Existe un problema heredado del gobierno anterior y del anterior y del anterior, y sucesivamente hacia atrás porque, a la par del conflicto armado, la impunidad ha sido precisamente la que ha impulsado, promovido y perpetuado la violencia.
No pocas veces me han preguntado cómo es vivir con la impunidad. Enfrentarse a la búsqueda de justicia en un país como Colombia es un reto enorme que en muchos casos solo resulta en más dolor y no creería equivocarme al decir que algunos de los que generosamente lean esta columna habrán posiblemente padecido también el efecto directo de la impunidad; aunque, finalmente, es un tema que deberíamos entender que nos afecta a todos como comunidad.
La falta de justicia ha caminado de la mano de la larga y profunda guerra; la impunidad ha dinamizado el conflicto en el país y profundizado el sufrimiento de millones. Dice el reciente informe de la Comisión de la Verdad titulado “La impunidad como factor de persistencia del conflicto armado interno colombiano”: la baja respuesta institucional contra las victimizaciones durante el conflicto armado ha sido parte de una lógica general de ausencia de respuestas sociales a las atrocidades del conflicto. Vivir directamente y a cuestas con la impunidad es seguir padeciendo la violencia del Estado.
Las cifras que arroja el informe de la Comisión de la Verdad lo dicen todo: “La impunidad es superior al 90 por ciento” ; dato que, aunque es un escándalo, seguramente no sorprenda a nadie en el país.
El informe revela que el problema no solo radica en que los casos nunca, o en muy reducidos casos, prosperan porque están contaminados por intereses propios o políticos, así como porque muchos funcionarios sienten miedo y falta de libertad para desarrollar su función, sino también porque el acceso a la justicia es en repetidos casos imposible para muchos y desisten de denunciar porque ello implica un esfuerzo emocional y financiero abismal. La burocratización y demás trabas, desalientan la mera intención de empezar un proceso frente a una institución en la que de todas maneras no confían y además pueden llegar a sufrir una nueva victimización.
Hasta abril de 2018, la Fiscalía reporta 223.282 casos que reposan en la jurisdicción ordinaria relacionados con el conflicto armado por hechos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016. Al mismo tiempo, el Registro Único de Víctimas (RUV) reporta hasta el año 2015 la ocurrencia de 9,651,563 millones de eventos relacionados con el conflicto armado interno. . . "El contraste resulta abismal y salta a la vista una incompatibilidad resuelta de las cifras como un indicador del déficit del acceso a la justicia de las víctimas” concluye la Comisión de la Verdad.
Según la Comisión, la razón de fondo para que las víctimas guarden silencio, o para que los funcionarios de justicia amedrentados no se comprometan de fondo con la investigación y esclarecimiento de los crímenes, es el miedo. Como en una espiral, el miedo lleva al silencio y es uno de los principales mecanismos para la impunidad que a su vez da vía libre para la guerra total.
“La ley del silencio emerge como una forma de controlar las poblaciones y los territorios. En el conflicto armado una expresión de la capacidad de dominio sobre un lugar y su gente ha sido la capacidad de imponer el silencio”. Dice el informe.
Quienes por otro lado, siendo víctimas sí se han atrevido a denunciar, e incluso a participar y colaborar en las investigaciones judiciales, frecuentemente son objeto de nuevas violencia y amenazas. Muchos de los que han buscado justicia y verdad ha terminado desplazados o en exilios de décadas o incluso de por vida, pues nunca se hace justicia en sus casos y los perpetradores permanecen libres, sin sanción y listos para volver a atacar.
Por su parte los administradores de justicia que, a pesar del asedio, han respondido dignamente a su función y su deber, también han acarreado consecuencias desde adentro y fuera de la misma institución. Esto lo presencié yo misma con aquellos funcionarios —Ángela María Buitrago, José Darío Cediel o la juez María Stella Jara— a quienes siempre agradeceré por no habernos traicionado, ni a mi familia ni al país; pero en el largo proceso han sido la excepción.
La impunidad como fracaso institucional no es solo catastrófico para el país sino que la ausencia de una mayor solidaridad social también ha sido muy dolorosa para las millones de víctimas que han tenido que vivir su dolor e injusticia, en total abandono, silencio y soledad.
