Paola Herrera
13 Febrero 2022

Paola Herrera

Las corbatas del Estado

"Los contratos corbata son aquellos que, en su mayoría se crean para brindar asesorías a la entidad, aunque en muchos casos ya existen funcionarios que tienen esa labor, es decir, se duplican funciones". 

Entre aquí para recibir nuestras últimas noticias en su WhatsAppEntre aquí para recibir nuestras últimas noticias en su WhatsApp

Últimamente hemos hablado mucho sobre los famosos contratos “corbata” que se firman en el sector público. Si es verdad, como se escucha en la conversación entre Aida Merlano y Julio Gerlein, que por una curul pagan hasta 18.000 millones de pesos, no me quiero imaginar cuántos contratos de ese tipo se exigen para recuperar los recursos invertidos. 

Con el escándalo revelado por Blu Radio sobre el exasesor de Palacio, Andrés Mayorquín y su esposa, Karen Váquiro —quien logró obtener 24 contratos simultáneos con 15 entidades estatales por más de 1.200 millones de pesos en solo dos años—, se evidenció una vieja forma de contratación en el país que pareciera que solo sirve para pagar favores políticos. 

Pese a que en las entidades hay plantas de personal robustas, cada vez que llega una nueva administración se disparan las órdenes por prestación de servicios (OPS) y con la excusa de asesorías, contratan a diestra y siniestra a quienes lleguen recomendados o a quienes toque poner por “instrucciones de arriba”. 

Y esto no es un secreto para nadie dentro de las entidades. Acá hablamos de todas: las de Gobierno, las distritales, las territoriales, las gobernaciones, alcaldías y hasta las autoridades de control. Todo el aparato estatal sufre de la enfermedad conocida como “contratitis” con la que se derrochan recursos que son de todos los colombianos. 

Pero, ¿qué significa realmente un contrato corbata? Les voy a dar primero una sencilla definición y después, de la mano del Ministerio de Educación, les mostraré los que podrían ser claros ejemplos de estas transacciones. 

Los contratos corbata son aquellos que, como mencionábamos anteriormente, en su mayoría se crean para brindar asesorías a la entidad, aunque en muchos casos ya existen funcionarios que tienen esa labor, es decir, se duplican funciones. 

Además, tienen remuneraciones muy altas, establecen objetivos ambiguos de tal manera que nunca sepamos si se cumplió o no y, al ser por prestación de servicios, los beneficiados no tienen que ejecutarlos presencialmente, no cumplen horarios, ni siquiera tienen que verse con su jefe o supervisor. Al final de mes, los contratistas entregan su cuenta de cobro para recibir los honorarios y en ella adjuntan un informe de gestión que en teoría debe ser revisado, pero eso no siempre pasa.

Recordemos que en el caso Váquiro, la contratista presuntamente solo copió y pegó documentos que ni siquiera ella elaboró, les puso el logo de su empresa y con el mismo informe pudo cobrar en las 15 entidades que le dieron trabajo. Entonces, ¿hizo lo mismo en todas? o ¿le pagaron por no hacer nada? 

Cabe aclarar que no todos los contratos por prestación de servicio son corbata y no en todos se desperdicia la plata. Las corbatas, que como ya sabemos son para cumplir con cuotas políticas, se firman incluso con personas que ni cumplen el perfil para las funciones que van a ejecutar. No importa si el contratista es idóneo, solo que sea el “ungido” por el jefe o por el político. 

Pero ahora sí vamos a la práctica de la mano del Ministerio de Educación. Esta columna conoció que la cartera que lidera María Victoria Angulo ha entregado durante su administración algunos contratos a viejos conocidos, como al exprocurador y excontralor, Edgardo Maya Villazón y al exministro de Justicia, Carlos Eduardo Medellín Becerra.

Empecemos por el caso de Maya. Fue vinculado a mediados de octubre del año pasado con un contrato para prestar sus servicios profesionales a la oficina jurídica con el fin de “orientar, analizar y conceptuar en los asuntos que le sean asignados”. Eso pese a que ya se estaba acabando el año y pese a que otros funcionarios están encargados de asesorías similares. 

