Hace unas semanas conocimos por algunos registros de prensa que una mujer había fallecido en Barranquilla por complicaciones después de someterse a un aborto clandestino. La noticia no pasó a mayores, excepto por la voz que levantaron los colectivos feministas exigiendo justicia.
Esta mujer era Lorena Gelis, tenía 37 años y dos hijos, una niña de 12 y un joven de 17. Era la menor de cuatro hermanas, vivía con su madre en Salamanca, un barrio estrato dos en Soledad, Atlántico, municipio conocido por ser el epicentro de compra de votos en época electoral, pero también por sus cifras de pobreza. (El 41,2 por ciento de la población está en condición de pobreza monetaria, según el último informe del Dane).
Lorena era una mujer soñadora, alegre, dulce y extrovertida, así la recuerda Sergio Ordosgoitia, su expareja y padre de sus hijos. Trabajaba como anfitriona en discotecas y bares de Barranquilla, quería ser chef, pero lamentablemente no contaba con los recursos para pagar los estudios.
A los 20 años tuvo a Carlos*, su primer hijo, y cinco años después llegó Sara*. Fueron maternidades deseadas. Vivió 15 años con Sergio y, después de la separación, él se llevó a los niños a Gachancipá, Cundinamarca, donde trabaja actualmente, pues su situación económica era más favorable que la de Lorena.
Esa misma situación económica fue la que la llevó, según su madre, a tomar la decisión de abortar. Lorena, que había crecido en una familia cristiana, le ocultó dicho embarazo a sus hermanas y acudió el 6 de enero a una casa ubicada en el barrio San Luis, de Barranquilla. Allí, el médico Manuel Cerpa, hoy prófugo de la justicia, le hizo el procedimiento.
Sergio recuerda haber hablado con ella la noche anterior a su fallecimiento, ella le dijo que se sentía muy mal y se haría una ecografía, sin embargo, no mencionó nada sobre el aborto. “Tal vez le dio vergüenza contarme lo que había hecho”, me dice Sergio. Al día siguiente, al no sentir ninguna mejoría, regresó a la casa donde trabajaba clandestinamente el doctor Cerpa, esta vez estaba acompañada de su madre. Cerpa le realizó un legrado, pero todo salió mal y Lorena tuvo una fuerte hemorragia. La llevaron a una clínica donde no recibió atención por no tener convenio con su EPS, así que tuvieron que trasladarse hasta la clínica San Ignacio, sin embargo, no pudieron hacer nada para salvarle la vida. El dictamen médico reveló que Lorena sufrió una ruptura en su útero.
Según el informe ‘Criminalización por el delito de aborto en Colombia’, realizado por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y un equipo de investigadores de la Universidad de los Andes, el personal de salud, antes de atender una interrupción voluntaria de embarazo (IVE), prioriza reportar estos casos como delito, lo que hace que mujeres como Lorena opten por poner en riesgo su vida en lugares clandestinos.
Hay algo que llama aún más la atención de este informe: las condenas cuando una mujer decide abortar representan el 7,6 por ciento, mientras que cuando una mujer denuncia que fue víctima de un aborto no consentido, esta cifra es de tan solo el 2,9 por ciento. Cabe recordar lo que sucedió con Andrés Felipe Muñoz, baterista de la banda Tres de Corazón, que, aunque se probó que le dio un jugo con misoprostol a su exnovia para hacerla abortar, fue absuelto. El argumento de preservar la vida no tuvo cabida en esta ocasión, al parecer lo que realmente incomoda es que las mujeres tomen decisiones.
La semana pasada la Corte Constitucional no discutió las recusaciones al conjuez Juan Carlos Henao, lo que aplaza la decisión de si despenaliza o no el aborto en Colombia y permite que mujeres, sobre todo en situación de vulnerabilidad, sean criminalizadas por decidir sobre sus cuerpos. No hubo una razón aparente para no dar la discusión, pero algunos magistrados confirman que hay un interés en dilatar para que el magistrado Alberto Rojas, a punto de terminar su periodo, no esté presente. El panorama no es fácil si se tiene en cuenta que la magistrada Cristina Pardo, quien votó en contra, llega a la presidencia de la Corte.
A propósito de la magistrada Pardo, en una entrevista en 2018 en W Radio dijo: “Yo respeto la jurisprudencia obligatoria acatada, sentada en la Sentencia C-355 de 2006 (sentencia que establece las tres causales por las cuales se permite la IVE en el país), que es jurisprudencia obligatoria, aunque pues personalmente no la comparto”. Por una declaración similar el magistrado Alejandro Linares hoy está apartado de dicha discusión.
Eso no es todo, la magistrada también estuvo ese mismo año reunida con las bancadas del Centro Democrático y el Partido Conservador, partidos que no solo se han opuesto a la despenalización del aborto, sino que han conformado una bancada “provida” para echar para atrás lo que se ha logrado en ese sentido. El exsenador Hernán Andrade, quien presidió el encuentro, me confirmó que el motivo del mismo fue exponer los argumentos en contra de la IVE.
Magistrada Pardo, ¿por qué votó el impedimento del magistrado Linares si usted estaba en la misma situación? Por coherencia y transparencia en la discusión usted también debería declararse impedida. Los ciudadanos, especialmente las mujeres, esperamos que en la Corte no sigan poniendo palos en la rueda a esta decisión. Ojalá no tengamos que seguir contando más historias como la de Lorena.
*Los nombres de los menores fueron cambiados para proteger su identidad.