“La ausencia de una reacción social frente a las atrocidades del conflicto, es decir, su incapacidad para reconocer y responder a la atrocidad tienen un estrecho vínculo con el problema de la impunidad” dice el informe. Una señora dijo a la Comisión, a propósito del asesinato de su cuñado en la zona de Tumaco, describiendo la falta de apoyo de la comunidad en su caso: “La gente por miedo, no, o sea no ahonda nada, todo queda como en el olvido, como ‘bueno ya le pasó a ella, porque le pasó a ella y yo no me meto en eso’, nadie colabora”. Esta actitud lamentablemente se repite en todo el país.
Con excepción de algunos sectores que siempre han defendido los derechos humanos, la justicia y han buscado la paz, la sociedad no ha acompañado las demandas de las personas afectadas, ni rechazado de manera tajante a los perpetradores lo que hace más factible que estos nunca sean llamados a rendir cuentas o las investigaciones nunca arrojen resultados reales. El informe describe cómo muchas víctimas tienen miedo a ser nuevamente atacados no solo por los perpetradores, sino también a ser culpabilizados por los otros, en general, pues los límites y valores éticos de la población ha sido trastocados por la misma guerra; Y hay que decir que aquí los medios de comunicación masiva, en manos de quienes se benefician del sistema de dominación y violencia han jugado un rol determinante porque han reproducido y dado eco al relato oficial de quienes han tenido siempre todo el poder e incluso de quienes han perpetrado crímenes, llevando, durante años desarticularnos como sociedad y a hacernos creer que es el ejercito el indicado y único capaz de solucionar disputas, a pesar de que en más de 60 años la salida militar del conflicto no haya solucionado ningún problema de fondo y en cambio sí se han derrochado enormes cantidades de capital y ha dejado sufrimiento sin fin. Así, la misma sociedad ha terminado siendo el sostén de las más atroces violaciones. Sin embargo, debo decir también que siento con optimismo que en los últimos años esta actitud ha ido cambiando para bien, aunque aún es necesario mayor compromiso social, uno que repudie a quienes ha sumido al país de todos en trauma y terror.
Dice el informe de la Comisión: “La sensación de sin salida que proviene de la atrocidad sin respuesta institucional y una sociedad indiferente aleja la posibilidad de una ciudadanía auténtica y procrea una visión de los derechos como meras promesas sin sustento alguno”.
Una de las principales características en las democracias y sociedades que viven en paz, es la confianza en sus instituciones, y también entre los mismos ciudadanos por la ausencia latente del temor a ser dañado por el otro. En cambio en sociedades como la colombiana, el miedo incrustado en todas partes y usado como arma de control social ha imposibilitado la construcción de una sociedad más articulada, que haga contrapeso al poder, que exija mayor justicia, que comprenda el valor de la democracia, la construya y la proteja.
El problema de la arraigada impunidad será otro de los grandes frentes y desafíos que tendrá que tramitar el nuevo gobierno si lo que busca es fortalecer la democracia, el estado de derecho y la paz total. Nunca habrá paz sin justicia. Hoy Colombia cuenta con la justicia transicional, pero es la justicia ordinaria la que hay que reforzar y convertir también en órgano de paz. Al igual que con la memoria, la reforma dentro de las fuerzas armadas o la verdad, entre otros, la sociedad encontrará a un grupo que se opone llanamente a su transformación, porque no quieren perder el amparo y poder que siempre les ha otorgado esa impunidad; son los mismos que no quieren perder el privilegio de tener un ejército para su servicio personal y conservan un relato oficial que reconoce solo algunas de las víctimas y ha puesto a los poderosos, autores de crímenes, siempre en la mejor luz.
La justicia es requisito para que todos los habitantes del país podamos sentir mayor confianza entre nosotros; que así crezca la solidaridad y compromiso social, que nadie en el país vuelva a callar, ni a sufrir en soledad, que Colombia logre sin titubeos decir en voz alta que no quiere repetir su pasado, que ha avanzado en democracia, en la construcción de una institución judicial eficaz y que estamos conociendo la paz.
