Cuando el discurso moralista -entendiendo que moralina no es lo mismo que moral- dicta la estrategia de lucha contra la corrupción de un país, el resultado termina en el mismo guion de frustraciones de siempre: se expiden draconianos estatutos anticorrupción, se criminaliza aún más el ejercicio político y se aumentan las penas; pero los casos de corrupción no cesan y cada vez parecen más graves. El escándalo de los Ocad Paz, es un ejemplo patente de la misma corrupción endémica que se repite cuatrienio tras cuatrienio.
Subir las penas y criminalizar prácticas políticas que son aceptadas en otros países siempre y cuando sean transparentes, no es más que hipocresía: una forma de purificar por fuera la copa y el plato, mientras por dentro el sistema político, y en buena medida el empresarial, siguen llenos de la podredumbre de prácticas bien establecidas, que, si bien son prohibidas, terminan siendo toleradas porque constituyen los pilares del funcionamiento de todo el sistema político.
Por eso es que para combatir la corrupción resulta mucho más eficaz develar ciertas prácticas que prohibirlas y castigarlas. Un ejemplo de una reforma que puede contribuir en ese propósito, es la instauración de la Oficina de Apoyo Técnico Presupuestal del Congreso. Su fin es dotar al legislativo de un órgano que le permita dotarse de capacidades técnicas para analizar la ejecución de las partidas del presupuesto general, como también para poder evaluar en detalle los artículos de una reforma tributaria. Con esta herramienta, un congresista de la oposición puede solicitarle a esta oficina que le entregue la ejecución a nivel Excel de todas y cada una de las partidas que ejecuta un gobierno, dentro de las cuales se encuentra, por supuesto, la llamada mermelada que se asigna a los congresistas. De igual modo, con este órgano, un parlamentario puede entender el alcance de las exenciones tributarias que siempre se cuelan en el trámite de las reformas y que muchas veces obedecen al filibusterismo tributario de algún sector económico. Enhorabuena, el presidente del Senado decidió poner en marcha esta ley que presentamos en 2017 con el apoyo de un grupo de congresistas y que logramos aprobar a pesar de la oposición del gobierno anterior.
Otra reforma que puede cambiar la historia de la lucha contra la corrupción endémica que se apoderó del país, es la sustitución de la Contraloría General por un Tribunal de Cuentas. Un órgano autónomo y sin origen político, conformado por magistrados con formación en auditoría y dotados de independencia institucional. Al tratarse de un Tribunal, se debe regir por un código fiscal preciso, lo cual evita la discrecionalidad y la selectividad en sus decisiones, que son puerta abierta a la corrupción. Esta reforma puede convertirse en una verdadera guillotina de corruptos, porque con auditorías independientes al gasto se establecen los hechos que pueden conducir a un proceso penal. Esta reforma constitucional la presentamos con varios Congresistas en más de cuatro ocasiones, pero lamentablemente no hubo interés ni apoyo para sacarla adelante. Me alegra de sobremanera, que el presidente del Senado, luego de este turbulento proceso de elección del Contralor, haya tomado la decisión de impulsarla.
Luchar contra la corrupción no se reduce a la sanción a posteriori de actos inescrupulosos, porque no estamos ante un problema de comportamientos individuales ni de manzanas podridas. Es un problema sistémico, que se debate entre un deber ser legal y moral muy elevado y unas prácticas terrenales contrarias, pero hipócritamente toleradas siempre y cuando se desarrollen en la opacidad.
Para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas, necesitamos más transparencia y menos prohibiciones. De lo contrario, la lucha contra la corrupción nunca será eficaz y seguirá reducida al mismo espectáculo de comidilla mediática e inquisición de siempre, que consiste en quemar a chivos expiatorios de un sistema que no puede colapsar y que necesita de su sangre para purificar los pecados de los demás.
