Paola Herrera
3 Abril 2022

Paola Herrera

Los ‘juegos del hambre’

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Un millón de estudiantes en Colombia no están recibiendo hoy su plan de alimentación escolar por culpa de la corrupción, la mala gestión y la falta de capacidad de los entes territoriales para cumplirles a los menores. 

Tristemente en este país los niños siempre son los que terminan siendo víctimas de quienes aprovechan cualquier oportunidad para apropiarse de los recursos públicos. Los corruptos se han quedado con la plata del internet para las escuelas rurales y no se sonrojan al pretender también llenarse los bolsillos con la alimentación de los jóvenes.

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) se ha caracterizado siempre por su mala ejecución. Hoy, después de la pandemia y cuando los estudiantes ya cumplen dos meses de haber reiniciado sus clases presenciales, la Contraloría pone en evidencia que hay once entidades territoriales en donde no se ha empezado a ejecutar. Los niños llegan a la casa sin comer porque las alcaldías no son capaces de contratar. 

Los niños llegan a la casa sin comer porque las alcaldías no son capaces de contratar. 

Hay otros casos, igualmente graves, que encontró el organismo de control y que tienen que ver con incumplimientos de los lineamientos técnicos del programa. En el 37 por ciento de los colegios que visitó la Contraloría hay problemas que incluso pasan por darle comida a los menores que antes fue probada por los ratones. 

Y no solo eso, también hay problemas sanitarios, de infraestructura, falta de menaje, de cocinas, de almacenamiento, de comedores, etc. En un colegio de Barranquilla, por ejemplo, el mismo rector denunció que los padres de familia tienen que llevarle el almuerzo a sus hijos porque el alimento brindado por el PAE es ínfimo. 

En el municipio de Cértegui en Chocó a los niños les toca comer con la mano porque no les dan cubiertos. En otros casos, las frutas, las avenas, los panes o las galletas las guardan hasta en canecas donde se pudren, se dañan, se desperdician, mientras los menores tienen que estudiar aguantándose el hambre.

En resumen, la alimentación de los estudiantes, que debería ser prioridad de todos y que es vital para el proceso académico de los niños, se convirtió en todo lo que está mal dentro de los procesos de contratación estatal en el país. 

Y para ilustrar eso, les voy a contar lo que está pasando con el PAE en la ciudad de Cúcuta. Este es el claro ejemplo de cómo las mafias estarían detrás de un contrato con el que se busca llevar alimentación a más de 78.000 niños de instituciones educativas en la capital de Norte de Santander. 

Esta columna conoció que ya incluso se instauró una denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio por presuntas prácticas anticompetitivas. La queja se da porque en cinco oportunidades el proceso se ha declarado desierto y esta es la hora que no han podido iniciar la operación y entregar la comida. 

Todo empezó en el segundo semestre de 2021 cuando la Secretaría de Educación de Cúcuta adelantó la planeación del contrato para la prestación del servicio del PAE en esa ciudad. Lo hizo mediante la modalidad de puja por precio a través de la Bolsa Mercantil de Colombia y el mercado de compras públicas. 

A pesar de que la adjudicación del contrato debía darse el 13 de enero de 2022, después de realizar algunas ruedas de negocios y de surtir otras etapas, ese día el proponente desistió y fue la primera vez que el proceso terminó desierto.

Ante esa situación la Bolsa Mercantil permitió ampliar el esquema de observaciones y se recibieron algunas de tres interesados en este contrato. Una vez que se hicieron las modificaciones de los pliegos, teniendo en cuenta los ajustes que pidieron los proponentes, se abrió de nuevo el cronograma pero nadie, ningún oferente radicó documentos. Por supuesto, quedó desierto por segunda vez. 

A finales de enero de 2022 se ajustó nuevamente el proceso y se recibieron documentos de un vendedor interesado. Sin embargo, el 28 de enero el proponente no subsanó algunos errores que tuvo y se retiró del proceso, por lo que por tercera vez se declaró desierto.

Al enterarse de lo que estaba pasando, la Secretaría de Educación pidió explicaciones a la bolsa mercantil y esta fue la respuesta: “Es la primera vez que como sociedad comisionista nos sucede esto... Es normal que en estos procesos, a pesar de la convocatoria, solo se presente un interesado, pero cuando este se presenta hace todo para quedar habilitado y para que se le adjudique la negociación, y lamentablemente en esta ocasión no es así”.

¿Qué estaba pasando?, ¿por qué se estaban retirando y al parecer saboteando el proceso?, ¿a quién beneficiaba ese comportamiento irregular? Pues, aunque un mes después se cambiaron los precios, se dieron mejores condiciones y se estableció un nuevo cronograma, el día de la adjudicación se postuló un solo oferente, que nuevamente decide retirarse del proceso. Esa situación automáticamente generó una cancelación de la rueda de selección y por ende, vuelve y juega, la declaratoria desierta del proceso.

El último intento fue la semana pasada, cuando por quinta vez se busca entregar el proceso y se presentan varios interesados. Aunque ya todo parecía estar subsanado, oh sorpresa, el día de la entrega los proponentes nuevamente se retiran de forma voluntaria. Eso hace que otra vez se tenga que cancelar la rueda de negociación. Lo lograron, se declara desierta la convocatoria. 

Claramente en este caso hay una abstención o negación por parte de algunos proponentes de ofrecer el servicio de alimentación escolar en la ciudad y por ende se estaría configurando un delito. No puede ser que unas empresas se presenten, manifiesten interés, radiquen documentos y luego se vayan sin dar explicaciones.

Acá estamos hablando de una presión para que se suban los precios de los productos ya establecidos previamente y les paguen más.

Y aunque la Secretaría de Educación dice que desconoce las causas del retiro de los posibles vendedores, no hay que ser experto para poder identificarlas. Acá estamos hablando de una presión para que se suban los precios de los productos ya establecidos previamente y les paguen más. Es que, repito, lo que importa es engordar sus cuentas y no alimentar a los niños.

Mientras que se sigue jugando con la comida de los estudiantes y se impide la materialización del PAE en Cúcuta, la Procuraduría ya anunció que investigará al alcalde de esa ciudad, el señor Jairo Yáñez. Pero además la secretaria de Educación, Jessica Ramírez, renunció la semana pasada y no se ve una pronta solución al problema.

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