto sobre ese caso. En general se distanciaron de la motivación que soportó la decisión mayoritaria, por la cual se declaró la prescripción de la acción penal respecto del delito de concierto para delinquir agravado, atribuida al senador García Turbay.
Pero lo mejor viene ahora. Tal y como lo contó el periodista Guillermo Gómez en Noticias Uno, dentro de ese documento de aclaración se cuenta una interesante historia. Resulta que la magistrada Lombana viajó el 13 de mayo de 2021 a Buenos Aires para entrevistar a un exparamilitar prófugo de la justicia, condenado en Colombia por homicidio, que era testigo de los hechos en contra del senador García Turbay.
El paramilitar se llama Carlos Mario García Ávila, alias Gonzalo o el Médico, y es otro de los dirigentes del grupo de las autodefensas, que fue crucial para el apoyo a la aspiración a la Cámara de Representante de Lidio García en el departamento de Bolívar.
Sin embargo, como consecuencia de la ligereza, liviandad y torpeza legal de la magistrada, su testimonio no sirvió en el proceso como prueba. Peor aún, el exparamilitar, que es prófugo de la justicia colombiana por homicidio, no fue capturado pese a ser escuchado en el consulado, es decir, en suelo colombiano. Si narráramos esta historia en un tango habría que rimar paramilitar con exmilitar, como la magistrada Lombana.
Gracias al relato contenido en ese documento, pareciera que la togada estaba más pendiente de disfrutar de los ricos vinos malbec y un buen asado de tira, que en hacer una buena audiencia judicial para recabar evidencia, en especial porque, como obra en el expediente, no hubo permiso de la Corte Suprema o de la Cancillería para realizar la diligencia. Como en el famoso tango de Carlos Gardel, Cuesta abajo, “si fui floja, si fui ciega, solo quiero que comprendan, el coraje de querer”, de querer viaticar, claro.
Según el documento de los magistrados Reyes Medina y Rueda Soto, el viaje se realizó sin que se concediera la autorización del ingreso extraordinario de la investigadora a la Argentina para la recepción del testimonio, puesto que no existe constancia alguna de este en el expediente.
Para ser claros, el gobierno de ese país debió autorizar a la togada para hacer esa audiencia, al igual que la Corte, y eso no ocurrió. En especial porque para ese momento, mayo de 2021, debido a las restricciones de la pandemia, el ingreso a dicho país estaba limitado.
Pero el documento sigue explicando la torpeza legal de la magistrada. O su ligereza, y nada mejor que sus propias palabras para hacerlo. “En síntesis, más importante que la práctica de esa declaración que nada aportó al esclarecimiento de los hechos, era efectuar en oportunidad la apreciación sobre la confluencia, univocidad y firmeza de las sindicaciones contra García Turbay; omisión en la que se persistió con posterioridad. Específicamente, pues luego del acopio de dicho testimonio inútil para estas diligencias, efectuado el 13 de mayo de 2021, si es que se consideraba esencial, o si no satisfizo en cualquier caso las expectativas al decretarlo, nada fue dispuesto ni ordenado en la sustanciación de la indagación”.
Inútil es sinónimo de improductivo, inservible, caduco o torpe.
Por otra parte, los magistrados Reyes Medina y Rueda Soto establecieron otro elemento que no entendieron de la actuación legal de la togada Lombana, como fue evadir la declaración de Jorge 40, pese a que el nombre del investigado se encontraba en su computador con fechas, descripciones de reuniones y acuerdos.
Y sigamos con el tango. El lunfardo puede considerarse como el idioma del tango argentino, cuya influencia en el léxico actual colombiano está bien documentada. Era un lenguaje en código entre delincuentes, para poder comunicarse entre sí por los barrotes de las celdas, mezcla de caló, italiano y francés, forjada durante la inmigración europea en la segunda mitad del siglo XIX a la Argentina. En eso quedó la evidencia de las reuniones de ese computador.
Por eso los magistrados Reyes Medina y Rueda Soto sentenciaron: “En fin, haciendo propias críticas ajenas, testimonios como el de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, que son tan relevantes y trascendentes para el esclarecimiento de los hechos, ninguna explicación tiene que en la dirección de esta indagación se optara por no practicarlo”. Y es verdad.
La magistrada, calladita, decidió no tomar el testimonio de Jorge 40, pero prefirió, sin previo permiso de la institución, viajar a Buenos Aires y tomar la declaración de García Ávila que, por sus propios vicios de forma, terminó siendo una prueba que no se pudo utilizar y resultó inútil. Volviendo a la letra del tango interpretado por Julio Sosa habría que cantar con buena entonación: “Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón”.
Qué falta de respeto y qué atropello a la razón la cadena de hechos y actos incompresibles que terminaron con el cierre de ese caso en contra de García Turbay. Y ante ese hecho solo se puede concluir una de dos cosas: la primera es que hubo fina estructuración de un macabro plan para cerrar ese caso de parapolítica, o, la segunda, que todo fue una secuencia de errores por pura torpeza jurídica. Ya que no existe certeza ni evidencia de lo primero toca quedarnos con la opción de la torpecita.
@yohirakerman; akermancolumnista@gmail.com
