En medio de tantas noticias oscuras y preocupantes sobre la campaña presidencial se dio la captura del senador Mario Castaño. Coimas, compra de votos, cuotas burocráticas, estafas, todo un concierto para delinquir tiene en la cárcel al político liberal caldense, uno de los senadores más votados de la nueva legislatura. Además, el consentido de César Gaviria, que, a pesar de su prontuario, insistió en no quitarle el aval. Pero Castaño no solo fue mimado por su partido, también fue un soldado del gobierno de Iván Duque. Y como nada en política es gratis, el gobierno se encargó de pagarle muy bien tanta fidelidad.
Acabar con la mermelada es la promesa incumplida más descarada del gobierno de Iván Duque. La vertiginosa acumulación de poder del senador Castaño en estos últimos cuatro años es prueba de ello. Y es que el gobierno no solo le entregó parte del programa Sacúdete, proyectos para construir infraestructura deportiva y contratos para el desarrollo de vías terciarias, también decidió entregarle la joya de la corona: la revolución de la energía solar colombiana.
En mi columna del 18 de mayo, conté cómo el Gobierno Nacional le habría entregado el control de Gensa (Caldas) a Tonny Jozame y de Dispac (Chocó) a Jorge Hernán Mesa, ambos aliados del senador Mario Castaño y los dos posesionados en 2020. También mencioné los contratos de energía solar entregados a dedo por Gensa, Dispac Y Corpovalle a la compañía HG Ingeniería –HG–, cuyo dueño, el vallecaucano Hernán Alberto García, es muy amigo del senador Carlos Abraham Jiménez. Sin embargo, la corrupción alrededor de la transición energética de Iván Duque y los famosos contratos de paneles solares es mucho más profunda que lo expuesto en mi columna anterior e involucra a toda una red de contratistas.
A través de Gensa se contrató directamente a HG en 6 contratos que suman 75 000 millones de pesos, mientras que Dispac celebró 15 contratos de energía y ampliación de la red eléctrica por un valor total de 476 000 millones de pesos, de los cuales le entregó a HG directamente 371 000 millones y el resto a su red de contratistas.
Los contratos suscritos entre Dispac y la red de contratistas que tienen como objeto la conexión de energía solar o ampliación de la red eléctrica, son financiados por el Gobierno Nacional a través de contratos y acuerdos suscritos entre Dispac y el Ministerio de Minas. En todo caso, todos constituyen recursos que deben invertirse en las zonas más vulnerables de Colombia.
De los 15 contratos revisados solo hubo un único oferente. Los tiempos de preparación de las propuestas fueron en promedio de 32 días calendario. Ambos factores resultan indicios serios de direccionamiento en la contratación, pues presentar una propuesta de, por ejemplo, 300 000 millones, sin conocer previamente los pliegos en un plazo de 30 días es un exabrupto. Los contratos fueron adjudicados en dos grandes rondas de contratación adelantadas, la primera, entre octubre y noviembre de 2020 y, la segunda, entre abril y junio de 2021.
Pero esto no es lo único alarmante. Todos los contratos presentan retrasos que van desde los 95 días hasta los 263 días. Curiosamente, todos los contratistas presentan las mismas razones para justificar los incumplimientos. Coincidencialmente, 7 de los 15 contratos fueron prorrogados hasta exactamente la misma fecha, el 16/07/2022.
A pesar de que se podría decir que la contratación de Dispac para la energización de zonas no interconectadas (ZNI) se entregó a una variedad de contratistas, lo cierto es que quedó en manos de una sola red de contratación que opera con personas y empresas de Caldas y del Valle del Cauca, en cuyo centro estaría HG (ver gráfica).
HG es una de las tres empresas del país a las que se les ha adjudicado el mayor número de contratos para la construcción de soluciones de energía solar durante el gobierno de Iván Duque. Uno de sus proyectos, El Sol Brilla para Unguía, ha sido usado por el Ministerio de Minas para mostrar el éxito de la conexión eléctrica sostenible. Sin embargo, detrás de este proyecto opera una verdadera red de contratación.
HG Ingeniería se asoció con Genercol, sociedad anónima creada en 2020, apenas unos meses antes de la adjudicación de este proyecto. Junto con Genercol también se creó, en 2020, Espun, una empresa privada de servicios públicos, que, en alianza con Genercol, se encargan de administrar el cobro del servicio de energía solar en Unguía a los nuevos usuarios. Cabe destacar que el consumo está en su mayoría subsidiado por el Estado, es decir, el riesgo para el administrador del servicio es muy bajo. Es un negocio redondo: construyen la planta y las redes y después administran el servicio.
Ahora bien, Dispac no solo le entregó desde finales de 2020, durante el periodo de Jorge Hernán Mesa, contratos directos a HG. También le entregó contratos a consorcios de los que HG hace parte y a sus socios en estos consorcios (José Darío Román, Deltec y Jimmy Gualteros) que a su vez son socios de otras compañías que están estrechamente relacionadas con Genercol, socia de HG.
José Darío Román, por ejemplo, suscribió uno de los contratos en asocio con Genercol y otro con Sispro. Sispro suscribe también contratos con A&A Ingeniería, que a su vez es socia en un proyecto en Corpovalle de Genercol. Todos con todos, o ¿serán los mismos?.
La red es compleja pero altamente dependiente e interconectada. Y digo dependiente porque, por ejemplo, para una empresa recién creada, como Genercol, no sería posible ganar ni ejecutar un contrato de una granja solar como la de Unguía sin contar con la experiencia de HG, ni tampoco podría aspirar a un contrato como el adjudicado por Corpovalle (pero esa es otra historia que contaré después) si no contara con la experiencia de una firma de más trayectoria como A&A Ingeniería.
Desde hace unos años, los mecanismos de corrupción para apropiarse del erario público se han ido sofisticando. La mermelada se reparte a los congresistas en una gran parte entregándoles el manejo de las sociedades de régimen especial, como lo son Dispac y Gensa, que no tienen la obligación de hacer licitaciones públicas.
Todos los contratistas de Dispac para la ejecución de soluciones energéticas tienen una fuerte relación comercial con HG y se han ganado en este gobierno alrededor de 500 000 millones de pesos, podría ser mucho más. La triste historia colombiana nos ha enseñado que nada es coincidencia, por eso el hecho de que Dispac esté manejada por un aliado del senador Mario Castaño, fiel soldado del gobierno de Iván Duque, y que el dueño de HG sea muy cercano al senador Carlos Abraham Jiménez, otro fiel soldado del gobierno, no puede ser una casualidad.
Más vale que la Corte Suprema de Justicia, que ha hecho un trabajo juicioso en el proceso en contra de Mario Castaño, investigue esta red de contratación. Lo único que tenía para mostrar el gobierno de Iván Duque parece estar contaminado; definitivamente, todo lo que ilumina también tiene su sombra.
