Si existe una escala que mide el nivel de maldad de los seres humanos, los que se roban los recursos públicos destinados a la niñez tienen que ocupar el escalón de los sádicos y psicópatas. El egoísmo de los que se llenan los bolsillos con el dinero que debía ser utilizado para alimentar a los bebés desnutridos, dar techo a los que no tienen hogar y brindarle cuidado a la población más vulnerable, solo puede ser el de los narcisistas sin empatía ni remordimiento alguno. En Colombia, en el departamento de Bolívar, están desaparecidos miles de millones de pesos de regalías que debían financiar centros de desarrollo infantil, CDI.
El 10 de noviembre de 2015, mediante el acta 27 de Ocad-Caribe, se le aprobó al departamento de Bolívar, más específicamente a la gobernación en cabeza de Juan Carlos Gossaín, la construcción y dotación de 22 CDI por un valor de 64.900 millones de pesos. Estos centros tienen el propósito de contrarrestar la desnutrición infantil, brindar cuidado, atención y educación a los colombianos menores de cinco años en estado de extrema vulnerabilidad.
Siete años después, los CDI no existen, la plata no está, y no hay responsabilidad penal de ningún contratista o funcionario público. Lo más grave es que a pesar de las advertencias de la Procuraduría y de la Contraloría, el 22 de octubre de 2022, el gobernador Vicente Blel concedió otra prórroga injustificada al contrato de mayor cuantía.
Los 22 CDI fueron divididos en tres grupos para llevar a cabo tres procesos de contratación. El primer contrato por 13.900 millones de pesos para la construcción de 6 CDI fue adjudicado al consorcio CDI Bolívar Avanza; el segundo, por 12.400 millones de pesos, fue adjudicado a la unión temporal CDI Bolívar Ganador; y el de mayor cuantía, por 25.000 millones de pesos, fue adjudicado a la unión temporal Avanza la Niñez. Adicionalmente, se realizó un contrato de suministro de los elementos de dotación por 8.000 millones de pesos. El total de los contratos fue de 59.300 millones de pesos, más el valor de los contratos de interventoría. Dos de los contratistas de estas uniones temporales y consorcios, Becsa S. A. y VM Constructores S.A., ya habían sido rastreados por La Silla Vacía como megacontratistas de la administración de Juan Carlos Gossaín.
Para entender este entramado hay que saber cómo funciona la política en este departamento. Bolívar ha estado en manos de clanes políticos cuestionados por sus vínculos con el paramilitarismo y la corrupción. Actualmente, los más poderosos son el clan Blel, en cabeza de Vicente Blel (condenado por parapolítica); el clan liberal, en cabeza de Lidio García; y el clan Montes, liderado por William Montes (también condenado por parapolítica). Los tres clanes han puesto los últimos gobernadores y apoyaron conjuntamente a Juan Carlos Gossaín en 2013, a Dumek Turbay en 2016 y a Vicente Blel Jr. en 2020.
Fue durante estas tres administraciones que se desapareció la plata que debía ser destinada a los CDI y que hoy son verdaderos elefantes blancos. Este es un ejemplo, no solo de la corrupción de Bolívar, sino también de nuestro obsoleto e ineficiente sistema de control a la contratación pública.
Con la apertura de la primera licitación, la Procuraduría adelantó un control previo y advirtió que no había un estudio técnico y que los pliegos, por no haber correspondencia entre lo que se iba a construir y lo que se solicitó podrían ser pliegos sastre, es decir hechos para un contratista específico. Además, en la sesión del Ocad donde se aprobaron los CDI, la representación del Gobierno Nacional advirtió que no existían los requisitos de sostenibilidad del proyecto, ya que el ICBF no había emitido concepto para la operación.
Aun así, y como ya sabemos que en los Ocad las decisiones de cómo se van a invertir los recursos de las regalías se toman con criterios políticos y clientelistas, le dieron luz verde a la gobernación.
Y en efecto, las licitaciones parecían hechas a la medida, pues el 31 de diciembre de 2015, tan solo un mes y medio después de aprobado el proyecto, dos de los tres contratos ya habían sido licitados y adjudicados.
Los tres contratos tenían en principio una duración de ocho meses, es decir que para 2017 todos los CDI debían estar construidos y dotados. No obstante, los dos contratos que fueron firmados en diciembre y cuyo inicio se dio en mayo de 2016, pidieron cuatro prórrogas, llegando hasta diciembre de 2020. Todas estas prórrogas coinciden en tiempo para ambos contratistas. Lo cual no deja de ser bastante llamativo.
Además de las advertencias realizadas por la Procuraduría y por el Gobierno Nacional antes de la adjudicación de los contratos, en diciembre de 2018, la Dirección de Vigilancia de las Regalías del Departamento Nacional de Planeación, DNP, encontró incumplimientos de los contratistas, pues las obras habían avanzado apenas un 3,6 por ciento a pesar de llevar 17 meses en ejecución y de ser planeadas para 8 meses. En 2020, el DNP, sin embargo, decidió reanudar los giros.
Finalmente, a raíz de los retrasos e incumplimientos, dos de los tres contratos de construcción fueron liquidados. Uno de ellos unilateralmente.
Ahora bien, en diciembre de 2021, la Contraloría finalmente abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra todos los contratistas de construcción, dotación e interventores de los 22 CDI. Sin embargo, aún no hay procesos penales o disciplinarios por el tema.
Como bien lo constató la Contraloría en su informe, “algunos CDI están abandonados, otros con muy poco avance en su construcción y otros nunca iniciaron”.
Aun así, el último contrato firmado, el de mayor cuantía, por 25.000 millones de pesos, ha tenido nueve prórrogas y es el único que se encuentra vigente. Gracias a la sospechosa generosidad del actual gobernador Blel que, conociendo el informe de la Contraloría, decidió concederle la última injustificable prórroga.
Mientras tanto, los niños siguen sin posibilidades, ni futuro. Y los mismos de siempre, eso sí, cada vez son más ricos.
Más vale que la Fiscalía le ponga la lupa a este caso. Durante tres gobernaciones del departamento de Bolívar se permitió, impunemente, que los contratistas consentidos se burlaran de los colombianos solicitando prórrogas mezquinas que les arrebataron a tantos bebés su derecho a crecer con un mínimo de dignidad. Si Colombia quiere ser una potencia mundial de la vida tenemos que comenzar por ver a estos sádicos lejos de los recursos públicos y en la cárcel.
