Después de muchas idas y venidas, anuncios y correcciones, el discurso gubernamental sobre lo que será la compra de tierras para hacer realidad la reforma agraria parece comenzar a tomar, al menos en el papel, forma y
consistencia.
En efecto, en entrevista con Yamid Amat (El Tiempo, octubre 16) la ministra Cecilia López dijo lo siguiente: “Hemos venido avanzando en precisar los datos. En este Gobierno creemos que haciendo un gran esfuerzo podemos estar comprando entre 400.000 y 500.000 hectáreas al año. Con los cálculos muy generales esto implica 30 billones de pesos. El punto aquí es cómo se haría y ahí es donde estamos discutiendo con Hacienda la creación de un patrimonio autónomo que es un mecanismo que necesita ley, pero que nos permite flexibilizar el uso de los recursos. Este sería el esquema, recursos de presupuesto, pero estamos explorando la posibilidad de otras fuentes…”.
De lo anterior se puede concluir lo siguiente: primero, que ya no serán 60 sino 30 billones de pesos lo que destinará este Gobierno a la compra de tierras; segundo, que ya no será con títulos de deuda –que el ministro Ocampo dijo que no se
podía– sino con un patrimonio autónomo que se constituirá gradualmente, con recursos del presupuesto en cabeza del Ministerio de Agricultura, destinado exclusivamente a la compra de tierras para entregar a campesinos “con tierra o tierra insuficiente”, como reza el punto número uno de los acuerdos de paz; y tercero, que la creación de dicho fondo requiere la expedición previa de una ley.
Hay que felicitar a la ministra López por su empeño en diseñar y explicar un esquema de reforma agraria, así hayan tenido marchas y contramarchas sus diseños iniciales. Es una empresa de gran aliento que ojalá llegue a buen puerto.
Como el mismo Gobierno lo ha dicho, una buena reforma agraria en el siglo XXI no se reduce a la entrega de meras tierras “peladas”. Deberá estar acompañada de un abanico importante y costoso de bienes públicos en la ruralidad que hagan productivas las tierras que se entreguen, y que van desde vías terciarias hasta obras de adecuación e irrigación. El punto número uno de los acuerdos de La Habana menciona diez planes complementarios a la simple entrega de los 3 millones de hectáreas y de la titulación de otros 7 millones. Objetivos que constituyen el almendrón de la reforma agraria prevista en los acuerdos de paz para ejecutar durante el periodo del posconflicto.
Esto significa que muy probablemente el fondo autónomo de que habla la ministra tendrá que superar los 30 billones de pesos que menciona, para poder atender la dotación de bienes públicos indispensables para que la reforma agraria tenga sentido en los tiempos modernos donde la entrega de tierras es apenas un insumo de los otros que se necesitan.
Ante el despelote que se ha revelado que rodea los bienes incautados al narco, sospecho que no serán gran cosa los bienes con vocación agraria que saldrán de la SAE para entregarlos a asociaciones campesinas en arriendo; que es otra de las patas que se había anunciado para ejecutar la reforma agraria.
En adición a la compra de tierras propiamente dicha, el otro gran componente que fortalecerán los propósitos agrarios será la entrega de baldíos que, según lo apunta con claridad una reciente sentencia de la Corte Constitucional, son bienes
imprescriptibles por disposición constitucional y que por tanto no pueden ser adquiridos por particulares mediante juicios de prescripción adquisitiva de dominio. Los baldíos solo pueden ser destinados para fines de reforma agraria. Ojalá el despacho de la ministra reciba pronto la copia de esta luminosa sentencia que proporciona una bocanada de oxígeno para complementar la entrega de tierras sin costo fiscal.
Afortunadamente el Gobierno ha hecho claridad en torno a un chocante malentendido que rodeó los anuncios iniciales, a saber, que los asociados a Fedegan no tendrán exclusividad como potenciales vendedores de 3 millones de hectáreas. Sino que esa opción está abierta –como es apenas natural– a cualquier colombiano, ganadero o no, que libremente quiera vender sus tierras al Gobierno para que este las destine a la reforma agraria.
Curioso caso el de esta asociación de ganaderos (Fedegan), que siempre se había manifestado acérrima enemiga de los acuerdos de paz y que ahora, por arte de birlibirloque, aparece como socio privilegiado del Gobierno en el programa de reforma agraria.
A propósito de la mecánica propiamente dicha de la compra de tierras surge una pregunta: se pagará el precio comercial de las mismas mediante actualización previa que se hará de sus valores catastrales, lo que está bien. Pero como es de
suponer que gran parte de las tierras que se le vendan al Estado están subvaloradas en las declaraciones de renta de los vendedores cabe preguntar:¿se cobrará impuesto de “ganancias ocasionales” sobre la diferencia entre el precio informado a la Dian por los vendedores y el de las transacciones comerciales con el Gobierno?
Este es apenas uno de los mil asuntos aún por precisar en el complejísimo mapa de la ejecución de la reforma agraria. Propósito preeminente para el país que ojalá salga airoso.
