Valeria Santos
23 Marzo 2022

Valeria Santos

Los malos perdedores

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La supremacía constitucional del voto tiene detrás una historia de mujeres y hombres que han luchado y, en algunos casos, dado su vida por garantizar el sufragio libre y universal. Sin embargo, la democracia sigue siendo débil y se desvanece con cada grito injustificado de fraude. Los aniquiladores de la voluntad popular parecen estar en la derecha, la izquierda, dentro del Gobierno, las redes, los medios de comunicación e, incluso, en la Registraduría. Mientras escasea la entereza, abundan los malos perdedores. Por eso es nuestra responsabilidad no permitir que nos arrebaten nuestro derecho a elegir. ¡La soberanía reside en el pueblo!

El sistema electoral colombiano está estrictamente reglamentado en el Código Electoral justamente para evitar que por medio de arbitrariedades se dinamite la democracia. Esta ley, aunque no es perfecta y tiene elementos anacrónicos, funciona y debe respetarse. Es un abuso del derecho pretender saltarse las reglas para promover el caos y desconocer los resultados.

El código electoral no permite un recuento general. Hay unos mecanismos para impugnar la votación de ciertas mesas mediante un procedimiento estrictamente reglado y excepcional. La razón, justamente, reside en proteger la elección. 

Según una declaración a la Silla Vacía de Mónica Pachón, experta en el sistema electoral colombiano, no se justifica un recuento general pues, “no todos los formularios E14 tienen enmendaduras, por ejemplo. Es algo que tomaría cerca de dos años –y sin precedentes en Colombia–. Es que fueron 700 000 jurados de votación contando votos”.

Pero tampoco se justifica porque el preconteo es un conteo rápido de mesas que hacen los jurados el día de las elecciones y que se transmiten por teléfono. Su consolidación y divulgación debe darse en el menor tiempo posible. La velocidad del proceso hace que sea vulnerable a errores humanos, por eso no puede ser oficial ni tiene valor jurídico. El escrutinio, no obstante, lo hacen posteriormente, con tiempo y precisión jueces, notarios y magistrados de la República. 

Como bien lo expuso la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, el recuento pondría “en tela de juicio la labor imparcial y seria desarrollada por 5.000 jueces de la República y coloca nuevamente la justicia en entredicho injustificadamente”. 

Abrir las bolsas de votos, como pretendían el registrador, el Pacto Histórico, el Centro Democrático y el Gobierno, antes de que recularan, y como aún exige el uribismo, no le devolverá la confianza al sistema electoral. Es transitar un camino incierto y peligroso que no tiene asidero jurídico y carece de procedimiento legal. Implicaría que el Consejo Nacional Electoral, un organismo político y el registrador, otro político más, inventaran el camino. 

Aunque el registrador culpó al sistema institucional por el caos, quedó claro que el proceso electoral, que es constitucional, fue el que nos protegió de su negligencia y el que nos ha protegido todos estos años del Consejo Nacional Electoral (CNE). Esto, sin embargo, no quiere decir que el país no deba tramitar las reformas necesarias para mejorar la institucionalidad. 

Para recuperar la confianza, es necesario una comunicación detallada sobre el escrutinio oficial y una explicación de los errores en el preconteo. 

Lo que sí serviría es la renuncia del registrador. Un político sin méritos para ocupar la importancia de su cargo, un irresponsable velando por el proceso electoral y un incompetente capaz de destruir nuestra institucionalidad que solo puede generar desconfianza. 

Los errores que se podían dar en el preconteo fueron advertidos por la MOE desde 2018, cuando también se presentaron problemas con la lectura de los formularios E14. El registrador no escuchó, el resultado: más de 390.000 votos de diferencia para el Pacto Histórico entre el preconteo y el escrutinio final. 

Sumándole a los problemas de los formularios, la Registraduría decidió ceder ante los caprichos del Centro Democrático y cambiar la composición de los jurados. Para el partido de Gobierno era necesario sacar a los profesores de las urnas porque según ellos se iban a robar las elecciones. Más allá de la irresponsabilidad de las acusaciones contra los integrantes del magisterio, el cambio creó incertidumbre por la falta de diligencia e impericia de los nuevos jurados. 

Ahora el partido de Gobierno, que tiene el poder y ha nombrado a todas las cabezas de los organismos de control, descaradamente reclama que hubo fraude, auspiciado, según ellos, por los nuevos jurados que ellos mismos presionaron por cambiar. 

Convertir esta crisis en una oportunidad quitándole, por medio de una reforma, las facultades electorales a las Cortes sería el mejor desenlace. Los magistrados no deberían estar nombrando funcionarios, ni ternando a candidatos. Su única responsabilidad debería ser impartir justicia. Recordemos que el “cartel de la toga” fue una consecuencia de ese vicio tan nocivo definido como el “yo te elijo, tú me eliges”. 

Los medios, en vez de estar repitiendo fraude, podríamos exigirles una explicación a los magistrados que nombraron a Alexánder Vega como registrador. Podríamos comenzar por preguntarle a la que fue la presidenta del Consejo de Estado en 2019 e impulsora de la candidatura de Álex Vega, Lucy Jeanette Bermúdez, si sabía que el padre del registrador, Campo Elías Vega Goyeneche, fue condenado por comprar votos, como lo reveló una investigación de Cuestión Pública. 

El próximo Congreso también podría comenzar por reformar el CNE. Los magistrados de esta autoridad electoral son elegidos por el Congreso y por lo general son políticos que se quemaron en las elecciones parlamentarias. Es decir, cada magistrado pertenece a un partido político, entonces su trabajo termina siendo vigilar a sus propios jefes. El ratón cuidando al queso.

Pero, además, esta crisis reveló que las listas abiertas son muy engorrosas para la democracia. No solo porque desdibujan la institucionalidad de los partidos, personificando la política y desechando las ideas, sino porque confunden al elector, a los jurados y, aparentemente, también al registrador. Además, fomentan el clientelismo. 

Defender la democracia de calumnias y ataques es un deber de todos. Las grandes figuras de las esquinas de la política colombiana como Gustavo Petro y Álvaro Uribe, dejaron claro que no están dispuestos a reconocer los resultados si no les convienen. Y aunque quieran seguir vociferando no ha habido ni fraude, ni golpe de Estado. Los malos perdedores son los aniquiladores de la democracia.

Más vale que el Gobierno ayude a solucionar el desastre que ayudó a crear. No más intervención en política, ni favoritismos con el partido de Gobierno. Sobre todo, no más municiones contra el proceso electoral. Al próximo Congreso le digo: se necesitan reformas urgentes para defender la democracia. 

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