Documento 1

En 2021 los honorarios por cumplir con ese objeto fueron 16 millones de pesos mensuales, pero, al revisar los informes de gestión de octubre, noviembre y diciembre, nos encontramos que en la mayoría de las obligaciones especificas, el señor Maya dijo que “no le asignaron actividades al respecto”. 

documento 2

documento 3

Para este 2022, Maya seguirá gozando de las bondades de la ministra quien, antes de entrar en vigencia la Ley de Garantías, le dio un nuevo contrato por 197 millones de pesos hasta el 31 de diciembre. Eso significa que mensualmente recibirá 16.482.000 pesos.

Documento 4

Al exministro de Justicia, Carlos Eduardo Medellín, le ha ido mejor. Desde 2019 ha tenido contratos millonarios con el Ministerio de Educación para “asesorar externamente a la oficina asesora jurídica emitiendo conceptos jurídicos, análisis y revisión de proyectos normativos o decisiones administrativas, y ejercer la representación judicial de esa cartera”.  

El contrato de 2019 fue por 174 millones de pesos; el de 2020 por 179 millones de pesos; el de 2021 subió a 185 millones de pesos y para 2022 le pagarán 197 millones de pesos. Pero si el exministro Medellín Becerra tiene funciones de asesoría jurídica con la cartera de Educación, ¿por qué contrataron a Edgardo Maya para cumplir con objetivos parecidos?, ¿por qué en el ministerio deben tener dos pesos pesados del derecho que cobran millonarias sumas de dinero por sus conceptos? 

El exministro Carlos Medellín Becerra no solo ha sido beneficiado con contratos en el Ministerio de Educación y al parecer es consentido de María Victoria Angulo.  Ella, en 2018, cuando era secretaria de Educación de Bogotá durante la administración de Enrique Peñalosa, le dio un contrato allá por 160 millones de pesos.

También ha asesorado a entidades como el Instituto de Economía Social (Ipes), a la Escuela Superior de Administración Pública (Esap), a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) y en la Unidad Administrativa Especial de Catastro. 

Pero hay más: una investigación del sindicato del Ministerio de Educación, Sintramen, estableció que solo en enero de 2022 esa cartera firmó 748 contratos por un valor total de 169.882 millones de pesos. De ese total de procesos, 676 son órdenes de prestación de servicios por un valor de 48.000 millones de pesos y 58 son contratos directos (sin licitación) a empresas a las que les entregaron 120.000 millones de pesos. 

Llama la atención uno de esos contratos que se otorgó de forma directa. Hablo del que recibió la empresa Organización y Gestión de Proyectos, Deproyectos SAS, para supervisar los convenios con los fondos administrados por el Icetex. 

Según el sindicato, esa misma función ya la tienen seis servidores de carrera y nueve contratistas del ministerio. Eso sumado a que la cartera de educación nacional destina millonarios recursos directamente al Icetex para que cumpla también con ese objetivo: administrar sus fondos. Este contrato se firmó tres días antes de entrar en vigencia la Ley de Garantías y tiene un valor 693 millones de pesos. 

Consultamos al ministerio por estos llamativos procesos y nos dijeron que a Edgardo Maya le dieron una OPS por su idoneidad y su amplia experiencia en el sector público y que en la ejecución de su contrato ha acompañado la estructuración de proyectos de decreto, ha hecho recomendaciones jurídicas a la cartera y hasta brindó asesorías en temas relacionados con el PAE. Sin embargo, parece que al excontralor se le olvidó escribir eso en los informes de gestión.

Sobre el exministro Medellín Becerra también resaltan sus conocimientos y justifican todos los contratos diciendo que ha cumplido con las actividades y tareas que le han sido asignadas.

Y el contrato a Deproyectos SAS el ministerio lo justifica diciendo que debido a la cantidad de convenios que hoy existen, los seis funcionarios y nueve contratistas no son suficientes. Entendemos eso ministra pero, ¿por qué le dieron un contrato a una empresa que no acredita la experiencia que se requiere en ese proceso?, ¿por qué lo entregaron “a dedo”?, ¿acaso, esa es la única empresa que podía adelantar esa labor y por eso no se hizo licitación?
 
Otros detalles de los polémicos procesos del Ministerio de Educación y de la “contratitis” en esa cartera los daré a conocer hoy a las 12 en Sigue la W de W Radio Colombia.  
 

Conozca más de Cambio aquíConozca más de Cambio aquí

Más Columnas